JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
24 de marzo de 2007
Los magistrados no se pronunciaron ayer, pero preparan un comunicado
Pasaron una, dos y muchas horas más y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no fijaron posición en relación al impasse surgido con el Parlamento, por la modificación hecha por la Sala Constitucional a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISRL). Ni siquiera fueron convocados para reunirse en Sala Plena y analizar el asunto.
No obstante, eso no significa que durante el día de ayer no se hayan celebrado encuentros en el máximo juzgado, en especial entre los miembros de la directiva del ente rector del Poder Judicial (Luisa Morales, Deyanira Nieves, Luis Sucre, Iris Peña, Omar Mora y Evelyn Marrero) quienes estarían elaborando, junto con otros magistrados, un comunicado para responderle a los legisladores.
En el texto, según trascendió, el TSJ enfatizará que el fallo cuestionado "es válido" y que la Asamblea Nacional no tiene competencias para anular ningún dictámen de ningún órgano jurisdiccional.
Aunque se conoció que en el pronunciamiento se evitará toda confrontación con el Parlamento, en predios de Dos Pilitas se rechazó el llamado a desacatar la sentencia del 27 de febrero y se recordó que la Ley Orgánica del TSJ establece 15 días arresto para quien llame a desobedecer los fallos y multas por hasta 200 unidades tributarias, lo que equivale a 7.526.400 bolívares.
"Después del 11 de abril de 2002 éste es el problema más serio que ha enfrentado este proceso", afirmó un magistrado, quien después agregó: "Esto es un conflicto de poderes y no conviene que se agrave, pues no hay que olvidar que en la Sala Constitucional hay varios recursos que afectan a diputados y al Gobierno. ¿Qué ocurriría si la Sala falla contra ellos?".
Por su parte, otro integrante del máximo juzgado no dudó en asegurar que esta crisis forma parte de "un plan para modificar la conformación del TSJ. No hay que olvidar que hay tres vacantes (dos en la Sala Constitucional y una en la Penal) y estoy seguro de Carlos Escarrá desea hacerse con una de esas sillas".
La tesis, según la cual los ataques a la instancia que interpreta la Carta Magna, en especial contra el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, son la respuesta a la orden de procesar disciplinariamente a seis miembros de la Corte de Apelaciones de Caracas, entre los que figuran los jueces Maikel Moreno e Iván Darío Bastardo, cobra fuerza en predios judiciales.
"Por supuesto que la eventual destitución de Maikel Moreno es uno de los factores que desencadenó esta situación", aseguró un magistrado, quien dijo que el miembro de la Sala 7 de Corte de Apelaciones de la capital cuenta con el respaldo de gente en el Gobierno, en el Parlamento y en el propio TSJ.
Precisamente ayer estaba previsto que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial celebrará el proceso oral y público contra Moreno, Bastardo y Jesús Bravo, quienes fueron acusados por la Sala Constitucional de desacatar una de sus decisiones.
Sin embargo, el mismo fue pospuesto, porque el primero de los señalados interpuso el jueves en la mañana una solicitud de diferimiento aduciendo razones de salud.
