Gerardo Fernández: El Gobierno viola el derecho a la defensa de RCTV

Por Venezuela Real - 3 de Enero, 2007, 11:26, Categoría: Derechos Humanos

ASCENSIÓN REYES R.
El Nacional
03 de Enero de 2007   


El abogado constitucionalista opina que el canal 2 cumple con las obligaciones establecidas en la Ley de Telecomunicaciones, y el Ejecutivo no ha demostrado lo contrario

La única forma de no renovársele la concesión a RCTV es con una desviación de poder, así lo entiende el abogado constitucionalista Gerardo Fernández, quien afirmó que la decisión gubernamental viola el derecho a la defensa y al debido proceso al canal 2.

Fernández, presidente de la comisión técnica para la reforma constitucional del equipo de Manuel Rosales, precisó que en el artículo 3 del Pacto de San José se consagra el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y en su artículo 13.3 se establece que no se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de poder y controles oficiales en las frecuencias radioeléctricas.

Puntualizó que el Gobierno debe respetar el Pacto de San José y que de acuerdo con el decreto de otorgamiento de la concesión hace 20 años el canal 2 tiene un derecho de preferencia para su renovación que no operaría sólo si la planta televisiva no cumpliera con la Ley de Telecomunicaciones.

Fernández expresó que en el caso concreto de RCTV no se ha establecido el incumplimiento a la norma referida, por lo tanto se trata de un fiel cumplidor de la ley al cual se le debe renovar la concesión.

Aclaró que al canal 2 no se le ha abierto ningún procedimiento "porque el no ha incumplido deberes o derechos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Telecomunicaciones".

Añadió que el Ejecutivo lesiona el derecho a la defensa y al debido proceso si argumenta que se violó la norma cuando ni siquiera ha seguido procedimiento sancionatorio alguno.

Reiteró que "sencillamente el Gobierno lo que quiere con la desviación de poder es no renovar una concesión porque no acepta el pluralismo en la información y no admite la libertad de expresión".

Explicó que el sistema de protección de los derechos humanos puede ser tutelado de modo tal para que el Gobierno no se desvíe en el poder para no renovar la concesión a la planta televisiva.

"Además, se puede decir que RCTV ha hecho las solicitudes correspondientes para adecuarse a la Ley de Telecomunicaciones y el Gobierno a través de sus órganos competentes ha aceptado dicha adecuación desde el momento que cobra los derechos por la concesión actual y se somete a controles y supervisiones que la ley establece. Con ello hay una afectación por parte de los órganos competentes para que dé por sentado que tiene una concesión que se adecua a la actual Ley de Telecomunicaciones y tiene derecho a la renovación de la concesión porque ha sido fiel en el cumplimiento de sus obligaciones".

Un problema político

A Fernández no le cabe duda de que el asunto se limita a un problema político al pretenderse cercenar la libertad de expresión cuando el Ejecutivo dice que se va a negar a otorgar una nueva concesión como medida de presión para alinear la política editorial y la información que no le conviene.

También aclaró que la concesión se vence el 27 de mayo de este año y hasta ese momento no se puede actuar.

En relación con la prohibición expresa que determina el Pacto de San José en cuanto a los monopolios y oligopolios en relación con la propiedad de los medios de comunicación, señaló que la actitud del Gobierno es condenable porque pretende establecer un monopolio del Estado, lo cual también está condenado.

A su juicio, la materia de las concesiones de las frecuencias radioeléctricas no amerita hacer modificaciones en la Constitución de 1999. "No hace falta, porque el Pacto de San José está reconocido como derecho interno, según lo determina la Carta Magna, así como consagra en sus artículos 57 y 58 la libertad de expresión como un derecho humano. Lo que se debe pedir al Gobierno es que respete las normas".

Lo importante, recalcó, es que la libertad de expresión es un derecho humano universalmente reconocido y que los gobiernos no pueden restringirlo "al abusar con la administración de las frecuencias radioeléctricas; entonces, la libertad de expresión está protegida y la sana administración del espectro radioeléctrico es la garantía y tutela de ese derecho humano".






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