Iresponsabilidad Bolivariana

Por Venezuela Real - 31 de Agosto, 2006, 10:53, Categoría: Política Nacional

Víctor Rodríguez Cedeño
El Nacional - A/7
31 de Agosto de 2006

El Presidente no tiene tiempo de visitar el país y percatarse del desastre y la miseria que ha provocado su nefasta gestión durante estos largos años. En cambio, el tiempo parece sobrarle para emprender otras giras y visitar nuevamente China, Malasia, Siria, entre otros países, con la escala forzada en La Habana para visitar a su mentor y comprobar su estado de salud y el de la dictadura impuesta en la isla, en 1959.

Este movimiento permanente hacia fuera corresponde a la estrategia a la que el régimen ha recurrido desde sus inicios: captar apoyo afuera, para fortalecerse adentro. Una estrategia que si bien pudo haber dado algunos dividendos hoy se presenta agotada. La debilidad interna y el deterioro creciente de la denominada revolución bolivariana lo obligan a buscar oxígeno en escenarios internacionales. El costo no importa. El régimen continúa considerando que esos apoyos de afuera le blindan adentro, lo que le facilitaría cualquier acción para perpetuarse en el poder. Craso error.

De allí la irresponsable "hemorragia contractual" que compromete los intereses de la nación y el futuro de los venezolanos, una oportunidad única –la blandura del régimen– que gobiernos extranjeros aprovechan sin mayores escrúpulos.

El nuevo gobierno deberá reconsiderar, con el mayor detenimiento, los compromisos internacionales asumidos irresponsablemente por el gobierno bolivariano. Será una labor compleja y delicada, política y jurídicamente, pero absolutamente necesaria. Los gobiernos extranjeros deben ser conscientes de que tal posibilidad existe y que en algún momento se podría plantear esta revisión.

La ignorancia y la arrogancia bolivariana, razón de su desprestigio y de su fracaso adentro y afuera, los lleva a confundir, por una parte, los contratos internacionales, suscritos entre el Estado y empresas extranjeras; y, por la otra, los tratados y acuerdos internacionales, suscritos entre sujetos de derecho internacional. Los primeros, en general, están sometidos al derecho interno, mientras que los segundos son regulados por el derecho internacional público. Una diferencia importante quizás no muy fácil de comprender por los diplomáticos y expertos bolivarianos.

Una revisión a fondo se impone. Contratos comerciales, con motivación política, perjudiciales para Venezuela y los intereses de los venezolanos, deben ser examinados cuidadosamente y con la mayor seriedad. Al lado de los contratos internacionales de todo tipo que han suscrito las distintas dependencias del Estado, el nuevo gobierno tendrá que examinar y revisar el sin numero de acuerdos y tratados suscritos durante estos años, instrumentos mediante los cuales el régimen bolivariano ha comprometido al Estado de manera irresponsable, en muchos casos, sin reciprocidad, con obligaciones unilaterales totalmente inconvenientes.

Los tratados o acuerdos internacionales, términos sinónimos, según la doctrina y la jurisprudencia internacional, deben ser respetados de buena fe. El principio pacta sunt servanda que regula la materia es de obligatorio cumplimiento. Pero, el Estado puede también deshacerse de los compromisos internacionales asumidos de manera irregular, en determinadas condiciones, sin que ello signifique la violación del referido principio ni del derecho internacional. El Estado está obligado a cumplir los tratados de los cuales es parte; sin embargo, sus efectos pueden ser suspendidos o terminados en determinadas circunstancias; además, las partes pueden invocar su nulidad o denunciarlos unilateralmente, siempre de conformidad con el derecho internacional.

No se trata de estimular o propiciar el incumplimiento de los compromisos internacionales de la República, sino de aclararlos y ubicarlos en su justa dimensión, en relaciones equitativas, mutuamente beneficiosas.

El gobierno bolivariano ha contraído numerosos compromisos internacionales, muchos mediante la conclusión de acuerdos internacionales, algunos sin respetar la forma y las exigencias que impone el orden jurídico interno, especialmente la normativa constitucional, lo que puede plantear dificultades al momento de determinar su validez; aunque, es cierto, el Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta irregularidad, manifiesta en muchos casos, fortalecerá la posición del nuevo gobierno para revisar los compromisos internacionales del Estado, asumidos por un régimen que, como bien se sabe, aquí y allá, se ha caracterizado por la arbitrariedad, tanto en sus relaciones con los ciudadanos, en el orden interno, como en sus relaciones internacionales.

Desde el punto de vista político es delicado plantear la nulidad de un tratado o denunciarlo, pero ello es posible de acuerdo con el derecho internacional, aunque no deja de ser un procedimiento complejo que se inserta también en la acción diplomática del Estado.

Los tratados pueden ser declarados nulos si se constatan vicios en el consentimiento, es decir, si el representante del Estado fue engañado, si hubo corrupción o coacción sobre el Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. También, cuando el objeto del tratado contradice una norma imperativa de derecho internacional o del jus cogens. Todo ello es posible en la prác tica venezolana de los últimos años.

Una parte en el tratado puede también denunciarlo aunque ello no esté previsto en el mismo tratado, siempre también cuando se dan ciertas condiciones. Las causas o las razones para denunciar un tratado pueden ser muchas, entre estas las relacionadas con la forma, los motivos y con las circunstancias en las que se contrajeron los compromisos que, en el caso venezolano, resultan patéticos.

Es una acción difícil, pero necesaria. No se trata de eludir las obligaciones internacionales, sino de sincerarlas. El nuevo gobierno debe mostrar a la comunidad internacional su apego al derecho internacional, pero a la vez su interés por mantener relaciones internacionales apropiadas, mutuamente beneficiosas, basadas en la solidaridad y en la cooperación desinteresadas, así como en el respeto mutuo. Sólo así se generará la necesaria confianza para recuperar la imagen y la posición digna que siempre tuvo Venezuela en el ámbito internacional.

Es claro, entonces, que el Estado, sin comprometer su responsabilidad puede revisar sus compromisos internacionales, cuando estos se han asumido de manera arbitraria e inconsulta por el Gobierno. La diplomacia venezolana, experimentada y respetada hasta hace poco, sabrá asumir ese reto sin crear traumas en sus relaciones con otros Estados. Desde ahora deben considerarse todas las medidas necesarias para acciones de esta naturaleza.





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