Ley contra el Acaparamiento refuerza amenazas contra el sector productivo

Por Venezuela Real - 26 de Febrero, 2007, 14:08, Categoría: Economía

 La ley, lo que sí va a lograr, es que se incremente la escasez de productos de primera necesidad. Es conveniente recordarle a este gobierno tan anticapitalista, que le pide a los productores que vendan sin utilidad, por que no continúa regalando la gasolina barata, despúes de todo el petróleo es del pueblo no del estado.

KATIUSKA HERNÁNDEZ
El Nacional
26 de Febrero de 2007    

Más de 90.000 ganaderías, 300 mataderos y frigoríficos y 8.300 puntos de venta, además de las agroindustrias nacionales y transnacionales, son evaluadas con la nueva Ley contra el Acaparamiento y la Especulación. El Estado prepara un plan para tomar el control de los comercios y mayoristas si se detectan irregularidades

La Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot, y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos sometidos a control de precios, establece severas sanciones contra el sector productivo que amenace la paz social y la estabilidad de las instituciones democráticas.

Según este instrumento legal, las sanciones y penas máximas contra los especuladores, acaparadores o para quienes alteren de forma fraudulenta los precios de los alimentos, realicen contrabando de extracción o sean acusados de boicot, serán de 2 años a 6 años de prisión y deberán pagar desde 130 unidades tributarias (4,8 millones de bolívares) hasta 20.000 unidades tributarias (752,6 millones de bolívares). Cada unidad representa 37.632 bolívares.

No obstante, el artículo 25 de la ley establece que cuando alguno de estos delitos afecte la paz social del país, e incluso atente contra la estabilidad de las instituciones democráticas, las penas y multas aumentarán al doble.

"Serán aumentadas en el doble las penas establecidas para las conductas tipificadas, cuando éstas tengan por objeto afectar la seguridad integral de la Nación, desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma que amenace la paz social", reza el mencionado artículo.

Por ejemplo, si un comerciante es condenado a pagar 2 años de prisión y se le impone una multa de 11.000 unidades tributarias (413,8 millones de bolívares), pero su conducta delictiva, bien sea de acaparamiento, boicot, especulación o contrabando, generó disturbios o hechos que alteraron la paz social, puede recibir el doble de la condena y pasar 4 años de prisión, además de pagar más de 827 millones de bolívares en multa.

Igualmente, el Gobierno tiene la potestad de ocupar y expropiar tanto industrias, comercios y centros de producción, como lo establece el artículo 4 de la ley: "El Ejecutivo podrá, sin mediar otra formalidad, iniciar la expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberanía alimentaria".

El sector privado atento

Aunque el detonante para aprobar la Ley contra la Especulación fue la crisis generada por la venta de carne de res y pollo con sobreprecio y los casos de acaparamiento de azúcar, su aplicación impactará a todo el sector productivo que elabora o comercializa alimentos controlados. Desde agricultores hasta grandes industrias y cadenas de supermercados están en la mira del Gobierno.

"Quedan sujetas a las normas del presente Decreto-Ley, las personas naturales o jurídicas, venezolanas o extranjeras, que se dedican a las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios", dice el artículo 3.

Según datos de la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales (Asofrigo), en el caso de la cadena cárnica intervienen en el proceso 90.000 unidades de producción o centros ganaderos, 44 frigoríficos y mataderos industriales, 250 salas de matanza de animales, 1.300 puntos de venta de cadenas y supermercados y más de 7.000 carnicerías y abastos.

Sólo en el sector comercial de alimentos y productos de consumo masivo (artículos de tocador, de limpieza del hogar, autoservicios y otros) se calcula que las ventas anuales llegan a superar los 34 millardos de dólares, según estadísticas presentadas por la empresa AC Nielsen de Venezuela en el foro de la Asociación Nacional de Supermercados. Este estudio indica que del total del consumo de productos masivos en Venezuela, 30% se realiza a través de establecimientos tipo autoservicio que incluye cadenas de supermercados, hipermercados, supermercados independientes, tiendas de conveniencia y farmacias. Mientras que 70% de las ventas se efectúa en negocios tradicionales como bodegas o abastos familiares, mercados municipales, pequeñas tiendas y otros establecimientos comerciales.

La posición asumida por los integrantes de la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA), que representan 17% del sector comercial de alimentos en el país, fue la de vender todos los productos con precios regulados, pese a que se genera una pérdida económica sustancial.

"Así estemos perdiendo dinero nosotros hemos decidido acatar la regulación de precios y ahora respetar la Ley contra el Acaparamiento y la Especulación", afirmó el director ejecutivo de ANSA, Luis Rodríguez.

