LUISA ESTELLA MORALES considera que la Carta Magna permite un reordenamiento territorial

Por Venezuela Real - 9 de Febrero, 2007, 16:01, Categoría: Política Nacional

 La farsa institucionalizada supera el funcionamiento independiente de las instituciones.

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
09 de Febrero de 2007    

• "Si el Presidente se excede al cambiar la Constitución, el TSJ aplicará correctivos"

La presidenta del máximo tribunal niega que su incorporación al Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional la haya convertido en asesora de Chávez y la inhabilite para juzgar los cambios. Explicó que hay que esperar hechos concretos para determinar si procede la reforma o la constituyente. No cree que la habilitación concedida al Presidente desborde el marco constitucional

Apenas había transcurrido dos minutos y 26 segundos de conversación cuando repicó uno de los dos teléfonos celulares (el más sencillo) que la magistrada Luisa Estella Morales tenía en su escritorio, entre muchos documentos, libros y una media docena de cajitas de madera.

–Disculpa, pero este teléfono debo atenderlo, dijo Morales.

–Por supuesto magistrada, puede ser el Presidente de la República– se le comentó, a modo de broma. En efecto, a esa hora, a las 10:30 de ayer, Hugo Chávez se comunicó con Morales para felicitarla por su designación como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

La casualidad facilitó aclarar la supuesta vinculación entre Chávez y Morales que podrían debilitar el principio constitucional de separación e independencia de los poderes públicos. Tales rumores se incrementaron luego del pasado 17 de enero, cuando Luisa Estella Morales fue designada y juramentada como secretaria ejecutiva del Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución; la instancia que asesorará a Chávez para que ejerza la iniciativa de modificar la Carta Magna en función del sistema socialista que está en construcción.

Lo político y lo jurídico

–Si vamos hacia un Estado socialista y ello implica una transformación radical de las instituciones venezolanas, ¿procede la reforma o la asamblea nacional constituyente?
–Hay criterios políticos que no concuerdan con lo jurídico. La denominación socialista corresponde a un criterio político. Habría que ver cuáles son las normas que soportan la creación de un Estado socialista. Hasta ahora no las hemos visto. Se ha dicho que vamos hacia un Estado socialista; pero a un socialista sui generis.

Pareciera que lo que está planteado no es exactamente igual al marxismo, a lo que conocemos del socialismo. Habría que analizar si hay cambio de normas y si ello viola el espíritu, propósito y razón del constituyente de 1999. Yo, en lo personal, todavía no he visto una descripción precisa del socialismo que se adoptaría en Venezuela.

Sólo después de la concreción de tales propuestas, correspondería a la Sala Constitucional del Tribunal determinar si hubo excesos en la reforma planteada.

–Si, en definitiva, el pueblo aprueba los cambios a la Constitución promovidos por Chávez, ¿la Sala Constitucional podría corregir irregularidades en el desarrollo del proceso, y específicamente que se haya utilizado la reforma cuando lo procedente era la convocatoria a una asamblea nacional constituyente?
–Repito, la función de la Sala Constitucional es velar por la integridad de la Constitución.

–¿Cómo queda la tesis de la supraconstitucionalidad del poder constituyente originario?
–Si un acto nace de una forma espúrea, ese acto es nulo. Lo que nace nulo es nulo. Si en una reforma se va más allá de lo permitido por la propia Constitución y se alteran aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico, indudablemente ese acto no se puede convalidar.

–¿Para eso, usted fue incorporada al Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional? ¿Para decirle a Chávez lo que puede hacer y lo que no?
–Así es. Ese es el papel formativo y de protección de la Sala Constitucional. A veces es necesario aportar elementos técnicos al debate. Por ejemplo, yo he llevado a ese consejo las pautas interpretativas que ha fijado la Sala Constitucional en materia de modificación de la Carta Magna.

¿Su participación en el referido consejo no la convierte en juez y parte? Parte, porque participó en la elaboración de la propuesta de cambio constitucional; y juez, porque eventualmente le correspondería evaluar jurídicamente esa misma propuesta? ¿Hasta dónde es asesora de Chávez y hasta dónde es presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional?
–No, no soy asesora de Chávez.

Yo soy defensora de la Constitución. Mi función allí es defender la Constitución. Yo saludo con mucha satisfacción el hecho de que se le haya dado espacio a la Sala Constitucional y al Poder Judicial para estar atentos a lo que allí ocurra.

Nosotros no tenemos influencia en la decisión que vaya a tomar el Ejecutivo al momento de presentar su proyecto de reforma. Allí, simplemente, se discute cuáles son los límites de la reforma, los aspectos técnicos.

–Usted no parece ser una invitada más, pues fue designada secretaria ejecutiva del equipo, está encargada de recabar y organizar toda la información, así como de coordinar los equipos de trabajo. Además, hay un compromiso de confidencialidad. ¿Todo eso no es demasiado compromiso con Chávez?
–Mi función es estrictamente técnica y la referencia a la confidencialidad obedece a la necesidad de evitar discusiones inútiles acerca de qué se debe reformar o no.

