La libertad de expresión, hoy

Por Venezuela Real - 12 de Enero, 2007, 19:01, Categoría: Historia Oficial

DANIEL HERNÁNDEZ
El Mundo
12 de Enero de 2007

En la actualidad, los propietarios de los medios de comunicación acuden al Pacto de San José, para invocar la defensa de sus intereses particulares en nombre del ejercicio de la Libertad de Expresión.

Pero estos propietarios, como el señor Granier, suelen difundir sólo aquella parte de la legislación que les interesa, desconociendo deliberadamente y, lo que es más grave aún, mintiendo y manipulando a la ciudadanía, sobre aquellos aspectos de la ley que los condena.

Veamos.

El Artículo 13 del mencionado Pacto dice en su ordinal 1: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Esta es una de las partes que reivindican los propietarios. Sin embargo, lo hacen arrogándose el derecho de ejercer la libertad de expresión de todos. En verdad, expropian a la mayoría del derecho de difundir su propio pensamiento.

Ya ésta constituye una conducta contraria al mandato constitucional de igualdad. Los propietarios invocan también la primera parte del ordinal 2, el cual dice en extenso: "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas." El señor Granier pretende que el Estado y la sociedad acepten pasivamente una programación carente de valores humanos, que gira alrededor de la promoción del consumismo y la racionalidad mercantil. No obstante, se niega a aceptar sus responsabilidades ulteriores, derivadas de violentar los derechos de los demás, promover un golpe de Estado, crear un clima insurreccional y un ambiente de disociación sicológica de la sociedad.

El señor Granier apela al ordinal 3, que dice: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Pero es claro que, por un lado, los derechos sólo pueden reclamarse cuando se cumplen las responsabilidades. Y por otro, lo que no dice el señor Granier, es que la concesión que le otorgó el Estado venezolano para el uso de una parte del espacio radioeléctrico, por un lapso de 20 años, ha terminado. En el marco de una política de democratización de la comunicación, Rctv no tiene ningún derecho preestabecido, mucho menos cuando ha violado las disposiciones de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que le sea renovada su concesión.

El ordinal 4, del artículo citado, señala: "Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2." Los propietarios de los medios sufren de amnesia con este inciso, cuyo propósito es facultar al Estado para censurar, mediante leyes previamente establecidas, aquellos medios cuyas programaciones lesionan severamente la salud síquica, moral y la escala de valores de los niños, niñas y adolescentes. Históricamente sectores de toda la sociedad venezolana, incluida la Iglesia, la academia, los creadores, los editores, y hasta ministros del ramo e incluso, sectores de la clase media alta, han clamado por cambiar una televisión basada en la violencia, el sexo y la chabacanería. Así mismo, que todo el ordenamiento, tanto internacional sobre derechos del niño, como la Lopna, han sido sistemáticamente violados por quienes pretenden convertirse, por la vía de los hechos, en propietarios del espacio radioeléctrico. Esto sin contar con las violaciones al ordinal 5 del artículo 13 de la Cidh, que trataremos la próxima semana.








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