Cadivi ya regula trabajo de las ONG

Por Venezuela Real - 15 de Junio, 2006, 16:11, Categoría: Política Nacional

El Nacional -

Domingo 11 de Junio de 2006

Deborah Van Berkel, directora ejecutiva del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) considera que el Gobierno no necesita una ley para saber de dónde proviene el dinero donado a las asociaciones civiles. "No se trata de que las organizaciones no gubernamentales críticas establezcan una posición de oposición a ultranza. Hay que tener la suficiente independencia para apoyar las iniciativas que estén en concordancia con cierto espíritu de participación y criticar aquellas decisiones que no son tan beneficiosas para los ciudadanos", agrega Alfredo Meza.


El proyecto se suma a otros instrumentos que ya controlan nuestro trabajo, afirma Van Berkel. Deborah Van Berkel lleva 26 años ligada al mundo de la participación ciudadana. Es vicepresidenta de Sinergia y directora ejecutiva del grupo social Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), así que está bien enterada del último dolor de cabeza de las organizaciones no gubernamentales venezolanas: la discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de coordinación internacional.

Como todo lo que ocurre en Venezuela desde hace algunos años, la versión preliminar tiene acérrimos detractores y apasionados defensores. Las organizaciones no gubernamentales se han reunido varias veces para analizar cada oración de la propuesta y han concluido que el Estado tendrá demasiada discrecionalidad para decidir su suerte.

El punto que más les preocupa tiene que ver con los aportes que reciben del extranjero, los cuales, de ser aprobado el proyecto, serán controlados por el Estado. ¿Quién garantiza que este mecanismo no se use para asfixiar a las asociaciones civiles críticas con el desempeño del Gobierno?


Algunos diputados como Saúl Ortega han tratado de minimizar el impacto que ha generado el contenido del proyecto argumentando que el Estado sólo pretende saber quién es quién para reconocerlas. Van Berkel ha puesto en la balanza todas y cada una de las consideraciones, y se ha formado una opinión que rescata los errores y las virtudes de la propuesta elaborada por la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Un sólido ejercicio de ponderación que poco se ve en estos días de diálogo de sordos y posiciones radicales.

- El proyecto de ley de cooperación internacional tiene dos problemas de fondo. Uno es la concepción de la ley desde una visión de control y la sospecha como base fundamental para normar. Se parte del hecho de que las organizaciones no gubernamentales no están funcionando como deberían y manejan asuntos oscuros. Es por ello que, en el proyecto, el Estado debe vigilarlas para conjurar cualquier peligro. El segundo problema de fondo es que la libertad de asociación pudiera verse afectada.

Es posible que los requisitos establecidos para que una organización pueda funcionar contradiga el espíritu de
la Constitución.

- Venezuela
es un país en el que el acceso a la información sobre el Estado y sus dependencias es muy limitado o inexistente ¿No es una buena noticia la propuesta de sistematizar la información sobre las organizaciones no gubernamentales para que el público conozca a qué intereses responden cuando participan en el debate público?
- No necesitamos una ley porque ya estamos regulados. El Gobierno ha establecido varios mecanismos para controlar nuestro trabajo. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales deben declarar ante Cadivi cada dólar que reciben para financiar sus actividades, de tal manera que el Gobierno conoce de dónde viene el dinero que recibimos. Por otra parte, las mismas organizaciones, o al menos aquellas que trabajan desde hace varios años, rinden cuenta mediante informes de gestión y auditorías externas, que pueden ser revisadas por cualquier organismo público que lo solicite o entidad del Estado.

Hay, en fin, distintas formas de regular nuestro trabajo.


Adecuarse a los nuevos postulados -¿Hay algo rescatable del proyecto de ley?


- La ley tiene dos partes fundamentales.
Con una de ellas, referida a la cooperación internacional del Estado, no tenemos mayores problemas. Hay una ley muy vieja que no está adaptada a la nueva Constitución en la que el país aparece como un receptor de donaciones. El nuevo instrumento de ley permite normar la gestión del Estado desde una visión no sólo de receptor de cooperación, sino como país que dona recursos. Creemos que es una norma que el Parlamento debe adecuar a los postulados de la nueva Carta Magna. Ahora, ¿por qué se introduce una nueva regulación para organizaciones como las nuestras?


- ¿Y tiene alguna respuesta?
- Esperamos que los contactos que se puedan establecer con la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en los próximos días puedan ser fructíferos.

Un grupo de organizaciones solicitó información acerca de lo que está siendo aprobado en el Parlamento, pero también solicitamos un espacio para conversar con estos actores políticos para saber por dónde van las propuestas y actuar en consecuencia.

