Por una educación para la libertad

Por Venezuela Real - 9 de Octubre, 2006, 9:28, Categoría: Educación

Yakari Prado
El Nacional
Octubre 2006

Entrevista a Octavio Lamo

"Al menos 70.000 estudiantes han migrado de la educación pública a la privada"

El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada cree que el aumento de 4,5 % en la matrícula privada de este año es un indicio de que muchos padres depositan su confianza en una alternativa educativa que evada la politización. Aclara que los colegios privados desacataron el tope de 15 % establecido para la matrículas por ser “extemporáneo, inconstitucional y pretender un efecto retroactivo”.

Muchas de las instituciones privadas del país iniciaron el período escolar 2006-2007 sin tomar en consideración la regulación emanada por los ministerios de Educación e Industrias Ligeras y Comercio el pasado mes de junio, que ponía un tope en los ajustes de las mensualidades de 15%.

La decisión de hacer caso omiso a la resolución emitida por ambos despachos encuentra su razón de ser en el carácter inconstitucional y extemporáneo de la norma, según lo afirma Octavio de Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada.

De Lamo cree que la medida, que se ha implementado en los dos últimos años, persigue limitar a los colegios privados para que no puedan cumplir con sus presupuestos. Considera que la norma es más "política que económica" y que se convierte en uno de los peligros que acorrala a la educación privada del país, que sin embargo aumentó 4,5% su matrícula este año.

"Los padres se dieron cuenta de que con una medida como ésta se vería perjudicada la calidad de la educación de los hijos y por eso aceptaron ese promedio nacional de 27,51% de aumento que anunciamos el pasado mes de mayo", afirma.

Medida Política

¿Por qué se dio el inicio de clases sin acatar la resolución emitida por dos ministerios que regulaba el aumento del costo de la matrícula escolar hasta 15%?

El tema de acatar o no es una cuestión de punto de vista. Desde el momento en que el gobierno emite la resolución a través de sus dos ministerios, el de Industria y Comercio y el de Educación y Deportes, todos los contratos entre las partes -los colegios y los padres- ya se habían cerrado y los convenios estaban afectados. La presión de ese efecto legal no puede ser efectiva porque pretende efectos retroactivos. Cualquier instrumento legal que pretenda efectos retroactivos es ilegal e inconstitucional en Venezuela. Por lo tanto, nosotros no estamos desacatando una norma, sino que la norma es inacatable ya que se produce en una circunstancia posterior al cumplimiento de los convenios o relaciones entre las dos partes. Iniciamos el año escolar con una recomposición del valor de las mensualidades superior a ese techo que pretendió colocar el Estado, que por haberlo hecho de mala manera y de mala intención, no estamos en el derecho de acatar. La norma, por ser extemporánea y pretender efectos retroactivos, es ilegal e inconstitucional. Nosotros no podemos cumplir en forma alguna esta norma.

¿Ustedes se han comunicado con los ministerios involucrados en la resolución para plantearle este análisis que aquí comenta?

No, es que los ministerios no escuchan. Todas las organizaciones que agrupan a la educación privada hemos dirigido documentos al Ministerio de Educación que ellos no responden. No puede haber una comunicación fluida porque el Ministerio de Educación desconoce el significado que tiene la función de la educación privada. La educación privada es la forma en que la sociedad subsidia al Estado en su incompetencia para darnos a todos educación. El Estado, cuando no puede cubrir las expectativas de la totalidad de los alumnos en las aulas del sector oficial, recibe ayuda de parte de los particulares, un extraordinario aporte por un lado de las congregaciones religiosas, empresas y fundaciones que invierten en infraestructura escolar y establecen programas pedagógicos particulares. Los padres y representantes también asumen el costo de la educación por segunda vez, pues la primera vez que lo hacen es con su aporte de los impuestos. Eso ha hecho que el 25% de la población estudiantil esté subsidiada por los particulares y esto, en lugar de ser un proceso negativo para el Estado, es una gran ayuda, ya que se ahorra mensualmente una cantidad gruesa de dinero al no tener que educar a 1.700.000 estudiantes que asisten a las aulas de la educación privada.

¿Por qué en la práctica no se puede acatar la norma? ¿De qué manera afecta el presupuesto contemplado por las instituciones privadas?

Es importante explicarle a la gente el origen de la recomposición de las mensualidades. Cuando analizamos el costo de la educación y las incidencias, tenemos varios factores que influyen. Aparte del aumento de 40% de los docentes, se dictó un 20% del aumento de salario general entre febrero y septiembre y también entró en vigencia la Ley Orgánica del Ambiente y del Trabajo, la cual tiene una incidencia durante su primer año de implementación de un 17% en el costo de nómina. A todo ello se le suma un proceso inflacionario que superará este año el 15%. Todas estas consideraciones que inciden directamente sobre los presupuestos no pueden ser obviadas por los ministros, que deberían conocer de análisis económico y deberían sustentar su propuesta de un techo de 15% a las mensualidades.

