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Oficialistas calculan que la reforma constitucional se hará en tres meses
Por Venezuela Real - 28 de Diciembre, 2006, 8:45, Categoría: Historia Oficial
HERNÁN LUGO-GALICIA
El Nacional 28 de Diciembre de 2006 La Asamblea Nacional Constituyente redactó una nueva Carta Magna y cambió, en seis meses, el modelo político que se concibió en 1961. En ese lapso, se debatieron 350 artículos, más las disposiciones derogatorias y transitorias. Por esta razón, la diputada del MVR, Iris Varela cree que la reforma constitucional, propuesta por el presidente Hugo Chávez, podría hacerse en corto plazo, porque implica cambios menores, más no la elaboración de una nueva Constitución. "Tres meses son suficientes", consideró Varela, quien fue constituyente por el estado Táchira, y no ignora que la carta fundamental otorga un plazo no menor de 2 años para que se aborden las potenciales transformaciones. A estas alturas tampoco observa obstáculos políticos para avanzar en el debate constitucional, por cuanto alegó que desde hace 2 años se ha desarrollado un intercambio de ideas y se ha podido verificar cuáles son las limitaciones que impone la Constitución a la nueva fase del país. "Iría más allá; en los últimos 8 años se han acumulado ideas sobre si, por ejemplo, es conveniente la reelección presidencial indefinida. La potestad de seguir en el mando reside en el pueblo, así que no puede imponerse límites a esa expresión". Varela propone que si un funcionario es revocado, de forma inmediata debería inhabilitarse por un período; de esa forma no volvería a postularse. Leyes flexibles En el lado de la "desaparecida" Unión Popular Venezolana ven la reforma como una oportunidad para corregir errores cometidos por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y durante la aplicación y vigencia de la Carta Magna. Lina Ron, ex secretaria general, planteó que la cogestión, el otorgamiento –así como el aumento– de créditos a sectores populares y la democratización del capital tienen que tener rango constitucional o, al menos, una preponderancia importante al ser la clave del poder popular. En el área judicial, señaló que hay que reforzar la administración de justicia para que sea "flexible con el pueblo". "En este país sólo los ricos se salvan de los tribunales, mientras que los pobres pagan cárceles por delitos menores. Eso hay que analizarlo y por eso pedimos una reforma del Código Procesal Penal". En el ámbito político, la nueva Constitución debe eliminar la elección por representación proporcional. "La escogencia de las autoridades de los poderes tiene que ser directa, sin alcabalas o para favorecer a grupos. Es más, la elección de los candidatos debería ser pública para así darle vida a la democracia participativa", sostuvo Ron. El tiempo de permanencia de los gobernantes (Presidente y Asamblea Nacional) no tiene por qué sufrir cambios, dijo la dirigente radical. Tampoco apoya la unificación de estos comicios, dado que siempre quien ocupa la preferencia en las encuestas o la aceptación suele servir de portaviones a dirigentes que son desconocidos. Ron aboga en el área social por la redacción de una ley del buen samaritano. La proliferación de indigentes sería el leif motiv y las personas serían obligadas a ayudar a quienes están en minusvalía o en pobreza extrema. Estas ideas serán expuestas al Parlamento o a la Comisión Presidencial Pro-reforma, anunció la dirigente. ¿La fecha? Enero de 2007. Cambios laborales El sector laboral del Comando Miranda también analiza cuáles artículos deberían ser ajustados. De allí que sugieren revisar la potestad constitucional del Consejo Nacional Electoral de organizar las elecciones dentro de los sindicatos, debido a los problemas que se han originado. El Ministerio del Trabajo se ha negado a admitir los contratos colectivos con el argumento de que las directivas de las instancias laborales serían ilegales porque no han sido electas. Francisco Torrealba, coordinador nacional, sostiene que es necesario garantizar la independencia de las organizaciones sindicales y eso pasa porque puedan convocar a comicios internos sin injerencia externa. Indicó que puede redactarse una ley para que quede en manos de los movimientos o fuerzas laborales esa responsabilidad. "Este asunto, así como otros, puede ser incluido en la consulta del parlamentarismo de calle", sugirió. En el debate constitucional pidió incorporar las nuevas relaciones patrón-trabajadores que se expresan en las empresas de producción social, cogestión y la propiedad colectiva. El pago de la retroactividad es un tópico que Torrealba prefiere que sea desarrollado en una nueva ley, dado que se trata de un mandato de la actual Constitución que aún no ha sido instrumentado. El diputado del MVR entiende que existe "un saldo a favor de los trabajadores" por parte del Parlamento en cuanto a este asunto. "Se requiere de una legislación inexorable que no sea violada por los patronos". Los Tupamaro también esperan el momento para exponer su visión sobre la revisión de la Carta Magna en materia laboral. Contrario a la postura del MVR, José Pinto, secretario general de los Tupas, recomienda que se elimine, mediante una ley, la figura de los sindicatos. Son partidarios de que los trabajadores asuman el control directo de las tomas de decisiones; es decir que en lugar de unos delegados o de una responsabilidad asignada a representantes, el papel sea asumido por los trabajadores u obreros en asambleas. El brazo sindical de Patria Para Todos, Autonomía Sindical, prepara un documento sobre las modificaciones constitucionales. Orlando Castillo, secretario general de AS, expresó que respaldan la reforma constitucional y que se reconozca la existencia de las nuevas empresas asociativas y cooperativas dentro del modelo económico socialista. |
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