Venezuela Real
Información y Opinión
“La publicidad estatal no es para hacer propaganda de gobierno”
Por Venezuela Real - 13 de Abril, 2007, 17:56, Categoría: Propaganda
Patricia Torres Uribe
TalCual 13 de Abril de 2007 El ex Juez ad hoc de la Corte Interamericana de DDHH y ex ministro de Justicia y DDHH de Argentina (1999–2000), Ricardo Gil Lavedra, dice que los actos de un Presidente “son decisivos para construir o no una determinada cultura democrática” Mientras cuadra las horas de su última intervención en el foro “La libertad de expresión en una sociedad democrática”, con su salida a Maiquetía para subirse a tiempo al avión (no sea que la trocha se embotelle), Ricardo Gil Lavedra repite sin cesar que sin libertad de expresión no hay democracia. –¿Por qué no bastan elecciones libres y competitivas para afirmar que un régimen es democrático? –Porque para poder elegir es necesario estar informado. Una elección libre y competitiva es imposible sin libertad de expresión previa, porque la gente si no, ¿cómo elige? ¿Cómo marca sus preferencias si no conoce lo que ofrecen los candidatos? –¿Y es eso suficiente? –A diferencia de otros regímenes la democracia requiere pueblos que tengan una determinada actitud. Ésta no puede construirse con apatía, con indiferencia, ni requiere tampoco súbditos ni sometidos. La democracia requiere sujetos con cultura democrática, una ciudadanía conocedora de sus derechos y en actitud para defenderlos. Por eso es vital preservar la más alta libertad de expresión. – Hasta 1983 en Argentina se ejercía la censura de manera directa e indirecta desde el poder. ¿Cómo es la situación ahora? –Ha habido muchos avances porque se han incorporado las normas de los convenios internacionales. Incluso la Corte Suprema argentina ha seguido los estándares internacionales protectores de la libertad de expresión, referidos por ejemplo a la prohibición de la censura previa. Asimismo en 1992 se derogó la figura del desacato que es la penalización de las expresiones contra funcionarios. –¿Quiere decir que éstos no tienen derecho al honor? –Lo que se asume en Argentina es el estándar internacional establecido tras el caso The New York Times vs. Sullivan (1987). Según éste los funcionarios o los personajes públicos, pero sobre todo los primeros, tiene una tutela más diminuida, que el particular. Esto por dos razones: porque puede contestar más fácilmente los agravios que se le hagan y porque se han puesto voluntariamente en esa situación. Es una carga de la función pública que significa el control de sus propios actos. El control popular sobre los actos de funcionamiento del gobierno. –¿Desde la experiencia argentina como se vence la autocensura? – Con prácticas y normas protectoras de la libertad de prensa y con una muy clara conciencia de que la democracia sólo es posible si hay una circulación de ideas e informaciones muy fuerte, muy vigorosa, y que quien la ejerza está protegido. Esa es la mejor manera de evitar la autocensura que es tan peligrosa como la censura. –¿Y no hay problemas en su país? –En materia de libertad de expresión hay cuentas pendientes. Es necesario regular la ley de acceso a la información pública para que cualquier ciudadano pueda conocer los registros públicos. También hay que regular el uso de la publicidad oficial, porque el Estado utiliza la pauta publicitaria con fines propagandísticos o para premiar o castigar a los medios según el contenido de sus opiniones. –¿Eso ocurre en Argentina? –Eso ocurre. Por otro lado, se requiere una mayor cultura democrática, porque el poder se manifiesta bastante intolerante hacia las críticas y es usual sobretodo de parte del Ejecutivo las descalificaciones a la prensa o a periodistas cuando no gusta lo que escriben sobre la administración. Se necesita más tolerancia. –¿Cuál es la diferencia entre publicidad estatal y propaganda? –El Estado tiene la obligación de hacer publicidad de sus actos, eso es la esencia de un gobierno republicano. Lo que es ilícito es utilizar la publicidad estatal, que es la que se paga con el dinero de todos, porque son dineros públicos, para hacerle propaganda a un gobierno. Es decir, la publicidad estatal no es para hacer propaganda de gobierno, sino para poder difundir cuáles son las obras, las políticas; para tener una comunicación del gobierno, para que la población sepa en qué se está gobernado, para hacer campañas de promoción de derechos. Lo otro lesiona la libertad de expresión. –¿Cómo se logra eso con una legislación? –Hay ya varias legislaciones. En España, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Canadá. Lo básico es que se diga claramente cuál es el objetivo de la publicidad oficial y se la diferencie de la propaganda. Que no se cuelen intereses electorales, y se establezcan criterios objetivos de distribución. Quiere decir que no haya discrecionalidad. Y por su puesto debe hacerse de modo transparente. –¿Y qué pasa con los medios alternativos y comunitarios? –No se debe hacer. Está bien que el Estado subsidie a algunos medios que no se pueden hacer escuchar, pero no a través de la publicidad oficial, sino de subsidios por reglas de adjudicación objetivas, independientes y transparentes. –¿Qué opina de Telesur? –No lo he visto nunca. Creo que es un canal que tenía por objeto la promoción de valores regionales, pero no sé si lo cumple.
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