Iglesia antes del 3D

Por Venezuela Real - 27 de Noviembre, 2006, 10:52, Categoría: Electorales

Ovidio Pérez Morales
El Nacional
27 de Noviembre de 2006

La Iglesia es (ha de ser)independiente, pero no neutral. Independiente, respecto del Estado, de los partidos políticos y de otras entidades. No neutral, en lo referente al reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos.

En vísperas del acontecimiento electoral del 3 de diciembre, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ha publicado un mensaje abierto a todos los venezolanos.

Quisiera destacar varios puntos y ofrecer algunos comentarios.

El documento enfatiza, desde el comienzo, la invitación a votar. Como derecho y deber, que deben ser ejercidos con plena responsabilidad.

A los rectores y a todos los funcionarios del CNE les exhorta "de nuevo a cumplir sus tareas con estricto apego a la Constitución y las leyes, y con absoluta imparcialidad". Y no constituye simple formalidad retórica lo que se añade: "Por ello deben crear las condiciones necesarias para disipar la desconfianza que todavía algunos sectores del país conservan con respecto al sistema electoral". En derecho, los ciudadanos acceden a un poder electoral no para rogar "favores", sino para exigir condiciones que aseguren confiabilidad. En todo caso, los obispos invitan, de modo manifiesto e incisivo, a votar.

El documento rechaza cualquier recurso a la violencia. Y en el párrafo siguiente denuncia una forma de violencia: las presiones que "se están ejerciendo sobre los funcionarios públicos, para que voten en una determinada dirección". Y agrega de inmediato: "La Constitución nacional consagra el derecho a la libertad de expresión y de conciencia, así como el derecho al trabajo, independientemente de la simpatía partidista de cualquier ciudadano. Nadie puede ser excluido por su posición política". El ejercer algún género de presión en este campo no constituye una novedad en este país, y en muchos otros. Pero lo que conforma un cuadro gravemente preocupante en la actualidad venezolana es el que la presión se explicite como política de Estado. Las listas-apartheid han venido funcionando entre nosotros y ahora se agrega, a manera de norma oficializada al más alto nivel, la "rojización" de los funcionarios del Estado. Esto plantea una seria cuestión en materia de elementales derechos humanos.

A propósito de la no neutralidad de los cristianos y de la Iglesia entera en lo concerniente a estos derechos, resulta particularmente significativo este párrafo del documento episcopal: "A nuestros hermanos católicos recordamos el deber de tomar su decisión (electoral) en sintonía con los principios del Evangelio explicitados por la Doctrina Social de la Iglesia. Al votar debemos tener en cuenta la necesidad de defender siempre los derechos originarios de todo ser humano, que, por cierto, están consagrados en la Constitución Nacional".

Los obispos enumeran aquí -no como mera especulación teórica, sino ajustándose al escenario concreto venezolano-algunos derechos humanos y constitucionales, que es preciso defender: "El derecho a la vida, a la seguridad personal y patrimonial; el derecho primario y originario de la familia a procurar una educación libre y pluralista para sus hijos; el derecho al trabajo justamente remunerado y sin discriminación política; a la libertad de conciencia, de expresión y de información y, en consecuencia, a la elección del sistema político; a la libertad religiosa; a la propiedad privada y al libre desplazamiento".

Sobre la relación personaEstado la posición es nítida: "La persona humana, por su naturaleza y dignidad personal, con sus derechos innatos e inalienables, es anterior al Estado". La defensa de la misma se impone ante abusos que vienen de distintos ángulos.

Esta énfasis y enumeración de derechos humanos se plantea en un marco situacional en que se propone como proyecto oficial para el país el denominado "socialismo del siglo XXI".

Versión caribeña del archiconocido y fracasado "socialismo real".

La alternativa que se plantea, pues, a los venezolanos, no es una "rutinaria" disyuntiva cívica. Se trata de escoger entre un progreso en democracia pluralista, en libertad, en el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, de una parte, y, de la otra, un estatismo de tipo comunista, un socialismo de corte estalinista en el cual la persona se convierte en instrumento de una ideología, de un sistema, de un jefe.

La búsqueda de la justicia social, si es genuina, no se puede divorciar de la promoción y defensa de la libertad, que es, ciertamente, una exigencia primaria de la justicia.






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