Abogado de los detenidos considera que sus clientes pagan condena anticipada

Por Venezuela Real - 12 de Abril, 2007, 20:10, Categoría: Derechos Humanos

JESÚS GERARDO HERNÁNDEZ
El Mundo
12 de Abril de 2007

Caracas. El malestar que originó la huelga de hambre de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, fue la decisión arbitraria de los funcionarios de la Disip de no trasladarlos a Caracas luego de la audiencia del pasado martes.

Hace una semana, la jueza Calderón dejó pernoctar a los comisarios en esta celda, que ha sido bautizada como "Tigritos", porque en palabras de Henry Vivas es una extensión de las jaulas que retienen animales en el zoológico de Las Delicias en Maracay.

Pese a que se les prometió a los procesados que no serían encerrados nuevamente en este lugar, esta semana se les pretendió asignar como lugar de reclusión, lo que generó la reacción de Simonovis, Vivas y Forero.

ABUSO INTOLERABLE

La defensa de los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, el abogado José Luis Tamayo informó que es legítima la protesta de los procesados debido a la inoperancia de las instituciones judiciales que no le han garantizado el debido proceso.

La situación es la misma para el resto de los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana que fueron detenidos por orden del fiscal Danilo Anderson en el mes de abril de 2003.

Tamayo explicó que actualmente la detención de los comisarios y los funcionarios de la PM es irregular, ya que recientemente el Ministerio Público solicitó mantener la medida de detención durante el juicio y luego que la defensa solicitara el beneficio de ser juzgados en libertad, la juez Maryori Calderón declaró la absolución de la instancia.

Esta figura de la absolución es ilegal, por cuanto no se responde ni al pedimento de los fiscales ni de la defensa, lo cual hace írrita la detención. Esta decisión fue apelada a la Corte de Apelaciones de Aragua, pero aún no han tomado decisión.

Tamayo considera que los jueces tienen miedo de tomar decisiones ajustadas a derecho porque temen correr la misma suerte de la juez 4 de Control de Yaracuy, Alcy Maite Viñales, quien fue destituida luego que otorgó medidas cautelares a los imputados por la fuga de Eduardo Lapi.

El abogado señala que el Código Procesal Penal, modelo para Iberoamérica recomienda no extender una detención más allá de dos años, porque de lo contrario se está ante una condena anticipada, que es la situación en la cual se encuentran los funcionarios de la PM que ya tienen cuatro años detenidos, y tres años los comisarios.

LARGO JUICIO

El proceso se inició hace un año y un mes, hasta los momentos han declarado 126 testigos en 114 audiencias, pero la gran mayoría de estas personas, promovidas por el Ministerio Público, no han aportado mayores detalles con los hechos que se pretenden determinar.

Así lo considera Tamayo, quien informó que aún faltan 40 testigos, más otras 40 personas que han sido promovidas por los acusadores privados.






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