RELACIONES CON ESPAÑA SON PRIORIDAD

Por Venezuela Real - 8 de Diciembre, 2006, 10:42, Categoría: Política Internacional

EFE
El Mundo - Caracas
07 de Noviembre de 2006

Abogado de terroristas elevará la causa a la CIDH

Madrid. El Gobierno venezolano ratificó que quedan sin efecto los compromisos recogidos en el acuerdo suscrito con varios etarras que residen en este país, por el que se indemnizaría a dos miembros de la banda terrorista ETA expulsados en 2002 y se agilizaría la concesión de la nacionalidad a otros cuatro.

En un comunicado hecho público ayer por la Embajada de Venezuela en España, el país reitera "su decisión de desconocer íntegramente el contenido del acuerdo amistoso suscrito, sin la debida consulta, entre funcionarios del Estado y ciudadanos españoles".

Las relaciones con España "constituyen una prioridad en la política exterior de la República Bolivariana deVenezuela", añade el comunicado, para asegurar que mantiene su disposición "al diálogo permanente como mecanismos para el entendimiento y fortalecimiento de las mismas".

El acuerdo cancelado se alcanzó el pasado mes de junio, después de que los dos etarras expulsados a España, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, presentaran una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras hacerse público el contenido de los acuerdos, el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, se reunió con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le informó que las autoridades de su país "desautorizaban" el contenido de los pactos, por lo que no se indemnizaría a los etarras ni se les concedería la nacionalidad. Según informaron a Efe fuentes diplomáticas, el embajador de Venezuela en Madrid, Arévalo Méndez, se reunió hoy a las 13:00 horas local (12:00 GMT) con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para ofrecerle las explicaciones oportunas. Marino Alvarado, abogado de los dos etarras expulsados de Venezuela en 2002, explicó que el acuerdo fue "homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de noviembre". En él, autoridades venezolanas reconocían que "las deportaciones (de los dos etarras) fueron ilegales y arbitrarias", por ! lo que s e les indemnizaría con unos 330.000 euros.






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