Choque de Trenes

Por Venezuela Real - 27 de Marzo, 2007, 10:38, Categoría: Estado de Derecho

VenEconomía Opina
26 de marzo de 2007

El jueves de la semana pasada la Asamblea Nacional emitió una resolución rechazando la sentencia de la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que modificaba el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En una acción sin precedentes en Venezuela, el Poder Legislativo exhortó a los venezolanos a ignorar la decisión del máximo Tribunal de la República.

En Venezuela (hasta ahora), como en cualquier país, las decisiones del Tribunal Supremo, o Corte Suprema, de Justicia son vinculantes e inapelables. Tradicionalmente, cuando el TSJ anula o modifica una ley, decreto o norma, le corresponde al legislativo redactar una nueva ley o corregir las fallas o errores señalados por el máximo Tribunal.

En esta oportunidad, la Asamblea Nacional objetó una sentencia del TSJ del 27 de febrero, publicada en Gaceta Oficial del 1° de marzo, que establece que para efectos del Impuesto Sobre la Renta no son gravables las utilidades, los bonos, dietas, pensiones y otras remuneraciones diferentes al salario base del trabajador.

En esta pugna de poderes han surgido diversas interpretaciones de los hechos.

Algunos analistas, por ejemplo, relacionan con cierto sarcasmo la sentencia de la Sala Constitucional con la reciente "disminución" de los sueldos base que se hicieran los magistrados para complacer una solicitud presidencial, no sin antes aumentarse proporcionalmente los bonos.

Otros, destacan que el ponente de la sentencia, el magistrado Jesús Cabrera Infante, se ha caracterizado por las interpretaciones inusuales y en ocasiones, aparentemente sin fundamento legal alguno. Es más, en esta oportunidad el tema del artículo 31 ni siquiera se había mencionado en la querella por la sentencia. Según estos analistas habría que darle la razón a la Asamblea Nacional cuando objeta la decisión.

Otros analistas, sugieren que la sentencia apuntaba a corregir una injusticia en contra de los asalariados, que vulnera sus derechos de igualdad y de capacidad contributiva. Los asalariados, a diferencia de los profesionales en libre ejercicio y empresarios, no pueden deducir en el pago del ISLR, los costos y gastos incurridos para la producción de su renta. No obstante, en la ponencia no estaba reflejado este tema.

Sin embargo, en donde parece estar de acuerdo la mayoría de los analistas es que la Asamblea Nacional no tiene razón cuando aduce usurpación de competencias y objeta que el Tribunal Supremo haya cambiado la redacción del artículo 31 de la ley del ISLR. Existen precedentes a nivel mundial, e incluso en Venezuela, donde un máximo Tribunal ha enmendado normas legales o ha legislado emitiendo nuevas reglas (sentencias aditivas) que tienen la misma fuerza vinculante de las leyes de aplicación general.

Aunque hay quien afirma que detrás de todo este enrollo de poderes bolivarianos estaría el impacto negativo en los ingresos fiscales, la medida realmente tiene muy poca importancia financiera. El fisco realmente estaría dejando de percibir unos Bs.600 millardos, lo cual es prácticamente insignificante si se toma en cuenta que el Presupuesto Nacional es de Bs.115 billones. Entonces ¿Por qué tanta alharaca?

El propósito verdadero podría estar en la necesidad en sacar del juego a magistrados que no estén de acuerdo con la Reforma de la Constitución que motoriza el Presidente. O sea, otro show para consolidar el poder de Chávez.





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