Masacres bolivarianas

Por Venezuela Real - 2 de Octubre, 2006, 16:41, Categoría: Política Nacional

TULIO HERNÁNDEZ
El Nacional
01 de Octubre de 2006

Lo que acaba de ocurrir en la mina Papelón, de los Picachos, municipio Raúl Leoni del estado Bolívar, el asesinato de seis mineros ametrallados a mansalva por miembro de las fuerzas armadas del Estado venezolano, no es un hecho aislado, un accidente, o una excepción.

La aterradora operación --que, según los dolorosos relatos que llegan de La Paragua, la población donde vivían las víctimas, parece haber sido realizada con absoluta sangre fría-se suma a una cadena de masacres más o menos similares ejecutadas por miembros activos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Este nuevo hecho sucede cuando aún no terminábamos de recuperarnos del impacto del asesinato de siete personas --tres hombres, dos mujeres y dos niños-ocurrida el pasado 20 de junio, presuntamente por un soldado de veinte años, en el sector Los Pájaros, kilómetro 23 de la carretera La Victoria, municipio Páez del estado Apure.

Más o menos un año antes el país había vivido una conmoción similar. El 28 de junio de 2005, los medios venezolanos nos despertaron narrando los hechos del incidente conocido como "La masacre del barrio Kennedy", en el que perdieron la vida tres jóvenes estudiantes de la Universidad Santa María, luego de ser perseguidos por una comisión policial, puestos de rodillas y abaleados en sus cabezas por funcionarios de la DIM, el Cicpc y la Guardia Nacional.

Si a estos hechos se le agregan los diversos casos de soldados que han muerto incinerados o abaleados por superiores en los cuarteles y las graves denuncias contra los abusos y asesinatos de las policías estadales de Guárico, Táchira y Falcón, podemos decir, sin correr riesgo alguno de exagerar, que estamos, estadísticamente hablando, frente a una tendencia que durante el gobierno del presente no sólo no se ha logrado revertir sino que, por el contrario, tiende exponencialmente a crecer.


2¿Qué tienen en común todos estos hechos? ¿De qué condicio nes éticas, institucionales y culturales nos hablan? Y, en medio de la opacidad en la que ocurren y son tratados oficialmente ¿qué revelan de nuestro país y sus instituciones estos infaustos sucesos?

En primer lugar, los crímenes tienen en común que fueron ejecutados por funcionarios militares o policiales en ejercicio de sus actividades reglamentarias, en contra de ciudadanos civiles desarmados y absolutamente indefensos y, además, el de obviamente responder a decisiones de jerarcas que, una vez cometido el delito, no son involucrados en las investigaciones.

En segundo lugar, los hechos nos hablan de un proceso de descomposición cada vez más grande de la sociedad venezolana, del obvio incremento de una industria del delito que tiene una de sus mejores factorías tanto en la institución castrense como en las policías, y del gusto por la ilegalidad y la justicia tomada por mano propia cultivada por funcionarios bajos, medios y altos de nuestras fuerzas de seguridad.

Y, en tercer lugar, la cadena de masacres revela que el país está secuestrado por la violencia, la inseguridad y el delito, mientras su gobierno se encuentra distraído con temas "trascendentes" como la denuncia del maltrato en el aeropuerto de Miami al canciller Maduro, la colocación de la octava estrella en la bandera nacional, el cambio de la fecha de fundación de Caracas, o la inútil, por no decir ridícula, confrontación con Estados Unidos y su presidente.

Nadie está salvo entre nosotros. Ni los campesinos de Apure, que mueren maniatados e incinerados por miembros del Ejército; ni los estudiantes de Caracas, que una noche cualquiera son tomados como víctimas por una comisión policial a la que se le ha exigido que venguen, no importa cómo, el asesinato de un colega ocurrido unas noches atrás; ni los mineros de Guayana que reciben una sorpresiva visita de sangre y fuego, seguramente porque se negaron a pagar la "vacuna" que cobran las fuerzas oficiales por dejarlos operar.

3. Lo curioso, o más bien lo trágico, del asunto es que cada vez que uno de estos hechos ocurre los organismos responsables y los altos funcionarios del Gobierno central tienden de inmediato a crear una valla de humo destinada a minimizarlos y a liberar de responsabilidad a los culpables.

Es cierto que en el caso Kennedy, para nuestro alivio, igual como ocurrió con la masacre de El Amparo, se ha hecho justicia; sin embargo, la prensa venezolana ha reseñado de manera contundente cómo días después de la masacre miembros del Cicpc intentaron sembrar armas en la casa de una de las víctimas para demostrar que no fue un cobarde asesinato de unos indefensos estudiantes sino un enfrentamiento con peligrosos delincuentes.

También ha quedado claro que en la masacre de Apure participaron más personas que el único involucrado que se quiso mostrar en los primeros días. Y ante la de La Paragua, la primera reacción -absolutamente irresponsable e indigna con las víctimas-del ministro de Defensa, Raúl Baduel, fue la de asegurar que los mineros le dispararon a la comisión que arribó al sitio. Más tarde, con la lamentable ayuda de funcionarios que estimo como de los más respetables del régimen, se ha comenzado a satanizar la fácilmente satanizable figura de los mineros, como si eso fuera suficiente para justifica un crimen definitivamente injustificable. El alcalde del municipio Raúl Leoni ha sido contundente: "Tanto hermetismo en torno a los culpables podría dar a entender que nadie se hará cargo por los hechos". Todos sabemos de qué se trata. De dinero, de negocios turbios y feos que no ocurren sólo en las zonas turbulentas de minas y fronteras. Recientes estudios que seguramente pronto se conocerán muestran cómo detrás de buena parte de los negocios de buhonería que destrozan el espacio público caraqueño están las figuras de altos oficiales de la Guardia Nacional y de las policías de Caracas. Cuando se empiece a investigar seguramente vendrán nuevas matanzas.

La mal llamada cuarta república tiene su larga historia de abusos policiales y masacres. Allí están, como una muestra, Yumare, Cantaura y El Amparo. En apenas ocho años, la también mal llamada quinta república ya tiene su prontuario --Kenneddy, La Victoria, puente Llaguno, La Paragua-que compite y comienza a superar el de la anterior. La historia de las masacres bolivarianas ha dicho basta y ha echado a andar.





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