| El planteamiento del ex ministro, Gerver Torres, demuestra como las estatizaciones comprometen cuantiosos recursos que podrían ser utilizados por el gobierno en mejorar la infraestructura de educación, de la salud y la vial. |
Mariela León
El Universal
27 de Enero de 2007
Gerver Torres estima en $20 millardos el costo a pagar por paquete de empresas
Gerver Torres, ex presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y responsable de la privatización de la Cantv (1991), pidió al Gobierno que se "retracte" de esa "estatización perversa" que adelanta sobre la telefónica nacional y "controle el daño que le ha causado a la empresa y a la economía local".
El economista emplazó al ministro de Telecomunicación e Informática, Jesse Chacón, a debatir en forma "respetuosa y reposada" esta acción que "pone en juego la credibilidad y confianza" del país en el exterior.
Torres refirió que con esa decisión "el Estado contribuye a la fuga de capitales", pues los accionistas de la compañía "se llevarán las divisas fuera del país".
El autor del libro Un sueño para Venezuela observa que el Gobierno agiliza estos esquemas de estatización por cuatro posibles razones: el fanatismo ideológico, de "colocar los medios de producción en manos del Estado", como ocurrió con el Aeropuerto Caracas (estado Miranda).
La "necesidad de controlar políticamente a todos los sectores de la sociedad", esto incluiría la aplicación de "la lista Tascón" para aquellos que disientan en sus opiniones.
El surgimiento de "intereses económicos de particulares -extragobierno o intragobierno- en operar" la telefónica. Y la "irresponsabilidad o aventura" oficial de tomar decisiones de tanta trascendencia como éstas.
Según sus cálculos, la estatización de la Cantv, las empresas del sector eléctrico susceptibles de estatizar y las asociaciones estratégicas de la Faja, tendrían un costo aproximado para el Gobierno entre 20 y 25 millardos de dólares; equivalente a 20% del PIB, a 70% de la deuda externa y a la mitad de los recursos necesarios para cubrir el déficit de infraestructura.
Recursos estos que dejará el Gobierno de invertir en sectores prioritarios de la sociedad -precisó- como son la seguridad, salud y educación.
Esta valoración podría variar, comentó, pues el "Gobierno puede sacar provecho del daño causado. Declaraciones de los voceros oficiales que tumban el precios de las acciones".
Ganadores y perdedores
En su opinión, los que ganan con la ejecución de esta política son "los altos burócratas al ampliar el ejercicio de poder y el clientelismo político, los grupos particulares que estaban fuera del negocio" y el Estado en su afán de controlarlo todo.
Y pierden, a la vuelta de esta operación "apresurada", los trabajadores que disfrutan de un buen contrato colectivo, el público consumidor al "ver desmejorarse el servicio -por cuanto el Gobierno no dispondrá de las inversiones cuantiosas y permanentes que exige una compañía de este tamaño-, además, los usuarios no tendrán adónde quejarse, porque el regulador y el prestador del servicio estarían en manos públicas.
