VenEconomía Opina
28 de Febrero de 2007
El Gobierno en un intento más por re-escribir la historia pretende convertir en fechas patrias lo que en realidad han sido delitos (4 de febrero) o consecuencias lamentables de un país donde trastabillaba la economía (27 de febrero).
VenEconomía ha comentado en muchas oportunidades las similitudes en el ámbito económico, de las épocas de los presidentes Jaime Lusinchi y Hugo Chávez. A 18 años del Caracazo lo trae otra vez a colación.
Los años entre 1986 y 1988 (al igual que ahora, desde el año 2000) se caracterizaron por una ilusión de crecimiento no sostenible en el tiempo, debido a un excesivo gasto público, una altísima liquidez y por fuertes distorsiones que respondían a años de controles de cambio, precios y tasas de interés.
Las consecuencias de esa equivocada política económica no tardaron en llegar. Para diciembre de 1988 se veía venir que la economía se desplomaba, y como síntomas de ello aparecierón la escasez de alimentos básicos y aumentos importantes de precios, que impactaron negativamente en la población. La percepción generalizada era que el pueblo estaba subsidiando las ineficiencias del Gobierno y sólo se veía incertidumbre en el futuro.
En ese caldo que se cultivaba, ascendió Carlos Andrés Pérez al poder, en medio de una inusitada pompa que incluso se llegó a conocer como la coronación. Todo terminó en una explosión violenta donde la frustración y rabia de un pueblo fue utilizada por elementos de la ultra izquierda que venían conspirando contra el sistema democrático. Esto desembocó en los dolorosos hechos sangrientos del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989. Desde entonces, la extrema izquierda ha tratado de representar esos hechos como si hubieran sido un asalto de la derecha aliada a las fuerzas represivas militares contra el pueblo.
El colmo de la desvergüenza y el cinismo es pretender enjuiciar ahora, 18 años después, a un presidente octogenario y moribundo, por haber tratado de devolver el orden público que se había anarquizado y que había desbordado a las fuerzas policiales, para evitar males mayores. Y es aún mayor la desvergüenza, porque el Gobierno de Hugo Chávez ha estado por cuatro años justificando lo injustificable: El ataque de sus huestes violentas y su pretensión de utilizar el mismo Plan Ávila contra una manifestación pacifica que el 11 de abril de 2002, marchaba hacia Miraflores a pedirle a Hugo Chávez que rectificara el rumbo o renunciara. ¿Cuál es la vara de medición que juzga unos hechos y otros no?
