Asdrúbal Aguiar

Por Venezuela Real - 3 de Octubre, 2006, 14:17, Categoría: Electorales

Asdrúbal Aguiar
El Universal
03 de Octubre de 2006

Han transcurrido cuatro lustros, algo más o algo menos desde cuando ocurriera la masacre de El Amparo en tiempos del presidente Jaime Lusinchi. Entonces eran pescadores las víctimas del llamado "error", de la suerte de atropello que naciera de la inhumana desproporción, del desbordamiento criminal que se cocinara en los fogones de quienes por poseer el control de las armas para la defensa del Estado y de nuestra sociedad creyeron que el destino de todo y de todos pendía de sus manos, de sus voluntades arbitrarias y sin límites.

Con el pasar de los años, entre avances y retrocesos, al final de las cuentas la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pudo sino homologar la responsabilidad internacional aceptada por el Estado venezolano, dado el crimen consumado. Lo ejecutaron miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de policía deshonrando la tradición civilizada de nuestra República civil. No les valió a estos funcionarios decirse escudados tras el argumento del deber que les compelía: sostener el orden interno y reprimir a la guerrilla que a diario traspasaba las fronteras impunemente, venida desde Colombia para hacernos objeto de sus desafueros revolucionarios y delincuenciales.

El presidente de la República Bolivariana alguna vez censuró tal hecho, aun mediando su condición de soldado y sin mengua de sus antecedentes como golpista y camorrero de oficio.

Admitió lo injustificable del mismo para deslindar las aguas de la historia y compartió el reconocimiento que hiciera el Estado venezolano de sus deberes de reparación para con las víctimas sobrevivientes y los familiares de aquellas otras que hincaron en el sitio, con sus espaldas cosidas por las balas de la perfidia.

Pero como nadie puede argüir que no beberá de la misma agua, de nuevo se repite la tragedia pero en un ambiente distinto que interpela gravemente. El país se encuentra sumido en el relajamiento social y de sus lazos de solidaridad, medra anegado por los miles de muertos que nos dispensa tal circunstancia y preso, por si fuese poco, del abuso oficial, de la preminencia de un poder castrense que deambula al margen de los equilibrios institucionales y sin la contención del Estado de Derecho.

Se habla ahora de ajusticiamientos de mineros en la mina El Papelón de Turumbán, sita en el municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar, gobernado por un militar.

El Presidente, otra vez admite la desmesura en el uso de la fuerza por sus ex compañeros de armas. Pero los hechos allí están. Reeditan el espíritu trágico y fatal de El Amparo, como de otras operaciones no menos graves ocurridas a manos de la fuerza pública que esta vez dirige. Todas a una, las acciones dichas muestran que nada ha cambiado y que el ambiente es todavía más opresivo, solo aderezado por los mea culpa. La lección no debería hacerse esperar.

En cuanto a lo gestionario, corresponderá a cada elector decidir al respecto. De esa iniciativa solo él y nadie más será responsable, tanto como lo es el ahora candidato Presidente, quien ha reconocido su fracaso en materia de seguridad -función primaria de todo Gobierno- defraudando así la confianza de quienes fueran sus electores.

Mas, en lo atinente a lo institucional y al discernimiento necesario por la opinión publica sobre la naturaleza del régimen de Gobierno que nos acompaña y para el escrutinio que corresponde, cabe tener presente lo dicho y repetido hasta la saciedad por la misma Corte de San José de Costa Rica, firme y contundente que fuera al juzgar a nuestro país por el viejo motivo indicado y más luego, en lo inmediato, por los sucesos de El Caracazo y los ajusticiamientos habidos durante el deslave de Vargas.

El expediente de la Venezuela Bolivariana crece y crece en lo internacional, a fuerza de desprestigio. Pero sus culpables se solazan mirando la paja en el ojo ajeno.

En una democracia la legitimidad de los medios es tan fundamental como la legitimidad de los fines y de su justicia. Un fin por muy legítimo o loable que sea no legitima la ilegalidad de los medios a través de los que se alcanza. Creer y sostener que la titularidad del poder público y su desempeño por mandato de la soberanía implica una patente de corso para el abuso criminal contra los ciudadanos, por importantes que sean los objetivos de redención social o de sostenimiento del orden y la seguridad pública planteados, marca el lindero exacto para valorar el carácter democrático y la ética de todo gobierno o su desplazamiento fatal hacia los predios del autoritarismo.

¡Ya veremos!





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