La impunidad camina libre por Alto Apure

Por Venezuela Real - 15 de Abril, 2007, 12:52, Categoría: Seguridad/Inseguridad

Jesús Pereira
El Nacional
15 de abril de 2007

Sicarios han asesinado a más de 50 personas en los últimos tres meses

La guerra entre las FARC y el ELN ha incrementado la violencia en la zona fronteriza. Sicariato, extorsión y desplazamientos forzosos son el pan diario de un conflicto trágico que crece cada día

I. Es jueves primero de marzo, son las 12:10 de la tarde y casi todos los negocios están cerrados porque un corte de energía eléctrica congeló los ventiladores. El calor sofoca hasta en la sombra.

Por la acera camina un hombre alto, canoso, de 39 años de edad: Miguel Ángel Rattia, presidente de la Junta Parroquial de El Amparo (elegido en agosto de 2005 con la tarjeta de UVE, morocha del MVR). El dirigente comunal se había levantado a las 6:00 de la mañana con la tarea de buscar cotizaciones para instalar una manga de coleo durante las ferias del 19 de Marzo.

Después de completar la diligencia, Rattia se detiene en una pequeña frutería antes de regresar a su casa. No se da cuenta que una moto con dos hombres se estaciona frente al negocio. El parrillero se baja con una pistola 9 milímetros en la mano y descarga nueve disparos sobre el líder parroquial: dos en la cabeza y siete en el cuerpo. El hombre se desploma a menos de medio metro del encargado del negocio; sigue vivo un par de minutos más, pero nadie se atreve a ayudarlo.

"No puedes arriesgarte por un hombre que ya está muerto. Si te metes en esas cosas, arriesgas a toda tu familia", dice un taxista que pasaba frente a la frutería cuando ocurrió el homicidio.

El asesino, sin apuro, camina lentamente hasta la moto, se enfunda la pistola y escapa con su compañero por la calle más transitada de Guasdualito. En 10 minutos llegan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; preguntan a los testigos, pero ninguno dice nada. El homicidio ocurre frente a la única bomba de gasolina de Guasdualito, a una cuadra del terminal de pasajeros y a 200 metros de la sede de la policía regional; pero nadie aporta pistas. Los funcionarios no insisten demasiado, levantan el cuerpo de Rattia y lo llevan a la morgue del hospital; cuentan las heridas, extraen las balas y declaran a los periodistas.

El caso es asignado a la Fiscalía 12 del estado Apure y el expediente pasa a descansar en una gaveta.

A mes y medio del crimen, la investigación no ha avanzado ni un milímetro.

Las estadísticas que manejan las autoridades indican que, en lo que va de 2007, ha habido más de 50 asesinatos; casi todos con características de sicariato. La mayoría de estos casos se registran en 3 ciudades: Guasdualito, El Nula y El Amparo. En 2006, las autoridades sumaron, por lo menos, 110 muertes con este formato.

"Aquí no hay robos, atracos ni delincuencia común. Se puede dormir con las puertas abiertas. Pero los sicarios son una realidad innegable, que ha crecido desde el año pasado. Pueden ir en carro, moto, bicicleta o caminando; te interceptan en cualquier sitio y te asesinan, casi siempre antes de las 3:00 de la tarde", explica José Alvarado, alcalde del municipio Páez, quien desde hace tres meses no sale de su despacho sin la protección de dos guardaespaldas. Aunque no ha recibido amenazas, dice que "acepta la realidad" y se mueve con prudencia.

Mientras tanto, la impunidad camina libre por el llano. Aunque la Fiscalía se niega a suministrar información oficial, funcionarios policiales confirman que ninguno de los crímenes cometidos desde 2006 está cerca de resolverse.

La gente susurra los nombres de matones célebres, que pasean armados por los pueblos, relacionados con alguno de los dos grupos irregulares colombianos más poderosos de la zona: el Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional. Pero si alguien denuncia, le ponen precio a su cabeza y, generalmente, no es muy alto: hay sicarios en Alto Apure que trabajan por sólo 150.000 bolívares.

"Aquí muchos saben quién mató a Rattia. Los mismos matones de siempre. Pero nadie va hasta El Gamero, Morrones o Las Vegas (barrios de Guasdualito y El Amparo) a meterlos presos. Si dices algo a las autoridades, después no hay quien te proteja", apunta un dirigente vecinal.