Allí se intercambian puntos vista: algunos pudieran ser constitucionales y algunos pudieran ser inconstitucionales. Si, dentro de ese esquema, el Presidente, al que le corresponde ejercer la iniciativa de reforma, se excediere, nosotros en el Tribunal Supremo, y específicamente en la Sala Constitucional, estamos en plena libertad de aplicar los correctivos. Pero tenemos que esperar hechos concretos. La exposición de mi criterio jurídico no puede considerarse un adelanto de opinión.

¿Pudiera completar esta oración?: Si Chávez se excediera en la modificación de la Constitución...
–...La Sala Constitucional podría controlar al Presidente de la República en ese exceso que pudiera dañar la Constitución.

–¿Ese control implica la posibilidad de revertir los cambios que se hayan hecho a la Carta Magna?
–Si se comprobaran violaciones de la Constitución, estaríamos frente a una nulidad. La sala está plenamente facultada para declarar la nulidad de cualquier acto inconstitucional.

Poderes y territorio, nuevos paradigmas

La concesión de facultad legislativa al presidente Chávez en 11 ámbitos genéricos podría interpretarse lo mismo que la emisión de un cheque en blanco por parte de la Asamblea Nacional.

"No creo que esta habilitación se haya salido del marco constitucional, porque está expresamente establecida en la Constitución. Uno de los grandes adelantos de la Constitución de 1999 es romper el tabú de la división de los poderes; ese paradigma estricto y rígido según el cual un poder está separado del otro sin que exista ningún tipo de comunicación. Existen materias en las que el Presidente tiene potestad reglamentaria, pero le podría faltar una norma más general: una ley. Y a través de decretos-leyes, el Ejecutivo puede desarrollar acciones para cumplir con los fines del Estado".

–¿Cuáles son los límites?
–Existe una reglamentación y yo creo que debe analizarse si la Habilitante está dentro de los límites. Yo no quisiera anticiparme porque existe una acción ejercida ante la Sala Constitucional precisamente sobre ese asunto.

Luisa Estella Morales es una mujer de la provincia que, como muchos, considera que Caracas no es Venezuela. Desde su punto de vista, en la Constitución de 1999 tienen cabida los planes de reordenamiento del territorio mencionado por el Presidente de la República "para elevar la revolución socialista bolivariana".

"La Constitución, en el artículo 16, establece perfectamente la organización del poder público desde el punto de vista territorial: estados y municipios. Pero incluye territorios federales, distintos a los establecidos en la Constitución de 1961, pues obedecen a un criterio de planificación en función de las características propias de cada región".

–¿Se refiere a los ejes de desarrollo promovidos por Chávez?
–Insisto, a veces los políticos utilizan términos que no son estrictamente jurídicos. Pareciera que los territorios federales establecidos en la Constitución de 1999 tienen que ver con lo que se ha llamado desarrollo endógeno. Eso es bastante racional y lo hemos visto en otros países. En Italia, por ejemplo, los entes de desarrollo agrario están determinados por las potencialidades económicas de cada región, lo cual incluye previsiones en todas las etapas de la producción de un bien o servicio, con el fin de cumplir con otras pautas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso venezolano, de la seguridad agroalimentaria.

Yo vengo de Yaracuy, donde hay producción agrícola y pecuaria.

Sin embargo, los productos no llegan al consumidor. Yo creo que si se planifica por regiones, se va a racionalizar aún mejor.

Por ejemplo, al estado Bolívar no podemos exigirle que produzca alimentos, pues su fortaleza está en la industria pesada.

–¿Ello significará la modificación del mapa, la eliminación o creación de estados y municipios?
–Yo creo que en el pasado reciente han ocurrido otras modificaciones que no han sido las más afortunadas. Yo hablo de lo que conozco. El municipio San Felipe abarcaba Cocorote, Veroes, Independencia. Hoy día son cuatro municipios que aumentan la carga administrativa para el Estado y una burocracia ineficiente y diluida. Cuando ocurrió esa división o subdivisión, que yo llamo atomización del municipio, fue aceptada porque el propósito no era asegurar el desarrollo de acuerdo con el potencial de cada región, sino obtener la mayor cantidad de recursos del presupuesto nacional. Ahora, la visión política del Estado venezolano pareciera ser lo que han denominado desarrollo endógeno. Aunque le corresponde a los planificadores del Ejecutivo, yo creo que hay que racionalizar la situación para evitar el empobrecimiento de los productores, la actuación inescrupulosa de intermediarios que acaparan o especulan y, en definitiva, el hambre de la gente.

–En su opinión, ¿es excesivo el número de municipios que actualmente existen, los 335 gobiernos locales?
–No se pueden hacer afirmaciones generalizadas ni apriorísticas. Yo creo que se deben analizar las características de cada municipio, de sus potencialidades económicas.

–¿La creación del poder comunal, en los términos referidos por Chávez, podría causar más atomización?
–A diferencia del ordenamiento territorial, ese tipo de planteamientos no tienen consagración constitucional ni legal. Son propuestas y habría que esperar su concreción para analizarlas.









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