¿Qúo Vadis CocaCola?

Por Venezuela Real - 2 de Noviembre, 2006, 8:16, Categoría: Estado de Derecho

VenEconomía Opina
30 de Octubre de 2006

El Estado de Derecho y la seguridad jurídica de las empresas son bienes en extinción en la Venezuela Bolivariana, cuyo gobierno está empeñado en abolir el capitalismo en el país. Una de las últimas muestras del irrespeto a las leyes y a las instituciones es el bloqueo que auparon la semana pasada las diputadas oficialistas Iris Varela y Marcela Máspero, contra la empresa de capital mexicano Coca Cola.

El pasado viernes 27 de octubre, la empresa y sus trabajadores activos ganaron un primer round, cuando la presión ejercida, ante la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional, por 8 sindicatos que representan a los cerca de 8.000 trabajadores de la Coca Cola, obligó a levantar ese bloqueo. Estos trabajadores, defendieron con garras su derecho al trabajo violentado arbitrariamente por las diputadas, amenazando incluso con recuperar su jornada laboral a como diera lugar.

Desde el 23 hasta el 27 de octubre, las cuatro plantas embotelladoras de Coca Cola, los 32 centros de distribución y las oficinas administrativas de Caracas, fueron bloqueadas por unos 5.000 supuestos ex trabajadores de las antiguas concesionarias de Panamco Venezuela (hoy Coca Cola FEMSA).

El bloqueo fue realizado con la excusa de un reclamo de indemnizaciones laborales que supuestamente quedaron pendientes en el año 2003 con Panamco, antes de que el grupo mexicano FEMSA comprara a Coca Cola. Según lo expresado por los representantes de la empresa a la prensa nacional, los tomistas no tienen basamento legal en sus peticiones, ya que los reclamos legítimos han sido dilucidados y resueltos en su mayoría por los tribunales de la República.

Por su parte, las diputadas oficialistas Varela y Máspero, miembros de la comisión especial de la Asamblea Nacional para los casos de los ex trabajadores de Coca Cola y Polar, sostienen que los reclamos sí son legítimos, están aún por resolverse y que la empresa adeuda a los supuestos ex trabajadores unos $11 millones. Basadas en esa opinión, las diputadas auparon la toma ilegal y arbitraria de las instalaciones de Coca Cola, impidiendo el legítimo derecho al trabajo de unas 8.000 personas y saltándose los canales regulares que establecen la Constitución y las leyes.

Sin embargo, la Asamblea Nacional se vio obligada a dar una especie de tregua debido a la firme posición de los trabajadores activos de Coca Cola, y realizó un exhorto al Tribunal Supremo de Justicia para que buscase una solución definitiva al conflicto. Mientras, la diputada Varela continúa afirmando que de no resolverse el conflicto de manera favorable a los ex trabajadores, se procedería a la expropiación de la empresa.

El final de esta historia en un país donde prive el Estado de Derecho debería estar en manos de tribunales imparciales y competentes. En la Venezuela Bolivariana está en el poder de una Asamblea Nacional y de unos tribunales secuestrados por la tolda política que gobierna al país.

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