Consideran inconstitucional proyecto de ley de contraloría social

Por Venezuela Real - 28 de Febrero, 2007, 13:02, Categoría: Política Nacional

 El derecho al "pataleo" no vale frente a la decisión del único líder, más le vale al contralor acomodarse a esos designios si quiere mantener el puesto.

HERNÁN LUGO-GALICIA
EL NACIONAL
28 de Febrero de 2007    

Russián: Consejos comunales no pueden fiscalizar servicios
En una comunicación enviada a la Asamblea, la Contraloría General advierte que el proyecto en discusión subvierte el orden al crear un órgano contralor paralelo

La posible creación de una "contraloría paralela" fue rechazada por la Contraloría General de la República. La advertencia surgió luego que se efectuó un análisis al proyecto de ley de contraloría social y se concluyó que sus disposiciones subvierten normas constitucionales y legales que regulan el Sistema de Control Fiscal.

Además, se considera que la propuesta desvirtúa la esencia del control social como medio de participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública al exceder en sus funciones y contar con presupuesto propio. Por esta razón, La Contraloría General de la República propone que se haga una "modificación total" que ajuste a la contraloría social al ordenamiento jurídico vigente.

El contralor general, Clodosbaldo Russián, expuso el cuestionamiento en el informe (No.01-00-000955) remitido a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2006, con fecha del 28 de noviembre de ese año.

La Comisión de Contraloría del Parlamento estaba redactando el proyecto hasta que fue enviado al Gobierno para su inclusión en la Ley Habilitante.

En el documento, de 14 folios, denuncia "una intromisión" –por parte del Parlamento– en las funciones delegadas por el constituyente a la Contraloría en el control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales. Y, además, reclama el derecho a regular la materia, como señalan los artículos 4 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: "El proyecto irroga (causa daño) a un órgano de creación legislativa (al asignar) funciones que la Constitución atribuye a la Contraloría General, y además incurre en un exceso al irrumpir en la gestión que tiene en materia de control fiscal".

Los comités de control social y las unidades de control de los consejos comunales estarían, pues, excediendo las leyes: "Las potestades de investigación y sanción resultan evidentemente inconstitucionales e ilegales, toda vez que están signadas a los órganos de control fiscal (Contraloría General y Sistema Nacional de Control) (...) El control social no tiene por objeto realizar actividades de control fiscal, vale decir, vigilar y fiscalizar ingresos, gastos y bienes públicos, mediante estudios, análisis e investigaciones".

La Contraloría General acusa a los parlamentarios de incurrir "en serias contradicciones" cuando regulan la contraloría social como organización colectiva independiente y, a su vez, la conciben como un órgano adscrito al Sistema Nacional de Control Fiscal, con una estructura organizativa propia, dirigido por un "contralor general social".

"Se proyecta, entonces, la creación de un nuevo órgano de Poder Público no previsto en la Carta Magna, con independencia de los demás órganos a los que incumbe el ejercicio de dicho poder, motivo por el cual debe entender que su creación, como tal, es inconstitucional y desvirtúa en consecuencia la esencia misma de ser un mecanismo mediante el cual los ciudadanos se organizan individual o colectivamente para el ejercicio de su derecho-deber de participación en el control de la gestión pública, y contrariamente se le da la categoría de órgano de control fiscal al cual se le asignan funciones exclusivas y excluyentes de los órganos de control fiscal en los términos en que aparecen consagrados en el propio texto constitucional y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal".

"Asimismo, yerra el proyecto (de ley) cuando se refiere a la Contraloría Social como parte del Sistema Nacional de Control Fiscal, pues, en el numeral 4, del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del SNCF, son los ciudadanos en el ejercicio de su derecho-deber de controlar la gestión pública, los que forman parte del sistema".

La Contraloría General objeta un "ente paralelo" por cuanto el "contralor general social" establecido en el proyecto gozaría de remuneración y de un presupuesto autónomo.

La Cifra

500personas han sido sancionadas por corrupción en 7 a ños, reveló ayer Clodosbaldo Russián

Una muestra de la extralimitación de los consejos comunales se vivió el 12 de febrero en Los Guayabones, municipio Obispo Ramos de Lora, en Mérida, cuando un grupo de personas pretendió asumir la administración de Mercal en esa localidad.

 Lo que debe saber ...

La Constitución en su artículo 70 describe los medios de participación en lo político, social y económico sin hacer referencia a la fiscalización o sanción.
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La Ley de Consejos Comunales, en su artículo 2, define estas instancias como de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias y grupos sociales de forma que permitan su intervención en la gestión de las políticas públicas y proyectos.
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El numeral segundo del artículo 7 de la Ley Contra el Acaparamiento limita la función de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento: "Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios de los alimentos o productos". Ello, previa declaración de la utilidad pública de dichos bienes.






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