Consecomercio y el Control de Precios

Por Venezuela Real - 7 de Marzo, 2007, 15:31, Categoría: Economía

 La revisión periódica de los precios para conseguir un balance adecuado entre producción y renta, planteada por el gremio del comercio, es de tal sensatez, que las autoridades gubernamentales y del legislativo deberían recapacitar sobre la eficiencia de los controles y regulaciones que ellos han establecidos.  

Banca y Negocios
07 de marzo de 2007

El gremio del comercio ha sugerido que la fijación de precios sea revisada periódicamente. Una vez que la solicitud proviene de una de las partes interesadas, justamente la regulada, Consecomercio ha atinado en el quid del asunto.

Si bien es cierto que se ha regulado primero y luego se ha intentado de forma no articulada determinar donde puedan existir las fallas de mercado, los cuellos de botella de la cadena de producción-comercialización y las fuentes de distorsiones, algunos representantes del legislativo han asomado sensatez. Sensatez que se traduce en su preocupación de si efectivamente el diseño del entramado regulatorio y de control de precios ataca a las causas que generan el desabastecimiento o el incremento en los precios.

En este sentido, la clave se encuentra en liberalizar los renglones de cadena de producción-comercialización potencialmente competitivos. El Ejecutivo y el Legislativo deben identificar aquellas barreras legales y estructurales que entorpecen a la competencia y a la reducción eficiente y sostenible de precios.

Aun así, obviaremos el tema sobre lo distorsionante de los controles de precios en sectores potencialmente competitivos. Centraremos la reflexión en la sugerencia del gremio del comercio de revisar periódicamente los niveles de precios controlados.

Desde la perspectiva de un sector que indefectiblemente debe ser regulado -monopolio natural, el cual no es el caso de la comercialización en Venezuela-, debe diseñarse mecanismos e instrumentos regulatorios eficientes. Lo anterior se traduce en la necesidad de diseñar un instrumento regulatorio (en el caso que se requiera), que constituya un mecanismo de trade-off entre eficiencia y rentas. Lo contrario, representado por un regulador que extraiga toda la renta a los comercializadores, creará las condiciones de estrangulamiento de este sector, dañando al tejido comercial y a los empleos por este generado. Es así como el regulador no solo debe considerar la dimensión de corto plazo de traslado de beneficios y excedentes hacia los consumidores, sino que no debe eliminar a la estructura comercial existente al hacerla inviable. Por ello, la demanda de Consecomercio se alinea con los intereses de la nación en el mediano plazo y permite hacer cuando menos sostenible al sistema de comercialización de los alimentos y los numerosos empleos que de esta actividad dependen.

Lo anterior, posee especial relevancia en economías inflacionarias como la venezolana. Los márgenes operativos de los establecimientos comerciales pueden ser “consumidos” por un lento proceso de ajuste que haga sostenible a la actividad económica de la comercialización. Sin embargo, el problema inflacionario no puede ser atacado por sucesivas y generalizados controles de precios. Una arremetida regulatoria de esta índole simplemente terminará por trasladar las distorsiones y desincentivos a la actividad económica a lo largo de toda la economía. De igual manera, no se puede pretender corregir problemas estructurales y de mediano y largo plazo de poder adquisitivo, desempleo, informalidad y falta de accesibilidad a bienes y servicios por medio de sucesivos controles. Queda demostrado en Venezuela que ni siquiera en el corto plazo los problemas son corregidos, mientras se activa una bomba de tiempo de mediano plazo al exterminar las eficiencias e incentivos de mediano y largo plazo.

Más allá, los controles de precios instrumentados en Venezuela no parecen considerar el efecto sobre el comercio tradicional o el pequeño comercio. La denominada “compra de aprovisionamiento” beneficia a los grandes establecimientos al trasladar subsidios cruzados, desde los productos no regulados hacia los productos regulados, sin embargo, los establecimientos especializados, de menor tamaño y por lo general ubicados en los centros urbanos resultan los grades perdedores de los controles. Lo anterior, destruye oferta para aquellos individuos imposibilitados de trasladarse a los hipermercados, mientras destruye el tejido tradicional a favor de los supermercados (estos últimos también pierden, obviamente, pero en el corto plazo tienen mayor capacidad de maniobrabilidad). Resulta curioso que un Gobierno que predica el resguardo de los pequeños y medianos empresarios aplique regulaciones, que aun cuando afectan negativamente a toda la economía, supone especial amenaza en contra de los comercializadores tradicionales, pequeños y medianos (abastos, carnicerías, etc.).

Tal como han sido diseñados los controles de precios y normas como la Ley contra el Acaparamiento, se hace operativamente inviable la actividad de carnicerías, y adicionalmente las expone a ajustes de riesgos por parte de sus financiadores, soportando primas de riesgos mayores, y profundizando su situación negativa en lo económico-financiero.

Finalmente, debe comprenderse que las políticas, controles de precios y nuevas leyes hacia el sector alimentos y comercialización constituyen una simple transferencia de rentas, beneficios y excedentes, la cual no es sostenible en el tiempo. Tan importante es la redistribución como la producción y creación de riqueza. Se está asfixiando a la actividad económica privada, fuente eficiente y autosostenible de riqueza, impuestos y generadora de empleos. No puede ser objetivo exclusivo de las políticas públicas la redistribución, que por lo general se ve aminorada por las propias acciones públicas en Venezuela, sino que debe considerarse la dimensión dinámica de la economía. ¿Qué repartiremos cuando no haya nada que repartir? La renta petrolera no es suficiente y debería ser invertida en inclusión social, por medio de educación, salud, infraestructura, viviendas, etc., lo que coadyuvará a la creación de empresas y empleos productivos y competitivos.

Autor: Enrique R. González Porras. Economista UCV. Master en Economía Industrial. Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica.






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