Los policías se justifican con la falta de recursos. La oficina del Cicpc de Guasdualito sólo tiene ocho funcionarios asignados, dos patrullas, sin laboratorios ni medicatura forense.

El equipo lo completan dos fiscales regionales (el 3° y el 12° de Apure) que deben resolver todos los homicidios en la región; cada despacho maneja más de 60 casos. "En esas condiciones, no pueden esperar que hagamos mucho", reclama un funcionario.

La escasez de recursos no sólo alimenta la impunidad, sino que genera situaciones extremas: el domingo 18 de marzo, un hombre fue asesinado por un sicario a las puertas del terminal de pasajeros de El Nula, a las 5:30 de la tarde. El cuerpo estuvo 19 horas tirado en el suelo y rodeado de sus familiares hasta que, al día siguiente, funcionarios del Cicpc de San Cristóbal llegaron para recoger el cadáver. En Alto Apure, los homicidios ya se han convertido en un problema sanitario.

II . El Amparo es un pueblo pequeño y tranquilo, que ganó celebridad desde que un grupo de militares venezolanos masacró a 14 campesinos, en octubre de 1988. Es el último punto en el mapa antes de cruzar el puente sobre el río Arauca y llegar a Colombia. Pocas veces se rompe el silencio de sus calles desiertas, como pasó el pasado miércoles 21 de febrero.

Ese día, un Chevrolet Caprice verde claro perseguía a un motorizado por las calles del pueblo, se detuvo cerca de la iglesia y comenzó un intercambio de disparos sin percatarse de que en medio del tiroteo quedó atrapada Naiber Piñero, una niña de 4 años de edad que esa tarde, como casi todas, jugaba en la calle frente a su casa. Media hora después, la pequeña agonizaba en el hospital San Vicente, en Arauca (Colombia), con un tiro en la cabeza. "No me toquen mi pelito", decía la niña, todavía consciente y en brazos de su abuelo, cuando los médicos comenzaron a despejarle la herida para intentar salvarle la vida, sin éxito.

Al día siguiente, una comisión militar detuvo e interrogó a uno de los involucrados, que resultó herido y era atendido en un ambulatorio cercano. El testimonio certificó que aquel tiroteo no fue un enfrentamiento entre hampones comunes, sino una muestra de la nueva fase del conflicto colombiano: la guerra de exterminio declarada desde hace más de un año entre las FARC y el ELN.

El consenso que las dos organizaciones guerrilleras mantuvieron durante más de cuatro décadas se rompió en marzo de 2006, cuando efectivos del ELN, al mando de un combatiente apodado "la Ñeca", asesinaron en Arauca a "el Che", miembro del alto mando del Bloque Oriental de las FARC. El episodio desató la guerra entre guerrillas que, hasta ahora, ha cobrado la vida de al menos 300 irregulares de ambos bandos (según cálculos de la Defensoría del Pueblo de Colombia).

El Comando Central del ELN ha intentado detener la confrontación, pero el Secretariado de las FARC no acepta la tregua porque el fondo del conflicto no es la muerte de un guerrillero, sino los diálogos de paz que el ELN entabló con el Gobierno colombiano en 2002 y que derivaron en una declaración de cese recíproco de hostilidades en 2005. "Es muy lamentable el papel del ELN en su triste ocaso como movimiento insurgente", se expresa en el más reciente comunicado de las FARC, fechado el 10 de febrero. "Se apresta a incorporarse al sistema político vigente, a la lucha electoral, y de remate se deja utilizar por la inteligencia militar del Ejército colombiano contra las FARC", se dice en el texto.

Esa guerra también se libra en territorio venezolano, empujados por la presión militar que ejercen los 11.500 efectivos del Ejército de Colombia desde el departamento de Arauca, donde el gobierno de Álvaro Uribe ha desplegado uno de los escenarios más intensos de su estrategia de "seguridad democrática".

El inicio de los enfrentamientos de este lado de la frontera fue el 30 de septiembre de 2006, cuando fueron ajusticiados dos combatientes del ELN cerca de El Nula. "Desde ese día se ve más claro el conflicto entre los dos grupos. Pero no en choques directos entre combatientes. La gente en Caracas piensa que aquí los guerrilleros andan uniformados por la calle, con fusiles en el pecho. Eso no funciona así. Los que están cayendo son civiles vinculados con ambos grupos, a manos de sicarios", explica el padre Acacio Belandria, quien desde hace siete años se desempeña como vicario episcopal de Alto Apure.

