Cargos revocados no irán a elección

Por Venezuela Real - 25 de Marzo, 2007, 20:44, Categoría: Electorales

EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
25 de marzo de 2007

El 31 de octubre de 2008 deben celebrarse las elecciones para designar alcaldes y gobernadores
Sólo los diputados son inhabilitados si son revocados de sus cargos

La activación de 27 peticiones de referendos revocatorios -el martes se discute la procedencia de otras 19- reactivó las dudas que nunca fueron resueltas durante el año 2004: ¿debe efectuarse una nueva elección si un alcalde o gobernador es revocado?, ¿el funcionario revocado puede postularse y participar en la elección para designar a a la persona que lo sustituirá?, ¿si revocan a un alcalde o gobernador quedan inhabilitados políticamente?

Al momento de anunciar la procedencia de los revocatorios contra los gobernadores de Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Vargas y 19 alcaldes, el rector principal Vicente Díaz explicó que sólo si las consultas populares se realizan antes del 31 de octubre de 2007 -fecha en que se cumplen tres de los cuatro años del mandato de gobernadores y alcaldes- podrían producir una elección para el cargo revocado. Díaz aseguró en ese momento que los mandatarios que sean revocados quedan inhabilitados para acudir a la próxima elección. Por su parte, el rector Germán Yépez explicó que si un funcionario es revocado después del 31 de octubre, se resolverá la falta absoluta del cargo con la designación -por parte del Consejo Legislativo o Concejo Municipal- del sustituto del alcalde o gobernador despedido por sus electores.

No obstante, las declaraciones de los rectores contradicen en parte la discusión que se originó desde el año 2002 sobre los alcances del artículo 72 de la Constitución Nacional.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1.139, del 5 de junio de 2002 (caso Sergio Omar Calderón y Willian Dávila concluye: "(...) en caso de revocatoria del mandato de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, la vacante sería llenada por el suplente respectivo por el resto del período, y en caso de la revocatoria del mandato de los funcionarios estatales y municipales se procedería a llenar las vacantes de conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen esta materia".

Las dudas sobre el futuro de los cargos revocables se originan porque "las leyes sobre la materia" -anteriores a la Constitución aprobada en 1999- no establecen cómo suplir la vacante absoluta de los cargos, cuando ésta fue ocasionada por la revocatoria del mandato.

El artículo 18 de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores establece que en caso de la falta absoluta del gobernador "antes de juramentarse o antes de cumplir la mitad del período que le corresponde, deberá realizarse nueva elección". Si la falta absoluta ocurre después de la mitad del período el sustituto del gobernador será designado por el Consejo Legislativo del estado.

El caso de los alcaldes revocados es idéntico. El artículo 54 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone: "Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección (...) Cuando la ausencia absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo o Cabildo Distrital designará a uno de sus miembros para que ejerza el cargo vacante de alcalde por lo que resta del período municipal".

A falta de una ley especial sobre referendos, los referidos artículos sugieren que cuando un alcalde o gobernador cese en sus funciones por razón de la revocatoria del mandato, no sería procedente la designación de su reemplazo por vía de una elección popular.

Para corregir la "incompatibilidad ilógica sobreviniente" producida por estos artículos, en el año 2002 los integrantes de la Asamblea Nacional propusieron la modificación del artículo 18 de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado y del artículo 54 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el sentido de exigir la realización de una elección popular para escoger a quien debe completar el período del titular, cuando su falta absoluta o revocatoria se produzca después de transcurridas tres quintas partes del período.

Esta reforma fue propuesta por los entonces parlamentarios Willian Lara, Nicolás Maduro, Cilia Flores, José Gregorio Briceño, Asdrúbal Salazar y Omar Mezza Ramírez y aprobada en primera discusión el 7 de junio del año 2002.

La ambigüedad de las normas se mantiene al hablar de la inhabilitación política del funcionario revocado. En esencia, el artículo 198 de la Constitución sólo establece esta medida para los diputados que sean revocados; sin mención específica al Presidente o demás funcionarios de elección popular.












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