ONG reclaman mayor transparencia sobre financiamiento de las misiones

Por Venezuela Real - 5 de Enero, 2007, 11:30, Categoría: Dimensión Social

NARELA ACOSTA RAMÍREZ
El Nacional
05 de Enero de 2007 
 
• El Gobierno deberá afrontar una inmensa presión popular y tal vez la radicalización de conflictos, si el ciudadano no siente atendidas sus necesidades.
• Mientras tanto, los activistas de derechos humanos consideran que el Ejecutivo pretende restringir su ámbito de acción

El presidente Hugo Chávez tendrá que afrontar una mayor presión por parte de ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos y consideran que el Estado no da respuestas a sus demandas. Esa es la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema, las cuales aseguran que el principal reto será erradicar la cultura de elaborar planes sociales en paralelo a la estructura institucional, para que sean sostenibles en el tiempo.

Provea presentó en su informe anual los que considera los ejes prioritarios para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, fortalecer la democracia y afianzar la justicia social y la equidad, entre otros, atacar con celeridad, certeza y con políticas y programas sostenibles en el largo plazo las causas de la pobreza de la población "que constituye la mayor violación de derechos humanos".

Para alcanzar este objetivo, la ONG considera indispensable acabar con el desorden en las fuentes de financiamiento de las políticas y programas sociales, y canalizarlas por la vía del presupuesto ordinario, es decir, institucionalizando las medidas, como las misiones, que pretenden atender derechos fundamentales de los ciudadanos.

Carlos Correa, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, puso como ejemplo la necesidad de apertura y transparencia en el manejo de información en Barrio Adentro, que atiende el derecho a la salud.

"¿Cómo se garantiza en el tiempo si depende de un convenio cooperación con Cuba? ¿Cuánto cuesta con médicos venezolanos? Para que sea un derecho y no un programa aleatorio que pueda variar mañana o pasado, ese plan debe institucionalizarse. El tema está en si se garantiza o institucionaliza, de tal manera que sean derechos de las personas y no concesiones graciosas".

Sin información no hay control

Correa recordó que el Estado debe cumplir con las Metas del Milenio, pero explicó que no existe información sobre los resultados de los planes sociales del Gobierno, que permita corroborar si se cumplió con los objetivos, y que ello se debe en gran medida a la desinstitucionalización.

"Ante la incapacidad del Estado de dar respuestas, estableció las misiones, y eso es comprensible, pero eso tiene que afinarse, porque es más costoso mantener dos estructuras paralelas", precisó el investigador, quien destacó la importancia de la contraloría que muchas veces se ve obstaculizada por la poca información que brinda el sector oficial, o por la descalificación de los funcionarios hacia los grupos que critican o cuestionan con el pretexto de la diatriba política.

"Por ejemplo, la seguridad alimentaria tiene un indicador estándar: 1.000 calorías días por persona, y para ello se necesita que produzcamos 75% de que lo que consumimos en Venezuela. Si tienes que hacer seguimiento de si ha aumentando el contenido calórico en la alimentación no puedes, porque no hay datos. Tampoco hay datos sobre cuál es el nivel de importaciones de alimentos, ni sobre cuándo y cuánto exportamos", comentó Correa.

En el informe de Provea también se evidenció la dificultad para conseguir datos en el Ministerio del Interior y Justicia sobre el número de reclusos lesionados y fallecidos, lo que es una violación del derecho a la información. "No se puede mantener a un país sin saber cómo se realiza la gestión publica, porque eso favorece actos ilícitos", dijo.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, coincide con Correa en la necesidad de fomentar campañas de sensibilización en materia de derechos humanos tanto a los funcionarios públicos como a la población.

Ortega considera que el tema de la justicia independiente y garante de los derechos humanos, para que arroje resultados, debe tener la voluntad de sancionar a los responsables y de recuperar los valores democráticos.

Según Provea, el gobierno que surgió de la voluntad popular el pasado 3 de diciembre tiene en sus manos un país con oportunidades y posibilidades para profundizar la inclusión y la democracia. En principio, por la bonanza, porque 2006 terminó con un crecimiento económico sostenido en los últimos 11 trimestres, con las reservas internacionales que sobrepasan los 30 millardos de dólares, con altos precios petroleros y una enorme recaudación tributaria.

Sin embargo, consideró que "el país se encuentra más endeudado que hace ocho años, el gasto público crece a ritmo acelerado, persiste el déficit fiscal, ascienden las importaciones de manufacturas y alimentos, la corrupción continúa desviando recursos destinados a lo social, y la ineficiencia de la gestión pública genera malestar, sobre todo en los sectores más pobres que empiezan a cansarse del incumplimiento de las promesas y cuestionan la falta de resultados".








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