Alcances de una posible elección de la Venezuela Bolivariana al Consejo de Seguridad de las Nacion

Por Venezuela Real - 4 de Octubre, 2006, 16:05, Categoría: Política Internacional


Diego Arria, quién fuera Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en el período en que al país le correspondió ocupar un asiento no permanente por la región latinoamericana, y presidir -habida cuenta de la rotación habitual - el Consejo en una de los períodos más significativos de la post guerra fría, cuando se debatían en el Consejo asuntos como la crisis de Los Balcanes, y quién además dejó su huella al hacerse una práctica en el seno de este órgano la llamada Fórmula Arria, nos ofrece un excelente análisis de lo que Venezuela deberá afrontar de obtener el asiento en el Consejo, y sus implicaciones tanto para Venezuela como para la Organización misma.

Diego Arria
Analítica.com
30 de Septiembre de 2006

La sociedad internacional, después de un periodo de significativos progresos en la década de los "90, presencia a inicios del nuevo milenio cómo las tendencias contrarias al concepto y práctica de la democracia representativa se fortalecen y pretenden imponerse de nuevo.

Las revoluciones democráticas en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este, que marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea, pusieron fin al mito de las "democracias socialistas" para dejar al desnudo en numerosos países procesos políticos que no han sido ni son más que vulgares y descaradas autocracias. Viejos argumentos han surgido para justificarlas y denominarlas, entre otros los religiosos, los nacionalistas, e incluso, los míticos - como aquéllos que en Venezuela invocan la figura de Simón Bolívar - para disimular ambiciones de poder que no están dispuestas a someterse a escrutinio alguno.

En esencia, la vida internacional vuelve a estar condicionada por la ya larga oposición entre aquéllos países que dan preeminencia a los derechos del individuo para normar la vida social y aquéllos que por sobre el individuo conciben como obligante y prioritario el colectivo social, apelan a la lucha de "clases", y ofrecen la dictadura del "revolucionario" por sobre sus conciudadanos como modelo. Afortunadamente, para quienes entienden de esta última manera el destino de sus países, la evolución de la sociedad internacional les es contraria. En efecto, la trágica experiencia de la segunda mitad del siglo XX dejó numerosos legados en el derecho y en las instituciones internacionales, concebidos para evitar que los dramas asociados al totalitarismo se repitan.(1)

En respuesta, todas las instituciones y normas que le han dado preeminencia y valoración a los derechos individuales se han convertido en obstáculos para los polifacéticos enemigos de la libertad, y no puede menos que presumirse, a la luz, entre otros, de los desarrollos contemporáneos en materia de terrorismo, que éstos han decidido hostigarlas y sabotearlas.
Presumir la existencia de una conspiración organizada quizás sea excesivo. Se trata más bien de un cúmulo de esfuerzos sistemáticos y reiterativos por un conjunto de regímenes, reconocidos por sus ideologías totalitarias, que abusan de su membresía de la ONU para sabotear los valores que ella representa y promocionar sus sistemas de gobierno.

Por su autoridad y competencias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un escenario clave de este enfrentamiento. Todo lo que a él se refiere en la agenda de la política internacional tiene en esencia que ver con cuál es la definición de libertad y democracia a la cual se debe aspirar y por la cual se pueden pedir a los estados miembros sacrificios y éstos asumir costos de vidas y recursos materiales.

La post-Guerra Fría ha dejado en claro que para asegurar la paz y mantener una convivencia internacional constructiva, en la cual prevalezca la atención consensuada de, por una parte, los derechos humanos, y por otra, los inmensos problemas colectivos suscitados por la globalización, es indispensable que se compartan valores, y que los valores que han demostrado ser consistentes con la libertad, la paz y el desarrollo son los identificados en Occidente con la democracia liberal. (2)

