ÓSCAR LUCIEN
EL NACIONAL -
09 de Marzo de 2007
Dra. Luisa Estella Morales Lamuño
Honorable Magistrada:
Convenciones de uso y protocolo sancionan llamarla Honorable Magistrada. Y no tengo motivos para saltarme esta formalidad. Convicciones democráticas y civilistas me obligan a dirigirme a usted, en relación con el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, intentado por la Asociación Civil Ciudadanía Activa contra el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Sobre la Condecoración Orden 4 de Febrero de fecha 02 de febrero de 2007. Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente recibimos la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia la ha designado como ponente del escrito presentado ante la Sala Constitucional.
He tomado la iniciativa de dirigirme a usted, a título personal, con el propósito de compartir una reflexión que si bien es cierto va más allá del contenido específico del recurso, asumo podría ser útil para la crucial decisión que deberá tomar el TSJ de acuerdo con la argumentación y consistencia de la ponencia que le fue solicitada.
Como usted seguramente ya está al tanto, el fundamento de este recurso de nulidad es sencillo: en primer lugar, el Decreto Ley Orden 4 de Febrero regula una materia sobre la cual el teniente coronel Chávez no fue habilitado. En segundo lugar, el decreto de marras burló la obligación de la consulta pública, violando el mandato constitucional del ejercicio del derecho a la participación política en el proceso de formación de las leyes. Pero más allá de los aspectos legales, formales, sobre el decreto en sí, lo que más me preocupa de la vigencia de esta bizarra condecoración, es no sólo la sanción legal de impunidad frente a un delito cometido sino la rendija que se abre, el estímulo que se ofrece, la gratificación que se anuncia, para que un delito de la misma naturaleza pueda repetirse.
Magistrada Morales, a pesar de que hoy se intente reescribir la historia desde el punto de vista de quienes se sienten vencedores, el levantamiento militar del 4 de febrero de 1992 fue un acto criminal. Los militares insurrectos violaron su juramento, procuraron un gobierno de facto y provocaron la muerte de decenas de venezolanos inocentes. Sólo un pequeño detalle de la infamia: el brutal asalto a la residencia oficial donde sólo se encontraba la esposa e hijos del jefe del Estado. Con toda sinceridad le digo que no encuentro razón alguna para que el 4 de Febrero sea impuesto a los venezolanos como una fecha patria. La condecoración del 4 de Febrero es un escarnio, un insulto a la conciencia democrática de los venezolanos, una afrenta a la memoria de las decenas de humildes ciudadanos masacrados en la escaramuza, incluidos los soldados y oficiales que honraron su vida bajo el compromiso y defensa de la Constitución que habían jurado.
No creo necesario copiarle el artículo 328 de la Constitución, pero con todo respeto estimo que su relectura es pertinente a efectos de su ponencia. Resulta, que en el acto de entrega de la condecoración un general de la Fuerza Armada Nacional saludó al jefe del Estado con la consigna "Patria, Socialismo o muerte". El domingo pasado, en la indulgente entrevista que le hizo José Vicente Rangel, el jefe del Estado se refirió a este evento recordando que los otros 4 generales que allí se encontraban eran febreristas (golpistas del 92), que él no les había ordenado vocear esa consigna y que había sido iniciativa propia de los altos oficiales. ¿Acaso esta conducta no viola el 328 de la Constitución? Finalmente, el presidente Chávez justifica su intentona golpista en la lucha contra la corrupción, en la ineficiencia, y en la existencia de una cúpula militar conchupada con el gobernante del momento.
¿Y, entonces? Frente a la condecoración conferida, ante las consignas políticas en los cuarteles, ante la corrupción y el burocratismo confesado por el propio Presidente, en conocimiento de la sumisión de nuestra soberanía al régimen de Castro ¿no podrían los jóvenes oficiales de ahora estar descontentos con la cúpula militar actual, con la conversión de la Fuerza Armada en una guardia pretoriana de Chávez? ¿Son los militares, árbitros de los asuntos políticos? ¿Hay golpes buenos y golpes malos? Magistrada, sin el Poder Legislativo en ejercicio, sólo nos queda el TSJ.
Usted puede enderezar este entuerto. Su ponencia, aunque concentrada en los aspectos meramente jurídicos, puede consagrar una sabia alerta.
Si su decisión se alinea con las convicciones democráticas de los venezolanos, Dios y la patria la premiara. En caso contrario,...bueno, usted conoce el resto porque usted prestó el juramento de defender la justicia y la democracia.