¿Qué asuntos particulares peligrarían dentro de la educación privada si el gobierno hace cumplir con carácter de obligatoriedad esta resolución?

Nosotros demandamos el año pasado ante el TSJ esta situación. Dicha demanda ya fue admitida y está en proceso de tribunales. Este año, las tres organizaciones que agrupan a colegios privados, vamos a introducirla nuevamente. El tema es que el MECD y el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, a través del órgano represivo que es el Indecu, va a tratar de amedrentarnos. El año pasado tuvimos una retahíla de amenazas, pero no se implementó ningún procedimiento. Creo que en el fondo ambos despachos están conscientes de que si lo hacen, de que si cumplen las amenazas, encontrarían que tenemos pruebas fehacientes del daño pecuniario que pesa sobre la instituciones y nos serviría de pruebas al demandar en tribunales.

Tengo entendido que hubo colegios que implementaron un sistema de pagos o donaciones especiales para no subir en 15% la matrícula ¿Qué conocimiento tiene sobre ello y qué opinión le merece?

Eso es un artificio. Me parece que todos los involucrados debemos asumir de forma sincera el tema, demostrar qué el ministerio se equivocó y por qué se equivocaron y asumir la responsabilidad de cobrar lo que hay que cobrar. Al final esas instituciones están manejando una serie de figuras que tratan de escudar el procedimiento, y aquí no hay nada que escudar: las instituciones privadas necesitan de recursos, estos recursos fundamentalmente vienen de los padres que escogen esas instituciones y si el padre a la final lo va a pagar no me parece ni sincero, ni honesto, buscar aritificios para aparentar cumplir con la resolución. Si estuviésemos cometiendo un ilícito lo entendería, pero nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra función y estamos dentro de las leyes.

¿Cuál ha sido la reacción de los padres y representantes ante el desacato del decreto ministerial?

Afortunadamente, los padres han sido conscientes y hemos mantenido su apoyo. Tanto que este año, aumentaron 4,5% nuestras inscripciones, lo que significa que hay 70 mil estudiantes que han migrado del sector público al privado huyendo de la amenaza de politización de la educación y buscando una mejor calidad en los contenidos que se imparten.

La educación privada a futuro:

¿Cómo ve el futuro de la educación privada en el país, a la luz de decretos que pueden afectar sus operaciones, así como también en el marco de la discusión de una ley de educación que discutirá la AN en 2007?

A pesar de los nubarrones y las piedras, seguimos optimistas. Es evidente que históricamente la educación privada ha tenido muchísimas persecuciones, tanto dentro de este régimen como en los regímenes anteriores, siempre se le ha visto con mucho recelo por el tema de que hay gente que cobra por educar, como si ello fuese ilícito. Yo siento que la educación privada a pesar de las persecuciones anteriores y actuales ha ido creciendo y ha demostrado su calidad, lo cual ha atraído a muchos nuevos estudiantes. Ciertamente, no es el momento más fácil que vamos a tener que pasar, pero en los últimos ocho años hemos demostrado que tenemos una capacidad de lucha tremenda, tanto así que los padres se han mantenido del lado de las escuelas y solidarios con el pago de sus mensualidades con todo y el sacrificio que eso representa en el marco de la situación económica del país.Pese a las dificultades, a los nubarrones nosotros saldremos adelante.

¿Qué buscan los padres en la educación privada que no pueden encontrar en las escuelas públicas, con todo y la dotación multimillonaria que ha anunciado el Gobierno para la rehabilitación de planteles y dotación de equipos?

Yo creo que esa migración es propiciada por el propio Gobierno, porque cuando uno lee las tristes declaraciones del ministro en las que dijo "estoy politizando la educación, ¿y qué? " o las declaraciones del gobernador de Lara cuando afirmaba que los maestros tienen que adoctrinar, y cuando uno ve el marco legal que se pretende implantar, los padres reaccionan y hacen un esfuerzo supremo para encontrar un sitio donde sus hijos se eduquen con máxima tranquilidad, en libertad y sin el riesgo de ser sometidos a una doctrina específica. La gran migración está fundamentada en las declaraciones sobre la politización que han emitido distintos funcionarios del Gobierno.

¿Qué temores tienen ustedes desde el punto de vista de la regulación de contenidos que pudiese dictarse a partir de una nueva ley de educación?