Gracias a una pragmática combinación de convicciones e intereses ha sido posible incursionar en el hasta hace relativamente poco tiempo sacrosanto terreno de la soberanía nacional, y al hacerlo, tanto en el terreno de los derechos humanos (los casos de Bosnia-Herzegovina y de Ruanda abrieron el camino), como en el de los derechos políticos (el caso de Haití, con el endoso de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, rompió esta barrera en el terreno político), para llegarse posteriormente, por ejemplo, a la Carta Democrática Interamericana adoptada en el marco de la OEA, o a los Protocolos que definían la identidad democrática del MERCOSUR antes de la adhesión de Venezuela, e incluso en el de los territoriales (caso de la provincia de Darfur en el Sudán, puesta bajo la responsabilidad de la ONU para atender a una crisis humanitaria sin precedentes). (3)

Ello es también posible, además de por compartirse en esencia, mas allá de toda barrera cultural, una serie de principios y valores (expresados en la Carta de la ONU), porque todas las naciones y todas las culturas entienden la necesidad de acción concertada frente a problemas comunes, comparten el concepto de una legitimidad de acción fundada en la participación en la toma de decisiones políticas y jurídicas, y valoran el sentido de comunidad que se deriva de la responsabilidad compartida.

¿Qué pensar entonces cuando un país, o mejor dicho, el régimen político imperante en un país, como es el caso del llamado gobierno ´bolivariano´ en Venezuela, aspira a ser miembro del Consejo de Seguridad, y pregona que se lo propone para hostigar y estigmatizar a otros países, o para ´reformar´ desde adentro el órgano de las Naciones Unidas que tiene las complejas y delicadas funciones de asegurar la paz y la seguridad internacionales, porque no comparte los valores que sustentan su actividad ni las soluciones que aporta a los problemas?

Lo primero que debe decirse es que el consenso se mantiene como el desideratum para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad. Quien esté a priori dispuesto a no trabajar por el consenso por considerar, como pareciera ser el caso de Venezuela, que el Consejo puede ser una fértil tribuna y un campo de batalla para ideologías en competencia, no debe siquiera proponerse ser miembro. La polémica ideológica, como reflejo de su creciente marginalidad en el orden internacional, sería la esencia de la agenda bolivariana.

Aunque de ello no obtendría ningún provecho ni Venezuela ni la comunidad internacional, lo cierto es que es de una ingenuidad inconcebible creer que el país podrá simplemente mantenerse al margen de las complejas crisis que el Consejo tendrá inevitablemente en su agenda de trabajo. En el Consejo de Seguridad se toman posiciones tanto por acción como por omisión, y unas y otras, requieren estar sustentadas, no en abstracciones ideológicas sino en el interés nacional. La crítica a la política ajena no es una política.

Si Venezuela piensa que sus anunciadas posiciones de crítica al ´ímperio´ contarán con el respaldo del Movimiento de los No Alineados(4), el cual mantiene un informal proceso de consulta y concertación en el Consejo, pronto descubriría que ninguna declaración ni resolución de los No Alineados tiene carácter obligante. En el Consejo de Seguridad, cada quien está por su cuenta. Los apoyos se negocian con razones y evidencias, y cada quien razona en función de cómo cada decisión que se adopta afectará sus intereses nacionales. Aún dentro de éstas circunstancias de un alto nivel relativo de autonomía, Venezuela debería rendirle cuenta de sus pronunciamientos a su grupo regional, o cuando menos a los que como MERCOSUR y Caricom, se habrían comprometido a votar por ella. Aquí no cabrán medias tintas: o Venezuela se atiene a los lineamientos comunes, o su actuación será desconocida por sus propios auspiciantes.

No tiene tampoco credibilidad alguna la anunciada promesa de convertirse en vocero de la justicia internacional y en conciencia de los más altos intereses de la humanidad. Venezuela parece olvidar que casi todos los conflictos y amenazas a la paz están en el mundo en desarrollo, y que quienes tienen la desgracia de estar involucrados en ellos, aspiran a la colaboración de los mismos países que el gobierno chavecista se empeña en condenar. ¿Será que a Venezuela no le va a importar sabotear los intereses de tantos países hermanos con tal de lograr el supremo objetivo de hostigar al ´ímperio´? Si nos basamos en el discurso del Presidente Chávez, así pareciera ser.

