El fracaso de la gestión de seguridad

Por Venezuela Real - 30 de Septiembre, 2006, 10:15, Categoría: Seguridad/Inseguridad

Marcos Tarre Briceño
El Nacional
25 de Septiembre de 2006

      La semana pasada señalamos las cifras de criminalidad para el periodo 1999-2006 y como se evidencia un terrible y dramático fracaso en materia de seguridad pública por parte del presidente Hugo Chávez; y cómo Venezuela, que por mucho tiempo ocupó un sitio relativamente envidiable en el continente suramericano en esa materia, en estos últimos años hemos empeorado y hoy en día somos, lamentablemente, el país con peores índices delictivos, incluso por encima de Colombia.

      Veníamos arrastrando viejos males, que si bien, mantenían la inseguridad dentro de cierta estabilidad, no permitían mejoras. Esto no sólo se ha mantenido, sino que muchas veces se ha agravado durante la larga administración del presidente Chávez. El Estado venezolano no ha demostrado realmente voluntad en enfrentar el problema y esta desidia, ineficiencia o irresponsabilidad se agravó, y hoy en día, algunos incluso piensan que obedece a un maquiavélico plan para mantener en vilo y tensión permanente a la gente, aumentar el caos y terminar de destruir al “sistema”. La lucha internacional contra el terrorismo global ha dado pie a medidas que cercenan las libertades personales.

 En Venezuela, según ésta hipótesis, la lucha contra una delincuencia que se ha permitido, y hasta promovido desbordarse, sería la perversa excusa para dar otro paso hacia un régimen policial y eminentemente represivo, al mejor estilo cubano… Pero, al margen de las especulaciones, veamos algunas inobjetables realidades:

- Las asignaciones presupuestarias han sido insuficientes. Venezuela destina entre un 3 ó 4 % del presupuesto nacional a la seguridad; cuando los estándares internacionales están entre un 7 y 10%,

- Seguimos padeciendo de la ausencia de definición de políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana.

- Falta de coordinación policial y de establecer prioridades y responsabilidades.

- En lugar de profesionalizar el sistema policial, se ha incrementado como nunca antes la politización y militarización de los cuerpos policiales.

Pero además del incremento de estos males ya “tradicionales”, hemos visto en los últimos siete años la incorporación de factores nuevos que también contribuyen de manera profunda y sistemática al incremento de la criminalidad:

- Los indispensable controles institucionales que requieren los cuerpos policiales, aún en los países más democráticos del mundo y con mayor “cultura policial” que la nuestra, es decir, la fiscalía general, la defensoría del pueblo, la contraloría, la asamblea nacional, se han venido diluyendo o perdiendo, o actuando sólo en algunos casos y de forma no imparcial, lo que se ha traducido en deterioro, corrupción e ineficiencia policial. Resultado: Estamos viviendo la peor crisis policial que ha conocido la historia reciente de Venezuela.

- En ausencia de estos controles, las denuncias, investigaciones, casos o estudios que publican los medios de comunicación son calificados bajo el término o intención vaga de crear una “matriz de opinión”. Las estadísticas oficiales son inaccesibles, férreamente controladas y algunas veces manipuladas; poniendo una herramienta indispensable para el análisis, la programación, evaluación, proyecciones, tendencias, etc… fuera del alcance de los investigadores, criminólogos, del ciudadano interesado y de las mismas policías,

- Se ha cercenado la autonomía institucional y profesional que requieren los cuerpos policiales para actuar. Los jefes policiales son designados, no por su formación, trayectoria o experiencia profesional, sino únicamente por su lealtad política. Muchos funcionarios de carrera se han visto forzados a renunciar o anticipar su jubilación por haberse manifestado contrarios al régimen, haber firmado en el referéndum revocatorio o por discrepar de los nuevos métodos imperantes. Han sido reemplazados por gente sin experiencia, que no ha pasado por procesos de selección adecuados.

- Desde el más alto nivel del Ejecutivo se ejerce y promueve un permanente lenguaje agresivo, insultante y promotor de violencia. El equipo de gobierno de Chávez, cuando no trata de emular y superar la violencia verbal del “comandante”, trata de suavizarlo argumentando que el presidente “es así”, que es su peculiar “estilo”, que “no hay que hacer caso a lo que dice sino a lo que hace.” En estos días, molestos por un comentario del Papa Benedicto XVI sobre el Islam, algunos ayatolas llamaron a la guerra santa y muerte a los infieles. Al día siguiente una monja fue asesinada a tiros en Etiopía…. Si bien todavía no hemos debidamente estudiado ni dimensionado realmente como el lenguaje agresivo y violento del presidente y de sus seguidores han incidido directamente sobre el incremento de la criminalidad, sin duda podemos afirmar, por lo menos, que no ayuda para nada en el clima de violencia desbordada que padecemos; y que compromete, a través de sus altos representantes, la misma majestad del Estado, con efectos cascada sobre el respeto a las instituciones, la gobernabilidad, ejemplo, etc…

- Los esfuerzos de los cuerpos policiales, por lo general, son más represivos, mientras que la prevención es prácticamente inexistente.

- Ha imperado la impunidad dentro del sistema policial, tanto en pequeñas “ilegalidades”, por todos asumidas, como en casos cada vez mas graves de ejecuciones extrajudiciales, secuestro, sicariato o extorsión.

La posición de “neutralidad” frente al conflicto colombiano, proclamada por el presidente Chávez el año 2000, y la “simpatía” del gobierno hacia grupos subversivos o de narcoguerrilla, calificados como “terroristas” por la Unión Europea, ha traído como consecuencia.

- Migración de narcoguerrilla, paramilitares y delincuencia común colombiana hacia Venezuela.

- Aparición de grupos guerrilleros y criminales locales, que manifiestan ser de “apoyo” al proceso revolucionario y gozan de sorprendente impunidad.

- Alianzas entre criminales venezolanos y colombianos.

- Aumento desmesurado del delito de secuestro.

- Aparición e instauración en nuestro territorio del delito de vicariato.

- Aumento importante del narcotráfico y consumo de drogas en el país; con todas sus secuelas deteriorantes.

En conclusión, tenemos un gobierno que no tiene voluntad o capacidad para enfrentar el problema de la inseguridad, que promueve el odio y desintegración social y que, puesto entre la espada y al pared en estos meses electorales, cuando la inseguridad a todos angustia y la gestión del Ejecutivo en ésta materia genera rechazo general, volcará sus repuestas hacia la promesa de una Policía Nacional, que tardará unos dos o tres años en instrumentarse y comenzar a funcionar. El “modelo policial” promovido por el ministro Jesse Chacón llega con siete años de atraso y sólo aborda parte del problema de la inseguridad. El esfuerzo realizado por los integrantes de las Comisión de Reforma, con la rumoreada salida de Chacón de la cartera, será engavetado o irá al cesto de la basura. Esto sería una demostración más de un presidente que no asume la responsabilidad del problema de la seguridad, que evade y no le interesa el tema y que, las escasas veces en que lo menciona, lo hace sólo para salir en defensa de sus amigos o seguidores. El mensaje es muy claro: el presidente, entiéndase el Gobierno, el Estado, sólo protege a los “suyos”, a sus fieles y adeptos partidarios, el resto de los venezolanos, los que no le siguen, que se pudran o se vayan a la morgue.





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