El informe final de la MOE-UE

Por Venezuela Real - 7 de Marzo, 2007, 10:08, Categoría: Electorales

Adolfo R. Taylhardat
El Universal
07 de marzo de 2007

El pasado viernes 24 de febrero la diputada Mónica Frassoni, quien presidió la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), presentó su informe final sobre la elección presidencial del 3 de diciembre del año pasado.

Casi inmediatamente, y durante varios días, el CNE publicó un anuncio en los diarios destacando algunos aspectos del informe final que considera le favorecen.

En algunos pasajes del informe, con un lenguaje ostensiblemente, pero también comprensiblemente, cuidadoso, la MOE-UE reconoce algunos aspectos positivos del proceso electoral presidencial.

Pero no todo es color de rosa como lo pretende el CNE en su publicidad pagada. En su informe la MOE-UE constata que el electorado venezolano sigue desconfiando del sistema electoral porque no garantiza al elector la seguridad de que su voluntad expresada en las urnas es debidamente respetada.

Esa desconfianza, reconoce la Unión Europea, tiene su origen en diversos factores. En primer lugar porque importantes sectores de la oposición siguen abrigando recelos hacia el CNE, al cual consideran "como una institución que no guarda suficiente independencia respecto de los otros poderes del Estado a lo largo de todo el proceso electoral". En segundo lugar por las numerosas irregularidades que se registran tanto en las campañas electorales como durante la realización de los comicios, En tercer lugar como resultado de las deficiencias e inconsistencias de que adolece el sistema electoral venezolano.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) señala en su informe que sus observadores constataron muchas de esas irregularidades durante la elección presidencial. De manera particular destaca que durante la campaña y en la jornada electoral se apreciaron manifestaciones de abuso de poder y ventajismo bajo la forma de empleo de recursos del Estado en actividades proselitistas, infracciones de las normas de propaganda y publicidad por parte del Presidente-candidato, de ministros, de entidades públicas y del partido oficialista; utilización por parte del Presidente-candidato de su presencia en actos de inauguración de obras públicas con fines de propaganda electoral, participación indebida de funcionarios públicos en la campaña electoral; presiones y amenazas sobre empleados y funcionarios de la administración pública para que votaran por el Presidente-candidato o se adhirieran a manifiestos de apoyo a esa candidatura; presencia intimidante y actividades no permitidas de los efectivos del Plan República dentro de los centros de votación; violaciones del secreto del voto bajo la forma de "asistencia" a los votantes  en el momento de ejercer su derecho al sufragio, etc.

La MOE-UE, al tiempo que emite apreciaciones positivas en relación con el sistema automatizado de voto implantado en Venezuela, señala también importantes deficiencias que afectan su funcionamiento con el consiguiente impacto sobre la credibilidad del electorado en la autoridad y la confianza en el sistema electoral.


Pero el señalamiento grave más contundente que formula la MOE-UE se refiere a las inconsistencias que presenta el marco legal del sistema electoral venezolano.

El informe de la MOE-UE consigna a lo largo del informe su honda preocupación por el conflicto legal que se plantea con el cuerpo de leyes que rige los procesos electorales venezolanos (la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones, la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, el Estatuto Electoral del Poder Público y la Ley Orgánica del Poder Electoral.

En su informe preliminar presentado el 5 de diciembre de 2006 la MOE-UE ya había advertido que "La coexistencia de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política con textos legales aprobados tras la reforma constitucional da lugar a inconsistencias que el CNE resuelve con la aprobación de normas dictadas con ocasión de cada elección. Dichas normas regulan aspectos tan cruciales del proceso como la acreditación de testigos, las reglas de publicidad y financiamiento o el proceso de instalación de las mesas electorales, lo que deja en evidencia importantes vacíos en las leyes electorales generales. Además, para la elección presidencial de 2006, la promulgación de las normas se produjo en una fase muy tardía del proceso.

El informe final de la MOE-UE destaca que "El hecho de que las dos primeras [la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones (LPPRM, 1965), y la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política (LOSPP, 1998)] daten del período anterior a la Constitución de 1999 ha dado lugar a conflictos con las leyes del llamado "bloque constitucional" que han tenido que ser resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)". (Pág. 10, párr. 5)

 Y agrega: "Para la elección presidencial de 2006, el CNE dictó 10 resoluciones que regularon aspectos tan importantes del proceso como la postulación de candidatos, la posición de los mismos en las boletas, las normas de financiamiento de la campaña, el procedimiento de acreditación de testigos de los partidos políticos y las normas sobre publicidad y propaganda de la campaña electoral. Algunas de esas normas fueron dictadas en una fase muy avanzada del proceso electoral…".

La preocupación de la MOE-UE por esta situación es tan profunda que el informe final habla de este tema en el sumario que precede ese documento, luego en la página 11 vuelve sobre el tema y finalmente en el capítulo de recomendaciones inserta el siguiente párrafo:

"Las leyes que gobiernan los procesos electorales presentan inconsistencias y vacíos que podrían ser solucionados bien con la aprobación por la Asamblea Nacional de una ley orgánica general, o bien con un nuevo reglamento general electoral del CNE, que fijen clara y definitivamente todos los aspectos clave de las elecciones de acuerdo a la Constitución de 1999 y en consonancia con principios y buenas prácticas internacionales. De esa manera, el CNE quedaría exonerado de publicar un número tan elevado de normas y reglamentos en todos los procesos electorales, a veces en una fase muy avanzada de los mismos. La MOE-UE ya detectó en 2005 esta carencia, que la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política de 1998 ya preveía solventar con la aprobación de un reglamento general electoral. Cualquiera que sea la fórmula elegida, sería importante que la nueva ley orgánica o reglamento general contase con el consenso del mayor número de las fuerzas políticas, tanto si están presentes en la Asamblea Nacional como si no".

Más claro no canta un gallo. Pero ese canto, para que surtiera efecto, debió escucharse antes o durante la elección. Las irregularidades constatadas por una institución con el prestigio y la credibilidad de la UE y sus advertencias sobre las inconsistencias de la normativa legal, pudieron haber servido como argumentos suficientes para exigir la suspensión de la elección o la anulación de los resultados que atribuyeron el triunfo a Hugo Chávez.





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