Después de la muerte de la niña Piñero, los habitantes de El Amparo no se muestran consternados por el suceso y hasta parecen acostumbrados a esta clase de violencia.

–Yo viví en Valencia hasta que tuve 27 años y me atracaron tres veces en la puerta de mi casa, a punta de pistola –dice la encargada de una panadería de El Amparo–. Eso sí que es violencia. Aquí estamos muy tranquilos. Podemos dormir con la puerta de la casa abierta.

–¿Usted dónde vive?
–En el sector Raúl Leoni, detrás de la iglesia.

–¿Allí no fue donde mataron a la niña?
–Sí, como a media cuadra de mi casa.

–¿No se siente insegura después de eso?
–No vale. Eso fue un episodio aislado.

–¿Y usted conoció a Miguel Ángel Rattia?
–Claro, un tipo trabajador.

–¿Sabe cómo lo mataron?
–Sí, le pegaron nueve tiros en Guasdualito. Pero esos son asuntos privados. Si uno no se mete en cosas raras, no pasa nada.

–¿Qué cosas raras?
–Cosas raras, tú sabes. Con los vecinos.

Casi todos los homicidios ocurridos desde octubre de 2006 en la zona fronteriza están relacionados con la guerra entre las FARC y el ELN. Sicarios vinculados con alguno de los grupos asesinan a colaboradores de la guerrilla rival; una cacería humana que pocas veces involucra a combatientes colombianos y afecta a campesinos humildes, dirigentes vecinales y hasta jóvenes que son embaucados por la guerrilla para hacer trabajos de "monitoreo" en los pueblos.

Apure, Luis Carrero, ha denunciado que el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos irregulares es una realidad en escuelas de Guasdualito, El Nula y La Victoria. "No es un fenómeno generalizado. No es que secuestran a un salón completo de muchachos. Ellos detectan a un joven rebelde, de carácter violento, lo captan y comienzan un trabajo de enamoramiento político. Después de algunas semanas, los muchachos trabajan voluntariamente con ellos, ilusionados con las armas, con las ideas o con el dinero", explica el padre Belandria.

Mientras tanto, los habitantes de la zona prefieren guardar silencio frente a las diversas formas que asume la violencia en la frontera, aunque son conscientes de que la guerra puede tocar a la puerta en cualquier momento. "Una noche llegaron a mi casa tres `elenos’ a pedirme comida y techo para dormir. Yo tenía dos opciones: si los rechazaba, me declaraba su enemigo; pero si los ayudaba, me convertía en un `colaborador’ y pasaba a ser un blanco de los `faracos’. Al final, no importa lo que hice ese día, porque al día siguiente ya estaba involucrado en el conflicto", explica un vecino de La Victoria, un pueblo enclavado en las riberas del río Arauca.

III . La carretera que comunica a El Nula con La Victoria es un largo camino abandonado, sin vigilancia y lleno de huecos, que atraviesa una amplia sabana que parece no tener dueño.

Cerca de esa carretera estuvo instalado, hasta hace seis meses, el caserío Santa Inés: un asentamiento campesino donde 33 familias cosechaban en pequeños conucos y vivían en humildes ranchos de latón y madera, hasta que el miércoles 11 de octubre de 2006 recibieron una visita inesperada. Una docena de combatientes del ELN, armados y uniformados, ordenaron el desalojo inmediato de toda la comunidad en un plazo no mayor de 24 horas.

Testigos explican que los irregulares ejecutaron, frente a todos, a un hombre de aproximadamente 45 años de edad y dejaron el cadáver expuesto, una clara amenaza para quienes se negaran a cumplir la orden. "Tuvimos que huir con las pocas cosas que teníamos encima. Gracias a Dios nos dieron un poco más de tiempo para desarmar los ranchitos y traernos el material para poder construir nuestras casitas". Las familias huyeron hasta El Nula y otras poblaciones cercanas, donde hoy todavía intentan retomar sus vidas, la mayoría con ayuda de organizaciones de derechos humanos.