Yo creo que la discusión de una ley de educación pasa a ser un tema de la sociedad y no sólo de la educación privada. Una ley de educación no puede debatirse a puertas cerradas, en una asamblea. La ley de educación es una ley orgánica que afecta a la totalidad de ciudadanos de un país y no puede recoger el sentir de una minoría que ha secuestrado los poderes. Esto generaría, y ya se demostró en el 2001 con el decreto 1.011, una reacción social muy importante, porque estén en la posición política que estén, los padres están muy claros de que la potestad de educar a sus hijos y el marco que cubre las expectativas educativas que tiene planteada cada familia es absolutamente un derecho ciudadano de cada familia para escoger. En ese sentido, cuando vean entubada la educación con un solo proyecto educativo que debe cumplir tanto el sector público como el privado, cuando sientan que las materias que se estudian lo que quieren es manejar la mente de los muchachos hacia un contenido político único con una visión sesgada del mundo, será la propia sociedad la que diga 'señores, ustedes están equivocados" y quizás aquel grito de guerra que surgió en las voces de muchas mujeres venezolanas será nuevamente el grito de guerra: "con mis hijos no te metas".

Ustedes anunciaron la creación de una alianza educativa: Libertad y Familia ¿Qué temas se debatirán en el seno de esta organización?

Las cámaras educativas apoyamos esa iniciativa de los padres y a través de la preocupación que mantienen las comunidades educativas, se ha gestado la sumatoria de cada familia en una estructura de coordinadores, sin presidentes ni directores. La alianza consta de varios coordinadores por colegio, en cada uno de ellos hay cinco representantes que están como delegados de las instituciones, y son alrededor de 1.500 colegios o comunidades integradas. Esto es una manera de crear una red de información para investigar en profundidad las intenciones de los distintos proyectos educativos que emanan del Ejecutivo. El grupo no es más que una gran organización de vigilia sobre el tema educativo para enfrentar con firmeza cualquier instrumento legal o acción gubernamental que frene la libertad que deben tener los padres para educar a sus hijos.

¿Cuál sería el llamado a los representantes, estudiantes y a la sociedad en general respecto al panorama educativo que se avizora en los próximos años?

El llamado fundamental es un llamado al trabajo, en el caso de los docentes a formarse continuamente para un trabajo sosegado, tesonero, y mantener el criterio de libertad para la educación y educación para la libertad. A los estudiantes, el esfuerzo cotidiano por mejorar sus aprendizajes y crecer como persona, y a los padres el control y supervisión permanente del sistema educativo, para que este no caiga en ninguna tendencia en particular que evite que ellos formen a sus hijos de acuerdo a su proyecto de vida. Estamos en un proceso político interesante donde se están dando lo que muchos venezolanos aspiraban: un candidato de oposición único que aspiramos recoja el sentir educativo de toda la población, donde no exista privilegio por colores sino un país unido que entienda que la educación es el camino para la libertad y el progreso.

Ahora que toca el punto electoral, ¿cuáles serían esas exigencias que pediría el sector educativo a los distintos candidatos electorales?

Nuestras peticiones no cambian de un candidato a otro. Simplemente, exigimos un marco de referencia para la educación en donde se mantenga absolutamente la libertad de propuesta educativa, en el sentido de que los docentes tengan el apoyo para crear proyectos pedagógicos diferenciados y modernos, porque esto es lo único que garantiza al final que los padres podamos tener libertad de escogencia. En el marco de esas posibilidades hay una gama de otras estructuras que debemos manejar, como un sistema de construcción de escuelas. Venezuela necesita unas 5.000 escuelas públicas que no se han hecho en los últimos años, Venezuela necesita un cambio de esquema en la formación de los docentes que les permita una vida más digna, Venezuela necesita adaptar los programas de estudios al tema de la globalización para no quedarnos aislados e incoporar la educación de manera masiva al aspecto tecnológico y para eso hay que hacer alianzas con otros países, sin que eso nos desmerite en nuestras funciones. Sobre todo, el país necesita sustituir ese maleficio del Estado-docente, que lo único que significa es que el Estado, al querer hacerlo todo, lo hace todo mal porque es insuficiente en su capacidad de hacerlo bien. Es importante permitir que la sociedad participe abiertamente, esto no significa una privatización de la educación como lo ha pretendido hacer ver el ministro Istúriz sino que exista una educación pública de gestión privada que mantenga una calidad para todos y que le llegue a todos, que no sea sólo la educación privada la que opta por los mejores puestos de las universidades, sino que tengamos una educación más justa y con igual suma de oportunidades.






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