Organizaciones de Derechos Humanos expresan preocupaciones por la Ley Habilitante

Por Venezuela Real - 26 de Febrero, 2007, 11:31, Categoría: Derechos Humanos

Foro por la Vida
24 de Febrero de 2007

COMUNICADO

Organizaciones de Derechos Humanos expresan preocupaciones por la Ley Habilitante

El Foro por la Vida, Coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresa honda preocupación por la extensión y contenido de la Ley Habilitante sancionada por la Asamblea Nacional el 31 de enero.

El contenido de la Ley Habilitante presenta deficiencias que permiten afirmar que no es apegado a la Constitución vigente (Arts.  203, 236-8), pues la habilitación otorgada al Ejecutivo es de tal magnitud que prácticamente se le constituirá en el legislador ordinario, al menos en el principal legislador durante un muy prolongado período de tiempo (año y medio).  La principal justificación que se ofrece es que supuestamente el pueblo lo quiere, lo demostró en las elecciones en que reeligió al Presidente y la Asamblea interpreta al pueblo.  (Tomado del discurso de los diputados en primera discusión de f echa 18 de Enero de 2007) En la Ley Habilitante se enumeran 11 ámbitos, cada uno de los cuales contiene una gama tan amplia de materias, que es difícil imaginar materias que no pudieran estar incluidas en alguno.  Materias objeto de reserva legal, y de regulación por ley orgánica, tales como el establecimiento de delitos y penas, regulación sobre derechos humanos; modificación de importantes textos normativos para las libertades públicas como los códigos civil y mercantil, están todos abarcados por la Ley Habilitante, entre muchísimos otros.  Los ámbitos referidos son: transformación de las instituciones del Estado, participación popular, valores esenciales del ejercicio de la función pública, económico y social, financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, seguridad y defensa; infraestructura, transporte y servicios; y energético.  En estos ámbitos las normas serán producidas por el Ejecutivo, sin garantías de debate plural, ni de participación.  La definición jurídica de los destinos del país estará en manos del Ejecutivo y no del Legislativo como debe ser en un sistema democrático.

En igual medida nos preocupa que las máximas autoridades del Poder Judicial de antemano se hayan pronunciado de manera favorable a la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Nacional; en tal sentido los pronunciamientos públicos del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ parecen indicar que de antemano está cerrada la vía jurisdiccional para quienes pretendan demandar la inconstitucionalidad de la Ley Habilitante o de alguno de los decretos-leyes que se dicten en ejecución de la misma.  Ante esta situación se considera importante recordar que:

1.  La Constitución venezolana establece la posibilidad de que el Poder Legislativo, a través de una ley habilitante, delegue en el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de dictar normas con el rango y la fuerza de las leyes, es decir, para que dicte Decretos-Leyes (Art.  203 Constitución de 1999).  Sin embargo, se trata de facultades excepcionales, no ordinarias.  La delegación tiene importantes y graves implicaciones para los ciudadanos y el ejercicio de su derecho a la participación, pues su consecuencia inmediata es la supresión del debate público por el mecanismo constitucionalmente establecido; por lo que estas facultades deben ser interpretadas de manera restrictiva y no amplia.

2.  La función legislativa y la ejecutiva deben ser ejercidas por órganos diferentes del Estado, esto se fundamenta en la necesidad de que exista separación de poderes, es decir, que el Poder Público no esté concentrado en un solo órgano (menos aún en una sola persona), y que exista equilibrio y mutuo control entre los distintos órganos que ejercen el poder, para evitar, contener o reorientar, la tendencia al ejercicio abusivo del poder, que plantea su acumulación irrestricta.

3.  Lo ordinario es que las normas con fuerza y rango de ley sean dictadas por el Legislativo, porque es el órgano que ofrece mayores garantías a los ciudadanos, pues el proceso de formación de las leyes en su seno está definido constitucionalmente para posibilitar el debate plural y participativo, así "se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente.".[1]

4.  Una ley habilitante debe ser adecuadamente motivada.  No debe justificarse la delegación con la idea de que el Ejecutivo conozca mejor cuál deba ser el contenido de las normas, pues la propia Constitución exige a los parlamentarios no limitarse a enunciar materias, sino fijar la orientación que deberán seguir los decretos leyes, identificando las directrices, propósitos y el marco.

5.  La posibilidad de delegación no se ciñe exclusivamente a las materias económica y financiera (a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1961), sin embargo, en la Constitución vigente no se faculta para la delegación en conjunto de todas las materias, o de una amplia gama de éstas, debido al carácter extraordinario de la habilitación para legislar por decreto.

6.  Debe tomarse en cuenta que la Ley Habilitante afectaría la reserva legal: "La protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo estableci do por la Constitución...(se trata de) la llamada reserva de ley, de acuerdo con la cual los derechos fundamentales sólo pueden ser restringidos por ley, en cuanto expresión legítima de la voluntad de la nación.  La reserva de ley … es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad"[2].

7.  Aun cuando la Constitución no establece un lapso máximo la interpretación restrictiva de estas figuras debe llevar a que se establezca el tiempo más breve posible.  Lapsos muy extensos serían contradictorios con el requerimiento de urgencia que justifica la deleg ación.  Tanto los lapsos extensos como la amplitud de materias desnaturalizarían estas figuras dándoles carácter ordinario.

Suscriben:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Cáritas de Venezuela Cáritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Comisión Justicia y Paz del Secretariado
Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 6 del 9 de mayo de 1986
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 6 del 9 de mayo de 1986






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