Asdrúbal Aguiar
EL UNIVERSAL
06 de Marzo de 2007
Hay otra mitad de esta historia con sus responsabilidades igualmente graves y gravosas
A meses de inaugurado el Gobierno de Hugo Chávez, en 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció la responsabilidad internacional del Estado por los sucesos de El Caracazo, ocurridos el 27 de febrero de 1989.
Fueron casi mil los muertos de entonces, sin otro destino que la muerte a secas. La mayoría, inocentes ganados por la violencia instigada; otros, víctimas inermes de nuestra barbarie ancestral; y cierta cantidad no precisada, hamponato político.
Pues bien, el Defensor del Pueblo como el Ministro de Información de eso que ahora mientan "poder popular", con inenarrable cinismo han intentado apropiarse de la infausta fecha cual si fuese baratija revolucionaria, roja rojita y muy comunista.
El primero, a quien le ajusta, ¡que duda cabe!, el título que le diera el pueblo soberano llamándolo "defensor del puesto", reclamó airado, así, se juzguen a Carlos Andrés Pérez y a su Alto Mando Militar por los sucesos en cuestión.
Y nada de extraordinario tendría tal exigencia que no fuese porque el mismo Defensor, refiriéndose a las causas judiciales de El Caracazo, admitió que después de tantos años no han avanzado en las investigaciones preliminares.
¿Cómo cuernos, me pregunto, puede el Defensor focalizar responsabilidades allí donde los jueces penales de "su" revolución no han sido capaces de o no han querido ¡quien sabe porque! precisar los hechos tristes de la malhadada fecha?
Y si se trata del Ministro Lara, su postura, hija de la amoralidad, es un mal remedo "goebbeliano".
En la miríada de avisos con los que tapizara recién las páginas de la prensa a propósito del 27F, dijo a los venezolanos que las muertes de El Caracazo ocurrieron porque la Constitución de 1961 permitía la suspensión de las garantías personales.
¿Acaso no ha leído Lara su propia Constitución, esa que mientan La Bicha o es que la suspensión de las garantías por si sola y en su avieso criterio de suyo produce muertos?
¿No se ha dado cuenta este áulico que el derecho a la vida fue suspendido de hecho desde cuando se hiciera del poder su nuevo Padre de la Patria Socialista?
¡Hoy suman entre 15.000 y 18.000 los venezolanos quienes durante el último año vieron segadas sus existencias a manos del crimen, por la omisión del desgobierno bolivariano!
Sobre el 27 de febrero hay historia escrita, aun cuando no toda haya sido escrita y a pesar de que el Régimen sea el menos interesado en que se escriba con pluma suelta.
Parte sustantiva de la misma la salvaron para la posteridad, justo es reconocerlo, Cofavic y los organismos interamericanos de derechos humanos y consta en los expedientes de San José.
La Corte Interamericana condenó en estos la ejecución del Plan Ávila el 27F, por considerarlo inadecuado para el mantenimiento del orden en situaciones de violencia civil. Era el mismo plan que Chávez ordenó poner en marcha el 11 de abril de 2002: otra fecha de culto a la muerte, que aún espera de su Comisión de la Verdad y de una historia sin pasiones.
Vayamos a lo esencial.
Cuando el juez internacional fija la responsabilidad de un Estado por violaciones a derechos humanos apenas declara eso: la responsabilidad estatal, que no la de los miembros del Estado o las de terceros cuyas responsabilidades individuales deben ser establecidas luego por la jurisdicción interna o nacional y por sus jueces naturales.
Han pasado 8 años, pues, y las madres y padres o familiares de las víctimas del 27F todavía no conocen la verdad verdadera sobre sus dramas; y eso, como muchas veces lo declarara Cofavic, no lo resuelven las reparaciones pecuniarias ni el levantamiento de monumentos, como el anunciado por nuestro parlamento de tardos eunucos.
Lo primero y lo que falta para la historia del 27F, en suma, es la verdad íntegra: la explicación sobre el origen y las causas del 27F, sus hechos totales y la identificación de los instigadores; sus consecuencias humanas y materiales exactas; y, asimismo, la precisión y cuantificación de las desproporciones habidas en el uso de la fuerza pública y la nómina real de sus responsables.
La historia del 27F cruza, por consiguiente, por los senderos gubernamentales de la época, pero hay otra mitad de esa historia con sus responsabilidades igualmente graves y gravosas.
Chávez y sus compañeros en el golpe del 4 de febrero de 1992 - militares y civiles de la extrema izquierda combinados al propósito - no han explicado ni aclarado hasta hoy sus protagonismos en esta historia amarga del 27F, ni podrán ocultarlos para siempre.
