El Universal
17 de Febrero de 2007
Caracas.- El gobierno nacional aprobó hoy la Ley para la Defensa Popular que tendrá como objeto "establecer las acciones y mecanismos de defensa del pueblo venezolano contra conductas ilícitas que afecta el consumo y adquisición de alimentos".
Su función principal será la de luchar "contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios", indicó una nota emanada del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
La nota de prensa señala que este nuevo instrumento legal nace de la necesidad de "contener los apetitos especulativos de empresarios inescrupulosos que se aprovechan del pueblo para incrementar los costos de los alimentos y de otros bienes y servicios".
Entre las sanciones que contempla esta Ley está las del decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios por el Estado, en caso de que el establecimiento o local cierre y se niegue a la venta con precio regulado, o incurra en acaparamiento.
Asimismo, se prevén acciones como el cierre temporal y multa "cuando se altere la calidad y el precio de los productos".
Tal como se había anunciado se le confiere a los Consejos Comunales la tarea de conformar Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, los cuales tendrán en sus manos, en coordinación con el Gobierno Nacional, la fiscalización de las regulaciones estipuladas.
La ley establece que estos Comités también reconocerán en asamblea de ciudadanos "la honestidad de aquellos expendedores que se ajusten a los precios regulados y vendan los alimentos al pueblo".
