"En Yaracuy robaron 200 millardos"

Por Venezuela Real - 9 de Octubre, 2006, 17:44, Categoría: Corrupción

Roberto Giusti
El Universal
08 de Octubre de 2006

Como buen preso, el ex gobernador Eduardo Lapi lleva la cuenta de su cautiverio con precisa fijación: son ya cuatro meses, una semana y un día los que pasaron desde la madrugada del 30 de mayo, cuando una comisión de la Disip irrumpió en su casa de San Felipe para conducirlo al Internado Judicial de Yaracuy, donde se encuentra actualmente, en lo que no vacila en llamar una medida inconstitucional porque se le está negando el derecho de ser juzgado en libertad.

Durante los dos primeros meses fue encerrado en el cuarto de electricidad de la prisión, espacio de seis metros cuadrados que compartía con dos reclusos más, pero luego se le trasladó a una celda individual, desde donde rumia su impotencia ante lo que califica como una estrategia deliberada para mantenerlo prisionero indefinidamente, aunque, como él mismo lo advierte, se mantiene en pie de lucha ante "la corruptela" de quienes considera sus detractores: el gobernador de Yaracuy, Edgard Jiménez, y el diputado Ismael García.

-¿En qué condiciones se encuentra ahora?

-Ahora son un poco mejores, el espacio más amplio me permite tener una pequeña biblioteca y dedico buena parte del tiempo a leer, a escribir sobre la experiencia que estoy viviendo y a prepararme jurídicamente, aunque estoy convencido de que eso no tiene ningún valor ante las intenciones político partidistas del régimen. Es más, ni siquiera sé, en propiedad, si podré presentar algún tipo de defensa porque se me niegan todos los derechos. Y esas son las peores condiciones, infrahumanas diría yo, a las cuales puede someterse a un ser humano. Tengo aquí 128 días y no he podido acudir a una audiencia en la cual exponer mis argumentos.

-¿En qué etapa está su caso?
-En la situación más grave que pueda enfrentar cualquier procesado. No tengo defensa ni juez asignados.

-Pero se le han formulado unos cargos.
-Hay una acusación, pero se ha suspendido cinco veces la audiencia preliminar. Lo más grave es que en la última oportunidad nombré a una abogada y la jueza a cargo, Yolesti Villegas, tomó la decisión de apartarla porque no le gustaba su perfil. Entonces, como para el momento de mi comparecencia estaba sin defensa, se suspendió la audiencia. Al día siguiente la jueza se inhibió, lo cual debió haber hecho antes, si mantenía con la abogada, como dijo, una enemistad manifiesta. Luego se nombró a otra jueza, pero ésta se enfermó y debió ser operada de urgencia.

-De manera que en este momento...
-Me encuentro en un limbo jurídico. En el interregno, la Fiscalía y el Gobierno regional han recusado a tres jueces y se ha suspendido a dieciséis magistrados de la Corte de Apelaciones, que no funciona desde hace cuatro meses. Eso ha impedido que se revise el recurso de apelación ante la orden de detención ilegítima e ilegal que se dictó en mi contra. Imagínese que fue a la una de la mañana cuando la Fiscalía presentó ante el juez provisorio, Luis Maneiro, el escrito de 156 folios en mi contra. Maneiro despachó la lectura de la pieza y ordenó mi aprehensión en apenas veinte minutos. De manera que a las cinco de la mañana fui detenido en mi casa.

-¿Obedece el descabezamiento de la Corte de Apelaciones a la única intención de mantenerlo preso?
-La Corte fue descabezada para que no se pudiera conocer mi caso. Aquí hemos llegado a extremos graves. Eduardo Lapi no se ha negado nunca a ser juzgado, porque quien no la debe, no la teme. Pero no entiendo por qué debo permanecer prisionero cuando la Constitución me permite estar en libertad mientras se me juzga. A la semana de haberse dictado la orden de aprehensión y luego de introducir el recurso de apelación, se recusó a la magistrada y cuando se constituyó la Corte con los suplentes, la juez rectora, Gladis Torres, jefe de la tribu judicial de Yaracuy, le solicitó a la magistrada Luz Estela Morales, presidenta de la DEM (Dirección Ejecutiva de la Magistratura), que le cortara la cabeza a todos los suplentes y así se hizo. Un mes después juramentaron nuevos suplentes e inmediatamente fueron destituidos. Hasta hoy se desconoce cuál será la suerte de la Corte de Apelaciones que permanece cerrada desde hace cien días.

-¿De qué se le está acusando a usted?
-Se me acusa por evasión de licitación, pero también se le dictó auto de aprehensión al coordinador de Licitaciones, lo cual resulta un contrasentido. Si, como dicen, yo evadí un proceso de licitación, que por tanto no se realizó, ¿por qué detienen al coordinador? Además, luego de aducir que tenía en su poder todas las evidencias en mi contra, la Fiscalía solicitó una prórroga de quince días porque no había podido concluir la investigación. Entonces, ¿tenía o no las evidencias? Para ese momento yo había cumplido 45 días detenido. Pero lo más grave, es que luego de presentar el acto conclusivo, es decir, el final de la investigación, el fiscal viaja a Panamá en busca de más pruebas. No entendemos cómo se puede vulnerar la justicia a esos extremos.

-¿Quién está detrás de todo esto y por qué este ensañamiento en su contra?
-Yo responsabilizo directamente al señor Ismael García, a Carlos García, al testaferro Gian Franco Napolitano y al presunto gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez. Se decide mi detención, porque este último señor fue elegido de forma ilegal, ha perdido cualquier tipo de legitimidad popular y también el apoyo de casi todos los sectores que integran la fulana revolución: el MVR y el PPT, quedándose sólo con Podemos. En esa situación tan precaria decidió crear un escándalo con mi detención para seguir saqueando la cosa pública y evitar el referendo revocatorio sobre el que hemos estado trabajando. Gracias a Dios, el pueblo de Yaracuy se ha alzado ante la injusticia dándome su solidaridad.

-¿Por qué dice usted que el gobernador Jiménez está saqueando la cosa pública?
-Porque están atracando el erario público y destruyendo lo que nos costó levantar en nueve años de esfuerzo. Esos señores que ya le mencioné se han apoderado de más de 200 mil millones de bolívares y lejos de entregarle obras al pueblo, han hecho todo lo contrario.

-¿Cómo pudieron apropiarse de suma tan grande?
-La diputada Carmen Teresa de Gentile denunció el robo de 23 mil millones en la Gobernación. Esa denuncia está en la Fiscalía y reposa desde hace más de un mes en el despacho de Isaías Rodríguez. El 17 de abril, Eduardo Lapi denunció el caso de las trincheras de Yaritagua, donde se le otorgó a dedo, a Gian Franco Napolitano y sus socios, un contrato de 8 mil millones de bolívares con un anticipo de 4 mil, sin licitación ni proyecto. En Semana Santa compraron, según ellos, 180 mil kilos de chigüire por los cuales se pagaron 5 mil millones de bolívares. ¿Habrá tanto chigüire en Venezuela? Son vulgares ladrones y yo, que no tengo el mejor criterio del presidente Chávez, creo que no puede seguir aceptando esa situación. Es más, no quiero pensar que sea cómplice de tal extralimitación de corruptelas que está azotando como nunca al pueblo yaracuyano.


08 de Octubre de 2006

Eduardo Lapi acusa desde la cárcel al gobernador Jiménez y al diputado García








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