Este es uno de los primeros casos reportados en suelo venezolano de desplazamiento forzoso de civiles, signo característico de la guerra en Colombia que –según cifras de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados– ya acumula más de 200.000 desplazados hacia Venezuela. Casi un tercio de ellos está instalado en la zona del Alto Apure.

¿Cómo un humilde asentamiento campesino se convirtió en objetivo militar del ELN? Al principio se planteó como una disputa territorial por la guerra entre guerrillas (el caserío Santa Inés se instaló a mediados de 2004, por mediación de las FARC, después de una inundación en una zona conocida como Caño Azul), pero a las pocas semanas, el alto mando del Frente Domingo Laín desautorizó la acción. Los jefes militares venezolanos manejan, ahora, otra hipótesis: una columna guerrillera actuó por su cuenta, contratada por el dueño de una hacienda que reclama la propiedad de esos terrenos, para desalojar a los campesinos.

Para nadie es un secreto que los grupos irregulares financian sus campañas armadas con dinero proveniente de la extorsión a los hacendados, y en Venezuela los ganaderos lo consideran como parte del negocio. "Ese es un tema viejo. Nosotros lo asumimos como cuando te dicen que tienes cáncer: aceptas su existencia y haces todo lo posible para no morirte de eso", revela Omar Bustos, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Nula.

Pero el mercado de la extorsión en Venezuela ya no es monopolio de las guerrillas colombianas. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), grupo insurgente venezolano que se declara socialista y defiende el gobierno del presidente Hugo Chávez, acumula denuncias entre las autoridades de la zona, con una clientela más diversa.

A mediados del año pasado, un consorcio chino tenía todo listo para firmar un contrato con la Alcaldía del Distrito Alto Apure para la construcción de 2.500 viviendas por 125 millardos de bolívares, pero el negocio se cayó tras una llamada telefónica. "Antes de que se firme cualquier contrato, la guerrilla sabe los términos y cuál es el monto. De inmediato contactan al contratista y cobran su cuota de 5% (que, en el caso de los chinos, eran más de 6 millardos de bolívares). Si no la pagas, te matan. Es sencillo.

Eso pasa también con consejos comunales o comerciantes que obtienen créditos, y el efecto es devastador: las empresas se van, se encarecen los contratos y es muy complicado trabajar en obras" explica el alcalde metropolitano, Jorge Rodríguez.

A pesar de estas denuncias, la posición de los voceros del Gobierno con respecto a las FBL no está clara: el presidente Chávez los rechaza abiertamente ("No necesitamos ese apoyo, son grupos ilegales y deben ser perseguidos", dijo el 22 de septiembre de 2004), el ministro Pedro Carreño los despacha diplomáticamente ("No me ayudes tanto, compadre", es el mensaje que les repitió varias veces el 22 de marzo de este año) y el gobernador de Apure, Jesús Aguilarte, pide para ellos un tratamiento especial. "No los veo como criminales comunes. Hay diferencias. Ellos deben deponer las armas, pero podrían incorporarse a defender la revolución en otros espacios. Ayudarían mucho a la inteligencia militar, por su conocimiento del terreno y de los grupos irregulares colombianos", señala el mandatario regional.

Mientras los voceros del Gobierno debaten sobre el origen de los grupos irregulares, los habitantes de Alto Apure parecen tener una única manera de sobrevivir a ellos: el silencio. "Es preocupante cómo en la frontera hemos aprendido a vivir con la violencia, a tolerarla fácilmente –reflexiona el padre Belandria– Sin entender que, al callar, sólo alimentamos la impunidad".

 Datos
Nuevo régimen
· · · El Distrito Especial Alto Apure fue creado en 2001 como una instancia intermedia de gobierno, cuyo objetivo es reforzar la presencia del Estado en el este de Apure .
Un paso más
· · · Dirigentes civiles y grupos políticos del Alto Apure defienden la idea de transformar el distrito Alto Apure en un territorio federal, como paso previo a convertirse en el estado N° 26 de la República. Sin embargo, esta propuesta tiene mucha resistencia en el gobernador Jesús Aguilarte.
Propuesta presidencial
Como parte de la discusión de la "nueva geometría del poder" anunciada por el Presidente de la República, se debate en el alto Gobierno la posibilidad de reorganizar la zona de los llanos y fusionar el este de Apure con municipios del suroeste de Barinas y el sur de Táchira, para crear un nuevo estado.







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