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Por Venezuela Real - 14 de Febrero, 2007, 10:56, Categoría: Dimensión Social

DORIS BARRIOS
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14 de Febrero de 2007

• Damnificados de Vargas viven en incertidumbre
• Claman por la firma de un documento de protocolización

Guatire. A siete años de la vaguada de Vargas, 250 familias damnificadas por esta tragedia y reubicadas por el Gobierno Nacional en igual número de apartamentos en la urbanización Nueva Casarapa de Guarenas, viven en la incertidumbre, porque no tienen un documento que indique que son propietarios o que están en trámites de adquirir los inmuebles otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), en calidad de créditos habitacionales.

Irene Bigott y Mireya Ravelo, miembros de la Asociación Vargas 99, informaron que cuando el Presidente de la República Hugo Chávez Frías entregó los apartamentos, Fondur se comprometió, a través de un documento Promesa de Compra-Venta, a realizar la protocolización en un lapso no mayor de seis meses.

"Este papel que nos entregó Fondur sólo es una promesa entre las partes de realizar un documento compra-venta, que debe ser protocolizado para así poder realizar trámites posteriores. Debido a esta situación, no hemos podido optar a un crédito o subsidio", indicó Bigott.

Los damnificados de Vargas, residenciados en Nueva Casarapa, indicaron que también hay que investigar que pasó con la Promotora Solidaridad, responsable de llevar el caso y tramitar los documentos ante Fondur, porque más nunca se ocupó de ellos y se "pintó de colores". Aseguraron que han agotado todas las instancias del gobierno local, regional y nacional para que los ayuden, pero no han obtenido una respuesta. Dijeron también que han pagado las cuotas de los apartamentos en las oficinas de Fondur, que oscilan entre 150 y 200 mil bolívares mensuales. Advirtieron que de seguir la irregularidad con la firma del documento de protocolización "no cancelaremos ni una puya más".

Irene Bigott le hizo un llamado al Presidente de la República para que los ayude con urgencia. Detalló que 60 por ciento de las personas damnificadas de Vargas, que vive en Nueva Casarapa, es de la tercera edad y que algunos tienen serios problemas de salud. Temen perder todo y volver a quedar en la calle.

SE SIENTEN BURLADOS
Los 250 damnificados de Vargas, beneficiados por el programa de adjudicación de viviendas del gobierno nacional en la urbanización Nueva Casarapa de Guarenas, indicaron que se sientan burlados por este gobierno. Recordaron que el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza: "Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluya hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que estas, y especialmente las de las escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación".

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