Otros pregonados lineamientos de la República Bolivariana en su aspiración a ingresar al Consejo estarían centrados en temas de la reforma y ampliación del mismo. Asuntos como la expansión del número de miembros del Consejo, la transparencia en el proceso de toma de decisiones, ó la supresión del veto, son temas que la ONU viene trillando desde hace mas de una década, y valga decir, respecto a los cuales el gobierno bolivariano no ha sido precisamente uno de los mas participativos en materia de análisis y propuestas. Ninguno de estos propósitos es original de la política externa del gobierno bolivariano ni sustenta, ni en sus antecedentes ni en méritos propios, la aspiración que tiene. Los objetivos son evidentemente otros.

Igual puede decirse de la posición en torno al veto, cuya supresión ha sido asumida ya por el gobierno bolivariano como una bandera ideológica y punto fuerte de su agenda si es electo al Consejo.

Vale decir, en primer lugar, que quien crea que el tema no tiene precedentes en la política exterior del estado venezolano se equivoca. De hecho, Venezuela se opuso al mismo desde los trabajos preparatorios de la Carta de las Naciones Unidas, y ha mantenido su posición de principio desde entonces. Que el gobierno bolivariano siquiera insinúe que esta es una posición propia representaría otro fraude a la historia de la diplomacia venezolana.
En segundo lugar conviene dejar sentado que una cosa es objetar la desigualdad de derechos que representa el veto y otra cosa, muy distinta, es lidiar con esa realidad como miembro del Consejo como he tenido la oportunidad de constatar.
En efecto, el consenso en el Consejo de Seguridad no se logra sin apelar tanto a las realidades de la política como a aquéllas de la razón, el derecho y el sentido común. Cuando no es posible asegurarlo, y en ello se invierte tiempo, creatividad y capital político, lo cual involucra muy frecuentemente a jefes de estado, se impone la votación, y con ella surge el tema del veto.

El veto, acto político de serias repercusiones, es en esencia la salvaguarda de la ONU. Sin él, haría tiempo que la organización habría colapsado. Pero su uso también la debilita y desacredita hoy en día al estado que lo ejerce, de allí que sea un privilegio en creciente desuso. Así lo entiende cualquier gobierno que haya ejercido la representación de su país tomando asiento en el Consejo de Seguridad, sea como miembro permanente o como no permanente en, cuando menos, la última década.

En consecuencia, si bien es razonable criticar el derecho de veto, y buenas razones no faltan, eliminarlo sería contrario al interés colectivo. Evidencia de ello es que las discusiones relativas al veto en las negociaciones relativas al proceso de reforma y ampliación del Consejo se inclinan mas bien hacia reglamentar su uso y, paradojas de la política, hacia ampliar el número de países con derecho al mismo.

El tema crítico es, más bien, cómo asegurar el uso responsable de tal privilegio, sea cual sea el país que lo ejerza, de manera de conjugar las circunstancias que puedan ameritar su uso con el interés colectivo. Las mayores crisis institucionales de las Naciones Unidas están sin duda ligadas al uso unilateral del veto ó al ejercicio unilateral del uso de la fuerza sin recurso al amparo legal que exige el Capítulo VII de la Carta.

El tema del veto es pues, obviamente, un tema donde la vocería de Venezuela no podría desvincularse de las tendencias existentes en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como tal, es igualmente obvio que este tema tampoco sustenta el inusitado empeño y costosísima campaña electoral desplegada por el gobierno de Hugo Chávez, que fue innecesaria en las cuatro oportunidades en que nuestro país participó en el Consejo. De hecho en la última elección en 1991 nuestro país –al cual tenia el honor de representar obtuvo 160 votos de los 175 que votaron en esa oportunidad- sin gastar un solo centavo. El prestigio tradicional de Venezuela durante cerca de cincuenta años y bajo distintos gobiernos hacia casi innecesaria realizar campañas y por supuesto menos aún comprar apoyos como es evidente en el caso del CARICOM-que incluso podría incluir la promesa del régimen de sepultar el tema del Esequibo como contraprestación a su voto. Las implicaciones de tal promesa rebasan el alcance de esta nota.

