La Ley Habilitante y sus posibles consecuencias

Por Venezuela Real - 1 de Marzo, 2007, 18:25, Categoría: Documentos/Audiovisuales

 Le invitamos a leer esta visión de la Ley Habilitante elaborada por el Grupo Avila

Grupo Avila
Febrero 2007

A pesar de que la Asamblea Nacional está totalmente controlada por el gobierno pues los 167 diputados que la conforman militan en partidos oficialistas, el 31 de enero pasado ésta decidió aprobar la llamada Ley Habilitante 2007, por medio de la cual se otorgan plenos poderes, por el lapso de año y medio, al Presidente Hugo Chávez para que legisle mediante decretos con rango, valor y fuerza de ley, es decir, pudiendo modificar, derogar y crear nuevas leyes. Así, el poder legislativo renuncia a la facultad de legislar en todos los ámbitos de la Nación, desnaturalizando completamente todo el sentido de la separación y autonomía de los poderes públicos.

De esta manera,  el Presidente podrá legislar sobre las siguientes materias:

1.    La transformación de las instituciones del Estado.
2.    La participación popular.
3.    Los valores esenciales del ejercicio de la función pública.
4.    El ámbito económico y social.
5.    Ámbito financiero y tributario.
6.    La seguridad ciudadana y jurídica.
7.    La ciencia y la tecnología.
8.    La Ordenación territorial.
9.    La Seguridad y la defensa.
10.  La infraestructura, transporte y servicios.
11.  El ámbito energético.

Estas once materias están ampliamente desglosadas en la Ley Habilitante y en algunos casos allí se desliza la expresión “entre otros”,  lo cual abre espacio para incorporar una nueva ley sobre cualquier asunto que el presidente, de manera discrecional y sin la participación de los ciudadanos o de sus representantes, considere de interés público.

A pesar de esta aparente ausencia de límites a la delegación legislativa, el régimen de los derechos constitucionales previstos en la actual Constitución impone  limitaciones esenciales de manera que tal delegación no sería posible en materias que en impliquen limitación o restricción a los derechos y garantías constitucionales; en aquellas que signifiquen una modificación de la Constitución; o que no se sometan a la consulta en la forma indicada en la Constitución.  

En lo que corresponde, por ejemplo, a la ordenación político-territorial, toda legislación ejecutiva que pretenda modificar la organización del Estado, podrá considerarse inconstitucional por implicar la modificación de la distribución del Poder Público en los Estados y Municipios establecidos en la Constitución (artículos 168-184).  De lo que se trata, a nuestro juicio,  es la eliminación de gobernaciones y municipios, por un lado,  y por otro de la creación de nuevas regiones, todo lo cual va incidir directamente la distribución de la población con derecho al voto y a generar una mayor concentración de poder en el Presidente de la República.

Como quiera que las nuevas leyes que tiene en mente el presidente dictar coliden con la Constitución, “la más perfecta del mundo”, según él,  decidió reformarla y para ello creó un Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional, con carácter temporal, presidido por la Presidenta de la Asamblea Nacional e integrado por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, el Procurador General, un Ministro, cuatro Diputados y dos personalidades, evidenciando una vez más que el principio de separación de poderes no existe.  Pero como si esto no fuera suficiente y no amplio el control sobre los otros poderes distintos al Ejecutivo, creó el Gabinete Especial para la Ley Habilitante, que será liderado por el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Rodríguez, e integrado por seis ministros.

Según el Presidente Chávez, estos dos grupos “deben conformar un solo equipo porque se puede necesitar una ley que requiera reforma constitucional. El proceso habilitante va a alimentar a la reforma y viceversa. Una vez aprobada la reforma tendremos el nuevo texto constitucional, por eso extendimos el plazo a año y medio para elaborar un nuevo conjunto de leyes en el nuevo marco constitucional”.

La prueba fehaciente de que todo este proceso estará controlado por un solo hombre cuyo propósito de reforma constitucional establecerá la reelección indefinida, y podrá dictar cuanto decreto-ley se le antoje en el marco del desarrollo de un supuesto “socialismo del siglo XXI”, radica en el artículo 2 del Decreto que crea el Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional. Este lee textualmente: “El Consejo Presidencial informará permanentemente al Presidente de la República sobre sus avances, los cuales realizarán de conformidad con los lineamientos del Jefe del Estado en estricta confidencialidad."

El presidente estará permanentemente informado; todo se hará de conformidad con sus lineamientos y en total secreto. En definitiva, el resto de los miembros de la Asamblea Nacional y de los venezolanos nos enteraremos de la reforma constitucional en el momento en que el presidente lo estime oportuno. Esta reforma será sancionada, con toda seguridad, rápidamente por el parlamento y treinta días después sometida a referendo popular donde el pueblo votará por algo que desconoce, en cuya redacción no participó y sobre lo cual no tendrá tiempo de informarse y debatir públicamente.

Es notorio que la concentración de poder del Presidente Chávez es cada día mayor; ello desdibuja la poca democracia política y el Estado de Derecho que aún persiste en el país. Aunque es prematuro pronunciarse sobre cuál será la reforma constitucional y cuáles leyes dictará Chávez para avanzar hacia la supresión de nuestro sistema de libertades, la comunidad internacional tendrá que seguir de cerca todo este proceso que pareciera conducir hacia una concentración absoluta del poder en Hugo Chávez, su permanencia ad eternum en el poder y por tanto a la consolidación de un autoritarismo lindante en una dictadura.





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