Caso RCTV con condiciones para ser llevado a la OEA

Por Venezuela Real - 31 de Diciembre, 2006, 13:36, Categoría: Derechos Humanos

REYES THEIS
El Universal
31 de Diciembre de 2006

La estación puede denunciar violación al debido proceso y a la libertad de expresión

Ante la no renovación de la concesión de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) hay ciertos elementos, como la violación al debido proceso, que le abre las puertas de instancias foráneas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), así lo sostiene el defensor de los derechos humanos y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.

Correa recordó que desde principios del año pasado funcionarios públicos declararon en los medios del Estado sobre la necesidad de suspender la concesión y "comenzaron con una estrategia de intimidación". Acotó que RCTV sostiene que el lapso de vencimiento del permiso para transmitir su señal es otro, lo cual se debe dirimir ante las instancias pertinentes; no obstante, no se le da a la planta "la oportunidad de defender sus argumentos".

Señala, además, que la no renovación "es un acto discriminatorio", ya que "al menos Venevisión estaría en el mismo papel que RCTV, pero no se habla de su estatus".

Para Correa "se trata de sancionar a una televisora independiente, crítica con el Gobierno", lo que configuraría también "una violación a la libertad de expresión", además del efecto que tendría en otros medios, como la autocensura. "Podrían decir: mira lo que le pasó a RCTV", advierte.

Según el vocero de Espacio Público, todo ello podría acarrear medidas de organismos multilaterales, ya que "hay unas obligaciones internacionales que deben ser cumplidas por el Estado venezolano en materia de derechos humanos".

Explicó que el sistema interamericano de los derechos humanos es subsidiario del sistema nacional y funciona cuando no se obtiene justicia por la vía ordinaria.

Opciones foráneas

Carlos Correa indica que la primera instancia a la que podrían acudir los directivos de RCTV es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. "Se puede colocar una petición para que dicten una medida cautelar o para que soliciten a la Corte Interamericana una medida provisional".

Recordó que el Gobierno venezolano ha desconocido las medidas cautelares de la Comisión, al señalar que son sólo recomendaciones, pero las medidas de la Corte son de obligatorio cumplimiento.

El otro camino sería, previamente al agotamiento de la instancia nacional -que debe ser en un plazo razonable de no más de un año-, que se denuncie el hecho ante la CIDH para que se abra un caso.

Destacó que como todavía no se ha concretado la medida de no renovación, por los momentos las instancias internacionales podrían efectuar comunicados o exhortos.

La otra vía que podría emplear RCTV en el plano internacional es el sistema universal de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene una relatoría para la libertad de expresión. No obstante, Correa señala que "lo más recomendable es el sistema interamericano, porque las medidas pueden concluir en decisiones de la Corte Interamericana de obligatorio cumplimiento".

Reacción internacional

Por su parte, el profesor de Derecho Público Internacional, Simón Uscaña, señala que por el caso de RCTV "la reacción internacional se va a sentir en los días y meses venideros". Recordó que los medios de comunicación extranjeros lo han reseñado ampliamente. "Hay el peligro inminente que se produzca una escalada en contra de la democracia", aseveró.

Sostiene que una decisión de ese tipo debió ser producto de una evaluación exhaustiva, y que se le atribuye a RCTV hechos como su comportamiento el 11 de abril de 2002, que debió ser juzgado por los tribunales y no por una persona.

"Cuando se comienza a golpear los medios, entonces la información comienza a convertirse en propaganda, controlada por el Gobierno. Todos los organismos internacionales que tienen que ver con la libertad de expresión se van a tener que pronunciar", aseguró.

En todo caso, ya varios organismos foráneos han emitido comunicados manifestando su preocupación por la no renovación de la concesión a la televisora privada.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, condenó la decisión y consideró que se trata de un "castigo" por no tener una línea afín con el Gobierno.

También la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestó su "enérgico rechazo" a la medida y la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras la calificó de "grave atentado al pluralismo editorial".






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