El poder habilitante

Por Venezuela Real - 31 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Política Nacional

 De ilusiones como las del doctor Maza Zavala, también se vive, mientras cuida de no cuestionar el deseo presidencial de gobernar por decreto.

D. F. Maza Zavala
El Nacional
31 de Enero de 2007   


La Asamblea Nacional le ha concedido al Presidente de la República poderes extraordinarios en la forma de una Ley Habilitante. En varias oportunidades los gobernantes venezolanos han solicitado y obtenido tales poderes.

Una oportunidad comparable con la actual fue cuando Carlos Andrés Pérez inició su mandato presidencial (1974): bonanza petrolera, auge político, la "Gran Venezuela", más de un millar de decretos y otras disposiciones principalmente en asuntos económicos, financieros y administrativos. El presidente Chávez habla de recurrir a poderes extraordinarios en oportunidad anterior. Las circunstancias actuales son parecidas a las del gobierno de CAP: bonanza petrolera, auge político, revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI.

En ambos casos la emergencia se combina con el propósito de acelerar procesos de cambio.

En el primer caso, el poder legislativo era plural (oficialismo y oposición), en el presente, dicho poder es monocolor, oficialista. Es paradójico que si esta es la realidad (Iris Valera reclamó la presencia de la oposición en el Parlamento) los actos de legislación sean lentos, pues tal es la explicación de la Ley Habilitante.

El presidente Chávez desea legislar mediante decretos con fuerza de ley en cuatro a diferentes materias : petróleo, finanzas, moneda, tributación, régimen fiscal, remuneraciones laborales, entre otras. Según se ha definido, ha pasado la etapa de la transición (8 años) y comienza la de aceleración del cambio revolucionario en los 6 años que durará el mandato surgido de la reciente elección. En la perspectiva está una reforma constitucional que puede ser tan profunda que lleve hasta una nueva Constitución. Mientras ello tenga lugar, se promul garán leyes según las facultades habilitantes.

Problemas de mucho alcance se plantean en este proceso; lo fundamental es, sin duda, cuánto y cómo se va a transformar la realidad nacional, no sólo la institucionalidad sino también la estructura de la economía, de la sociedad y del Estado. Ello implica necesariamente una nueva conciencia nacional, un nuevo país, un nuevo modo de vivir, una nueva cultura. En lo económico sería la conversión de un sistema de mercado o capitalista en otro que podría definirse como colectividad o socialista.

Sin embargo, la esencia de cualquier transformación consiste en desarrollar una base económica equilibrada, que combine orgánicamente la actividad petrolera con otras fuentes reproductivas, sostenibles, progresivas de riqueza, teniendo en cuenta que el potencial petrolero está sujeto a contingencias con tendencia a la declinación en el largo plazo. Si puede lograrse que el petróleo sirva tanto para financiar esa conversión como para su industrialización múltiple en el país, en conexión con otras actividades (energía renovable, agricultura, minería, explotación forestal, manufactura, servicios) el proceso de cambio sería exitoso.

No puede estar al margen de éste un patrón distributivo de la riqueza, que asegure el bienestar básico de toda la población en cuanto a nivel y calidad de vida en su acepción dinámica e integral. Ningún cuerpo de ideas, valores, actitudes, en lo individual y en lo colectivo, puede desenvolverse positivamente en una situación de pobreza, desigualdad socioeconómica, inseguridad física y social, exclusión de grupos humanos e inestabilidad material.

Los procesos históricos muestran, por lo general, que es más difícil el cambio social, ético, de conciencia, que el cambio económico real.

En cuanto a este, hay que señalar que es posible realizar una estructura múltiple en la cual convivan diferentes modos de producir, desde la que requiere gran dimensión y alta tecnología hasta la doméstica, pasando por formas de organización tales como la comunitaria, la cooperativa, la microempresa, la estatal, entre otras.

Lo requerido es que haya participación efectiva de todos los miembros de la sociedad en aptitud de trabajar, por lo que la creación de riqueza se constituya en un proceso social, que no excluye la iniciativa individual, la creatividad, el afán de superación, la identiticación del trabajador con la unidad de producción.

Debe perseguirse que la explotación de la fuerza de trabajo para enriquecimiento de unos pocos sea prehistoria en una sociedad realmente justa, equilibrada, democrática, integrada y que se autogobierne, sin imposiciones extrañas a su voluntad.





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