Se calcula que el margen de ganancia de los supermercados varía entre 4% y 5% del total de las ventas. De cada 100 bolívares que un cliente paga en un supermercado, 17,40 bolívares van dirigidos a cubrir estos costos operativos que incluyen: nómina, servicios públicos (luz, agua, gas), impuestos municipales, mantenimiento y reparación, dotación de uniformes, alquileres, condominios, refrigeración, comisiones de tarjetas de crédito y ticket alimentación, servicios contratados (seguridad), publicidad y mercadeo. Además, el sector genera cerca de 150.000 empleos directos y 420.000 indirectos.

Rodríguez considera que si una cadena de supermercados está cumpliendo con la venta oportuna, continua y a precios regulados de los alimentos no hay motivos para temer la expropiación o confiscación de la mercancía como se prevé en la ley.

"La ley está hecha para que la cumplamos. Si nosotros mantenemos los alimentos con los precios controlados y además garantizamos el abastecimiento de los productos de primera necesidad no hay motivos para las multas", confió Rodríguez.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Pablo Baraybar, dijo que pese a que algunos productos no han experimentado variación de precios en más de 33 meses (tiempo en el cual los insumos, salarios y servicios reportan alzas de precios), las industrias han mantenido el abastecimiento y la calidad de los productos.

"Para nosotros en Cavidea cualquier medida que se aplique para que no haya escasez es positiva y la apoyamos. Nosotros nunca hemos dejado de producir ni suministrar los alimentos de primera necesidad", afirmó Baraybar. Agregó que las industrias de alimentos están apostando al país.

Comentó que los inventarios de alimentos han disminuido porque la demanda ha sido mayor que otros años. Sin embargo, los 20 días de inventario que maneja la industria de alimentos actualmente permiten garantizar el abastecimiento y el suministro oportuno de los productos a la red de comercios.

"En productos como mayonesa, salsa de tomate y margarina el inventario supera los 20 días; no hay escasez. En otros productos como aceite vegetal, el inventario es de 10 días, renovándose continuamente. En el caso de la harina precocida, los despachos de la industria al sector comercial son diarios; y en otros como la leche que es importada y la sardina que tiene problemas porque se ha reducido la pesca, los inventarios son menores, pero estamos garantizando el abastecimiento".

El dilema del pequeño

Detrás del mostrador de los medianos y pequeños comerciantes del mercado municipal de Quinta Crespo la situación con la Ley contra el Acaparamiento tiene otra óptica: la de seguir vendiendo para sobrevivir y además tratar de que no se les quite las concesiones.

Ricardo Pestana, quien comercializa productos lácteos en este mercado, comenta que con la nueva regulación de precios que establece que todos los tipos de leche, bien sea completa, descremada, con extracalcio o vitaminas, debe venderse a un máximo de 10.670 bolívares, se puede presentar cierta escasez.

"Al fijar el mismo precio a los distintos tipos de leche los mayoristas nos están advirtiendo que habrá escasez. Antes sólo se reportaban fallas de la leche completa, ahora será con todas las presentaciones y tipo. Resulta que por la falta de leche en polvo se ha disparado la demanda de leche líquida de larga duración que, en promedio, ha experimentado un alza de precios de 15%", advierte.

Pestana explica que así como algunos carniceros están compensando las pérdidas que tienen con los cortes parrilleros de carne como lomo, lomito, solomo de cuerito y punta trasera que varía entre 19.000 bolívares y hasta 24.000 bolívares, sería oportuno que en el sector lácteo también se liberaran los precios de las leches más elaboradas y con preparaciones especiales como las ligeras, extracalcio y con vitaminas para compensar el costo de la regulación.

Igualmente, José Peña, vendedor de pollo en este mercado, señala que el producto lo compra al mayor en 4.450 bolívares el kilogramo para venderlo en 4.550 bolívares, para una ganancia de 100 bolívares por unidad que se diluye entre la bolsa (50 bolívares) y la pérdida por agua y pellejo que se excluye del producto.

"Yo también vendo huevos de codorniz y conejo para tratar de compensar las pérdidas que ahora tengo con el precio del pollo. Yo estoy prácticamente trabajando a pérdida, pero si no trabajo puedo perder la concesión en el mercado.

Esa es la voz que se ha corrido", comentó.

Explicó que en la semana que regularon los precios del pollo sus ganancias fueron apenas de 22.000 bolívares y no pudo cumplir completo con el pago de los 400.000 bolívares a sus empleados. "Tengo tres hijos, pago colegio y además tengo que pagar el condominio del mercado, los servicios y los gastos del hogar. No es igual que el Gobierno calcule los precios desde un escritorio que se vengan para acá a trabajar a conocer la realidad que sufrimos", relató Peña.






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