Gerardo Fernández
EL UNIVERSAL
06 de Marzo de 2007
El decreto contra el acaparamiento es contrario a la constitución
El decreto ley que pretende protegernos contra el acaparamiento y la especulación es contrario a la constitución. El remedio será peor que la enfermedad.
Dicho decreto ley es una restricción de la garantía constitucional a la libertad económica al declarar la utilidad pública y someter a expropiación todos los bienes y servicios necesarios para la producción, el abastecimiento y la comercialización de productos básicos, por el solo hecho de estar sometidos a control de precios. Esto sólo es posible mediante una declaratoria de emergencia económica constitucional y un decreto de restricción de garantías. Ello es un fraude más a la constitución.
La protección del público consumidor no requiere de leyes represivas y contrarias a la constitución, sino una garantía de seguridad alimentaría que no le otorgan las sanciones ni la persecución. Sólo se protege al consumidor con una verdadera garantía a la producción de alimentos sanos, suficientes y baratos.
El decreto en cuestión, permitirá todo tipo de abusos y significa más autoritarismo al permitir al Presidente la expropiación de cualesquiera bienes por violaciones genéricas vinculadas a las actividades de producción y comercialización de alimentos. Violando la constitución, se utiliza la expropiación como un mecanismo de amedrentamiento, sanción y miedo. Esto afecta tanto al pequeño conuquero como al gran productor; al bodeguero como al supermercado. Es una norma para reprimir no para abastecer el mercado y darle comida barata a la gente. Seguiremos sin carne ni azúcar.
El acaparamiento y la especulación se combaten con una eficiente actividad de comercialización de productos nacionales y con el apoyo a los productores, otorgando seguridad a sus cosechas y reconociendo precios justos a sus productos. El decreto es consecuencia directa de la ausencia y fracaso de una política de protección a la producción nacional y de seguridad alimentaría.