Hay varios aspectos que preocupan.

El primero es la inexistencia de un reglamento sobre el derecho de asociación; el segundo, la falta de información sobre el funcionamiento del fondo de cooperación especificado en el proyecto. Pudiera darse el caso de que, como todos los recursos provenientes de la cooperación internacional serán depositados en un fondo y las organizaciones no podrán tener acceso directo al dinero, como ahora, el Estado maneje a discreción de las asignaciones.

No es el primero


Hay toda una discusión sobre el término soberanía nacional y la participación popular. Este último argumento es utilizado por Deborah Van Berkel para señalar una contradicción: mientras la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los voceros oficiales hablan de la transformación del ciudadano venezolano en un sujeto participativo y protagónico, el proyecto de ley restringe la participación.

- No es el primer instrumento legal que establece restricciones en el trabajo de las organizaciones.

Está la reforma del Código Penal y otros elementos que se están planteando para evitar la ingerencia de otros Estados en las actividades del país por vía de las organizaciones no gubernamentales.

Pero nosotros no nacimos hace dos días. Cesap tiene 32 años de trabajo. Nuestra postura siempre ha sido crítica, pero cooperamos con el Estado en la medida que se compartan esfuerzos para buscar el bienestar colectivo de las comunidades.

No se trata de que las organizaciones no gubernamentales críticas establezcan una posición de oposición a ultranza. Hay que tener la suficiente independencia para apoyar las iniciativas que estén en concordancia con cierto espíritu de participación y criticar aquellas decisiones que no son tan beneficiosas para los ciudadanos.

- ¿Cómo se puede regular a las organizaciones no gubernamentales sin afectar su independencia?
- Se pueden crear mecanismos de concertación con las mismas organizaciones porque en este mundo nos conocemos.
La idea es potenciar la autorregulación de las organizaciones.
Nosotros nos exigimos en nuestras redes, tenemos un sistema de control interno muy sano.
Somos organizaciones con una actividad pública reconocida, con proyectos cuya procedencia y financiamiento está bien definido.
El registro de organizaciones no puede ser visto como algo negativo. Lo que sucede es que en el país hay una preocupación por el uso que se le da a ese tipo de instrumentos.


- Si finalmente llega a aprobarse el proyecto tal como está, ¿cuál será el panorama de las organizaciones no gubernamentales? ¿Cuáles son los temores?
- Esperamos que se apruebe una ley cercana al espíritu de lo que desea el sector. En todo caso, trataremos de cumplirla a cabalidad sin renunciar al espíritu crítico, pero también exigiremos que la ley responda a los principios y los derechos que están consagrados en
la Constitución.
Sob
re ese aspecto no tenemos ningún tipo de duda. En otros países como Colombia se ha intentado regular a las asociaciones civiles, pero la presión de la opinión pública lo ha impedido.

Hay el riesgo de que se apruebe una reglamentación que no esté en la vía de la ley, sino que establezca mecanismos no tan transparentes para que las organizaciones lo cumplan, o que se conviertan en determinado momento en instrumentos políticos para que se aplique de forma discrecional en detrimento de los derechos de algunas organizaciones por su posición política. Nosotros creemos que hay que respetar la diversidad de posturas. Debemos lograr que haya transparencia en la actuación de las organizaciones y un respeto a la propia misión que se establezca.

- Si Cesap no recibe los fondos directamente como ocurre ahora, ¿existe el riesgo de que desaparezca?
- No. Creo que las organizaciones tendrán que adaptarse y restringirse.


Una ristra de proyectos y reconocimientos


Algunos de los proyectos más significativos que ha desarrollado el Cesap están descritos en la página web de la organización (www.cesap.org.ve
). Entre ellos se encuentran: la unidad fluvial para la atención integral de la salud de las comunidades indígenas en Amazonas; mejoramiento de casaberas familiares en Cúpira, estado Miranda; apoyo a familias campesinas propietarias de unidades productoras de cerdo en Carabobo y el mejoramiento de la red ambulatoria de las comunidades rurales en los municipios de los estados Lara y Zulia.

El Cesap ha recibido varias distinciones en los últimos 32 años: premio de alfabetización de la UNESCO en 1991, el Premio Nacional de Hábitat en 1999, Orden al Mérito Inmobiliario en 1999 y la mención Gestión Comunitaria y Desarrollo de Comunidades.

"Esperamos que los contactos que se puedan establecer con la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en los próximos días puedan ser fructíferos.

Un grupo de organizaciones solicitó información acerca de lo que está siendo aprobado en el Parlamento"





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