RESUMEN CASO RCTV

Por Venezuela Real - 29 de Enero, 2007, 13:23, Categoría: Estado de Derecho

 Un resumen explicativo, desde el punto de vista jurídico, de como se viola el estado de derecho, al no renovar la concesión a RCTV.

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Enero 2007

RESUMEN CASO RCTV

1.-  Negar la extensión o renovación de los Títulos o de la concesión de una estación de TV o Radio como represalia por su línea editorial e informativa es una grave violación de la Libertad de Pensamiento y Expresión, la cual está expresamente prohibida por el artículo 13(3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.- Se viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de RCTV garantizado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 49(1) de la Constitución, cuando se señala que a RCTV se le negará la extensión o renovación de sus Títulos Administrativos o concesión por supuestas infracciones previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, sin que se le haya impuesto sanción alguna de carácter definitivamente firme por violaciones a esas leyes.
Sólo la comisión de una infracción de carácter grave prevista en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la consecuente imposición de una sanción de carácter definitivamente firme justificaría que no se extienda o renueve la concesión de una estación de TV o Radio. No se ha impuesto sanción alguna de carácter definitivamente firme a RCTV por infracciones a esas leyes. Por ende, no existe motivo alguno para negar la extensión de la concesión de RCTV.

3.-    Según el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en concordancia con el artículo 3 del Decreto Nº 1.577, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.726 del 27 de mayo de 1987, RCTV tiene un derecho a que su concesión se extienda por 20 años más, hasta por lo menos el año 2022.  Este derecho de extensión está protegido y garantizado por el Art. 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

4.-    Según la tesis expuesta públicamente por el Ejecutivo Nacional, las concesiones de televisión y de radio otorgadas antes de 1987, lo cual incluye a VTV, Venevisión y la casi totalidad de las emisoras de radio en amplitud modulada (AM), se vencerían el 27 de mayo de 2007.  A partir de esa fecha, la existencia de todas esas estaciones quedaría en manos de la decisión arbitraria del Ejecutivo Nacional.

5.-    Si se extienden o renuevan sólo algunas de esas concesiones de radio y televisión y no se extienden o renuevan las concesiones de RCTV y de las restantes estaciones de radio y TV, el Ejecutivo Nacional habría violado el derecho a la igualdad de RCTV y de todas las demás estaciones de radio y TV garantizado por el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el artículo 21 de la Constitución y por el propio ordinal 1 del artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ya que se habría discriminado ilegalmente a RCTV y a las restantes estaciones de radio y TV.



I
Violación a la Libertad de Pensamiento y Expresión de RCTV garantizada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Según el artículo 13(3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales [...] de frecuencias radioeléctricas". Asimismo, el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que "el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley".

Es incuestionable que la decisión de impedir que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta se debe a la línea editorial e informativa de carácter crítica, independiente y pluralista que ha mantenido con relación a ciertas actuaciones del Ejecutivo Nacional. En otras palabras, se está castigando a RCTV por su línea editorial e informativa. En una sociedad democrática donde rige el Estado de Derecho, no se puede cerrar, revocar o negar el otorgamiento, la extensión o renovación de una concesión de una estación de televisión o radio porque su línea editorial o informativa no sea del agrado del Gobierno de turno. Por ende, según el artículo 13(3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Ejecutivo Nacional está obligado a permitir que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta.


II
Se ha violado el derecho al debido proceso y a la defensa de RCTV al afirmar que ha cometido infracciones sin que le haya aplicado sanción alguna:

    Para justificar su decisión de impedir que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta, el Ejecutivo Nacional ha señalado que RCTV ha violado la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

    Debemos advertir que para que se pueda impedir que una estación de televisión abierta o radio siga funcionando es necesario que esa estación haya cometido graves infracciones a la normativa de telecomunicaciones y que se le hayan impuesto sanciones de carácter definitivamente firme. En ese sentido, debemos advertir que RCTV no ha sido objeto de sanción alguna de carácter definitivamente firme por violación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

    Por ende, negar los derechos de RCTV a la extensión de su concesión sobre la base de esas supuestas infracciones, constituye una violación del derecho al debido proceso y a la defensa garantizados por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 49(1) de la Constitución ya que se castiga a RCTV sobre la base de conclusiones arbitrarias de algunos funcionarios públicos.


III
RCTV tiene un derecho a que su concesión se extienda por 20 años más:

    El Ejecutivo Nacional ha invocado el Decreto Nº 1.577 publicado en la Gaceta Oficial del 27 de mayo de 1987 para fundamentar su decisión de impedir que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta.  En ese sentido, es necesario advertir que el Ejecutivo Nacional ha tergiversado en forma maliciosa el sentido y alcance del Decreto Nº 1.577.  En efecto, según el artículo 4 del Decreto Nº 1.577, se otorgaba a cada una de las plantas televisoras existentes para ese momento (RCTV, Venevisión y VTV) una concesión con una duración de 20 años contados a partir de la publicación de ese Decreto.  No obstante, el Ejecutivo Nacional ha ocultado que el artículo 3º del Decreto Nº 1.577 obliga al Ejecutivo Nacional a extender esas concesiones por 20 años adicionales una vez que haya transcurrido el plazo inicial, siempre que las plantas televisoras hayan cumplido con las regulaciones en materia de telecomunicaciones.

