Impunidad institucional: Fiscal versus defensor

Por Venezuela Real - 1 de Marzo, 2007, 10:54, Categoría: Derechos Humanos

El Editor
El Nacional
01 de Marzo de 2007

A 18 años del Caracazo, se sigue diciendo mentiras y se continúa dando falsas explicaciones. Además, entre el fiscal de la República, Isaías Rodríguez, y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, persisten los enfrentamientos por ver quién se quita de encima la carga institucional de impunidad que ambos arrastran, luego de tanto tiempo de haber ocurrido los trágicos hechos, que siguen sin encontrar culpables. Esta pelea era previsible, porque nadie quiere dar la cara a la hora de formular acusaciones formales contra las decenas de miembros de la Fuerza Armada que participaron en los violentos acontecimientos de esos días.

Esta es la razón por la que se pelotean del uno al otro, sin pizca de vergüenza, una averiguación judicial que, al día de hoy, debería estar más que concluida. Pero el escollo principal que demora la acción de la justicia es el señalamiento de responsabilidades civiles y penales entre los miembros de la Fuerza Armada y de ex funcionarios de la Policía Metropolitana, que hoy desempeñan cargos de elección popular en la capital de la República.

La pregunta "sincera y revolucionaria", de acuerdo con el lenguaje oficialista, es si el Gobierno y la Asamblea Nacional están de acuerdo en ir al fondo del asunto y abordar sin restricciones políticas la tragedia del Caracazo. Para esto, se puede consultar al presidente argentino Néstor Kitchner sobre cómo logró desentrañar tantas responsabilidades entre los militares que encabezaron la represión en ese país, en especial en la tétrica Escuela de Mecánica de la Armada, desde donde salían los "vuelos de la muerte".

Pero el defensor del pueblo, Germán Mundaraín no lee la prensa ni ve la televisión, o tiene miedo de agarrar el toro por los cachos.

Parece que va a los congresos internacionales y no habla con nadie, ni con los chilenos, que siguen desmantelando la red represiva de Pinochet, ni con los peruanos, que están juzgando a los militares afectos a Fujimori. De la misma manera, ocurre con otros, personajes, como el coronel Humala, ex candidato a la presidencia, está señalado de cometer violaciones de los derechos humanos.

Ahora se le ocurre traer, en silla de ruedas, a Carlos Andrés Pérez.

Pues que lo traiga. Pero existe un pequeño problema legal: "Pérez no ha sido notificado de que se haya producido una medida privativa de libertad y de un procedimiento de extradición" dijo el abogado de CAP, Alberto Arteaga, a la reportera de AP, Fabiola Sánchez, quien lo interrogó al respecto.

Pero ¿y el resto de los culpables? ¿los generales, coroneles, capitanes y tenientes? ¿qué pasará con ellos? Ayer, el ex concejal Carlos Herrera recordaba que se "debe investigar a todos los militares por la responsabilidad de haber cumplido órdenes que eran contrarias a los derechos humanos". Según dijo, el artículo 65 del Código Penal no encubre la "obediencia debida" a quienes cometieron asesinatos siguiendo órdenes ilegales y delictivas.





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