Si en este marco pudiésemos intentar entender esta candidatura, la participación de la Venezuela bolivariana en el Consejo de Seguridad se presenta – prima facie - como una política de obstaculizar, mediante el recurso a la polémica ideológica, el consenso en el seno del mismo, en particular en todo cuanto concierna a los intereses de los Estados Unidos de América, y a hacer uso abusivo e irresponsable para ello de la tribuna del Consejo.

Si nos atenemos al discurso oficialista no importarán los costos. No tendrá importancia el costo de sabotear a las Naciones Unidas en sus trabajos vinculados a la paz y la seguridad internacionales, disminuyéndola como organización, ni el impacto que ello tenga sobre la viabilidad de encontrar soluciones a conflictos contando con el consenso de la comunidad internacional.

La absoluta irracionalidad de este empeño indicaría que el propósito real de una política evidentemente contraria al sentido de responsabilidad que toda participación en el Consejo de Seguridad debe tener, es otro: su última ratio es distraer la atención de la comunidad internacional, y en particular de la comunidad democrática, sobre lo que puede ocurrir en Venezuela en materia de garantías democráticas y derechos humanos bajo un ´proceso revolucionario´ cuyas intransigencias autoritarias ya son promesas de acción gubernamental, e impedirle cualquier iniciativa en su salvaguarda.

Países de la significación como Brasil, que aspira a formar parte permanente de una eventual, aunque remota ampliación del Consejo de Seguridad, y que viene apoyando al gobierno chavecista, no podría recurrir a eximirse de la responsabilidad que tal apoyo implica. No cabe duda que los países que votarían por Venezuela serían aquellos que ven la oportunidad de contar con un instrumento para atacar a los grandes países, especialmente los Estados Unidos, sin ningún costo ni riesgo para ellos-pero sin la menor duda a un altísimo costo para los venezolanos.

En torno a esta elección no caben dudas de dónde reside el interés de la democracia venezolana y de la comunidad internacional, especialmente después de la reciente y grotesca intervención del jefe del estado en la Asamblea de las Naciones Unidas todo el mundo está advertido de lo que significa apoyar a un auténtico y activo enemigo de la ONU, y de su misión.


NOTAS
(1) Por ejemplo, entre los mas recientes, el Tribunal Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(2) La legitimidad cultural´de los valores políticos occidentales en un contexto no occidental se mantiene como una discusión sensible, a pesar de que, como lo reconoce un autor que ha examinado el tema en detalle, en buena medida los mismos valores tienen vigencia propia en otras culturas. Ver Bakau Wa Mutua, ´Politics and Human Rights: An Essential Symbiosis´, en The Role of Law in International Politics, Oxford University Press, 2000; pp. 149 a 175.
(3) Salvo en el último caso citado, en todos los demás Venezuela asumió un destacado liderazgo. En materia territorial, por el contrario, Venezuela ha sido celosa de no dar cabida al Consejo de Seguridad o de apoyar precedentes que lo permitan, tomando en cuenta la preferencia que ha dado a las soluciones bilaterales en sus diferendos territoriales.
(4) La presidencia del Movimiento por Cuba, electa en razón de haber sido sede de la recién celebrada XIV Cumbre (las sedes siguen un orden rotativo entre regiones, no hay mérito asociado a ello) y la ciega afinidad prevaleciente con el régimen castrista promete para el gobierno bolivariano, en caso de ser electo al Consejo de Seguridad, el triste papel de títere de éste. Véase, como ejemplo, la Declaración de La Habana, tan importante por su descarada ingerencia en asuntos de política interna de Venezuela, como por sus omisiones (en contra de la tradición de la diplomacia venezolana como diplomacia de estado, se omite toda referencia a la reclamación territorial del Esequibo), todo ello decidido y hasta redactado por Cuba.






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