Dado que RCTV no ha sido objeto de sanción alguna de carácter definitivamente firme por infracciones graves a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, es incuestionable que RCTV tiene un derecho adquirido a que su concesión se extienda por 20 años adicionales.  Por ende, sólo nos queda determinar a partir de cuándo se comenzarían a contar esos 20 años adicionales.

Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se inició un proceso de transformación de las antiguas concesiones en los títulos previstos en la nueva legislación.  Según el artículo 210(4) de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuando se realizara la transformación de las antiguas concesiones, los nuevos títulos debían respetar "el objeto, la cobertura y el lapso de vigencia" de las antiguas concesiones.  En otras palabras, los nuevos títulos debían respetar el derecho adquirido a la extensión de su concesión por 20 años adicionales que el artículo 3° del Decreto Nº 1.577 otorgó a RCTV.

Según el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el proceso de transformación de las antiguas concesiones en los nuevos títulos administrativos debía finalizar el 12 de junio de 2002.  Para ese momento, el Ministerio de Infraestructura ha debido emitir los nuevos títulos de RCTV y aplicar inmediatamente la extensión de 20 años que establece el artículo 3º del Decreto Nº 1.577; por lo cual, el Ministerio de Infraestructura ha debido emitir los nuevos títulos de RCTV, con fecha de vencimiento el 12 de junio de 2022.

El Ejecutivo Nacional ha sostenido que la antigua concesión de RCTV no debió extenderse por 20 años a partir del 12 de junio de 2002, sino que finalizaría el 27 de mayo de 2007. Si el Ejecutivo Nacional tuviera razón, eso sólo haría que la extensión de 20 años se aplicaría a partir de esa fecha, por lo cual la concesión de RCTV tendría que extenderse hasta el 27 de mayo de 2027.  En otras palabras, si se adoptara la tesis del Ejecutivo Nacional y se respeta el contenido íntegro del Decreto Nº 1.577, el derecho de RCTV a seguir operando como estación de televisión abierta se extendería por 5 años más que bajo la tesis que sostiene RCTV.  No obstante, el Ejecutivo Nacional manipula a la opinión pública ya que oculta la existencia de ese derecho a la extensión de la concesión de RCTV.

Para evitar el reconocimiento de los derechos de RCTV, el Ministerio de Infraestructura se negó a finalizar la transformación de la antigua concesión de RCTV; incurriendo en una mora de más de 4 años de sus obligaciones legales.  El Ministerio de Infraestructura y ahora Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática están conscientes que si se cumple con el deber legal de transformar la antigua concesión de RCTV, se tendría que ratificar el derecho de RCTV a seguir funcionando como estación de televisión abierta.  Asimismo, es necesario denunciar que el Ejecutivo Nacional tampoco ha transformado las concesiones de las restantes estaciones de televisión y radio, salvo el caso de Venevisión, lo cual las coloca en una situación de grave incertidumbre en relación a su situación legal.

Por otra parte, desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Ministerio de Infraestructura, CONATEL y todas las autoridades competentes han reconocido que RCTV es una estación que opera legalmente bajo el marco de la nueva legislación.  En efecto, RCTV ha venido pagando cabalmente todos los nuevos impuestos, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en la nueva legislación y ha participado en todas las consultas públicas efectuadas por CONATEL para la implementación de las nuevas regulaciones en materia de televisión.  De esa forma, el Ejecutivo Nacional ha reconocido la condición de RCTV como un operador que goza de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Por otra parte, es necesario resaltar que el Decreto Nº 1.577 también se aplicaría a todas las emisoras de radio de Venezuela que fueron autorizadas antes de la entrada en vigencia de ese Decreto; es decir, casi la totalidad de las estaciones de AM.  Así, si la tesis del Ejecutivo Nacional fuera cierta, el 27 de mayo de 2007 se extinguiría el derecho de todas esas estaciones de radio a seguir operando.  Por ende, el 28 de mayo de 2007 la banda AM amanecería silenciada en toda Venezuela, salvo en aquellos casos en que el Ejecutivo Nacional, arbitrariamente, decida extender o renovar los títulos de aquellas emisoras que le sean afines políticamente. Ante ese riesgo, RCTV quiere señalar que esas estaciones también tienen el derecho a que se extiendan sus títulos hasta, por lo menos, el año 2022.

Si se extienden o renuevan sólo algunas de esas concesiones de radio y televisión y no se extienden o renuevan las concesiones de RCTV y de las restantes estaciones de radio y TV, el Ejecutivo Nacional habría violado el derecho a la igualdad de RCTV y de todas las demás estaciones de radio y TV garantizado por el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el artículo 21 de la Constitución y por el propio ordinal 1ro. del artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ya que se habría discriminado ilegalmente a RCTV y a las restantes estaciones de radio y TV.






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