Alirio Abreu Burelli: "Aquí no hay plena libertad de expresión"

Por Venezuela Real - 17 de Abril, 2007, 9:10, Categoría: Derechos Humanos

ROBERTO GIUSTI
EL UNIVERSAL
17 de abril de 2007

"La libertad de expresión es piedra angular de la democracia. Y si ella no es plena, no hay democracia"

Ex vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alirio Abreu Burelli advierte que sus opiniones se ciñen a lo estrictamente jurídico, lo cual nos deja un amplísimo campo para la conversación si comsideramos la situación actual de las ciencias jurídicas en el país.

Abreu participó en el Seminario Internacional La libertad de expresión en una sociedad democrática, organizada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, y allí, como para no dejar dudas, parafraseó, para entrar en materi a, al viejo Lenin: "¿Por qué debería permitirse la libertad de expresión y prensa? ¿Por qué un gobierno que está haciendo lo que cree correcto debe permtir que lo critiquen? No permitiría la oposición con armas letales, pero las ideas son más fatales que las armas".

-¿Cómo evalúa el estado de la libertad de expresión en Venezuela?
-Hay un debate que se mueve entre la posición de los gobiernos que pretenden ejercer controles y la tesis universal, contenida en los tratados y la interpretación de los tribunales, según la cual la libertad de expresión es piedra angular de los fundamentos esenciales de la democracia. De manera que si no hay plena libertad de expresión, no hay democracia. Y yo pienso que en Venezuela no hay plena libertad de expresión.

-Es decir, no hay democracia.
-La democracia quedaría reducida a ciertos aspectos formales. Podríamos afirmar que hay democracia porque con todas las dificultades, los funcionarios son elegidos en procesos electorales reglamentados legalmente. Hay, también, libertad de expresión porque podemos manifestar nuestras opiniones, pero se necesita algo más que eso. La gente debe tener la certeza de que no será reprimida ni perseguida por sus ideas.

-¿Se refiere a una inducción hacia la autocensura?
-Pienso que en determinados momentos está obrando la autocensura. Por la necesidad de proteger intereses personales y económicos hay quienes se adaptan a cierta modalidad que adquiere la libertad de expresión cuando se la limita.

-Si usted controla a un medio con la pauta publicitaria o usa los tribunales para acusar a periodistas de delitos no vinculados a su ejercicio profesional, ¿no está violentando la libertad de expresión?
-Esa figura es considerada por los tribunales como medios indirectos, porque el Gobierno puede elegir el medio a través del cual transmitir su mensaje. Uno de los conferencistas se refería a un caso ocurrido en Argentina, donde la publicidad oficial se hace a través de los canales propios o acudiendo a ciertos medios afines al Gobierno. A veces se trata de atemorizar para disminuir la capacidad de los instrumentos de difusión de las ideas. En las sentencias de la Corte no se habla sólo de libertad de expresión como garantía de que una persona pueda expresar sus ideas, sino que se refiere también a la protección que requieren medios y periodistas para conservar la independencia y el secreto de la fuente. Ya en el siglo XVIII existía en Finlandia una ley que protegía la confidencialidad de la fuente. Cuando se pretende romper este principio se atenta contra una de las bases fundamentales de la libertad de expresión y del ejercicio profesional.

-¿Incluye la negativa a permitir el acceso a las fuentes oficiales?
-En Chile el Caso Palamara Iribarne es muy ilustrativo en ese sentido. Se trataba de obtener, de parte de un comité oficial de inversiones extranjeras, determinada información que fue negada. Se recurrió a los organismos jurisdiccionales pero no hubo decisión. Acudieron, entonces, a la Corte Interamericana y el Estado chileno fue sancionado por negar información de interés público como lo era una concesión maderera a una empresa extranjera. Sin apertura informativa no hay libertad de expresión.

-¿Son acatados esos fallos de la Corte Interamericana en los respectivos países?
--Son acatados. El caso más evidente es Chile, donde se reformó la Constitución política para eliminar la censura previa. Allí también se abolieron, como delito, todas las leyes de desacato. Lo mismo ocurrió en Paraguay, donde el Estado reformó su legislación para adecuarla a la convención americana.

-¿Se podría decir lo mismo del Estado venezolano?
-En Venezuela ha habido muchas peticiones de medidas. En la Corte, y de acuerdo con las relaciones con la Cancillería, tuvimos la impresión de que las medidas eran acatadas. Se solicitaba, por ejemplo, protección para determinado periodista o para personas como Liliana Ortega, que dirige una ONG. Aunque desconozco en la práctica cuál fue el resultado.

-Si a usted le hubiera llegado el caso de RCTV a la Corte, ¿cómo lo habría ventilado?
-Es muy difícil porque las sentencias son el resultado de los testimonios de las partes y de las pruebas. Tendríamos que haber examinado el caso pero particularmente, sin comprometer el criterio de la Corte, que no emite decisiones sobre temas abstractos, pienso que se trata de una decisión administrativa que debe cumplir los requisitos del debido proceso.

-Es decir...
-Bien sea en Venezuela o en otro país que reconozca la jurisdicción contenciosa de la Corte, la primera exigencia es determinar si esa decisión cumple las garantías del debido proceso. Entiendo que se pretende no prorrogar la concesión por haber incurrido sus directivos en ciertos delitos. Pero eso violaría el principio tercero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, porque para tomar una decisión de tal naturaleza no basta con decir que yo Estado tengo la postestad de hacerlo, sino que debe abrirse un proceso, atribuir unos hechos y demostrar que ocurrieron.

-¿Debe el Estado llevar ante los tribunales a RCTV, acusándolo de determinado delito y esperar la decisión?
-Así es. Pero cuidado. Fujimori no cerró el canal Frecuencia 2, sino que inhabilitó a uno de sus directivos, que manejaba una opción política contra el régimen, anulándole la nacionalidad. Y al hacerlo, como extranjero no podía estar al frente de un medio.

-En este caso no cierran el canal, sino que éste pasa al Gobierno.
-Aquí se está privando de una concesión a determinadas personas, con una línea editorial definida, por supuestos hechos criminales. No se aduce que se agotó la concesión o que el medio sigue una política negativa para los interses de la población o del país. El Presidente ha dicho que los directivos de RCTV son golpistas y ese es un delito. Si esa es la razón las personas señaladas deben tener la oportunidad de defenderse. Puede ser que el canal continúe con las mismas características y su nombre, pero se afectan intereses personales y sociales al eliminar una línea editorial.

-¿Cómo queda el derecho a la información de los televidentes?
-Además de una dimensión individual que se afectaría, también sufre la dimensión social, el derecho de la población de elegir ese canal con una determinada posición. Eso siempre y cuando no vaya contra los altos intereses del país. La única excepción que hacen los instrumentos internacionales y las leyes nacionales, respecto a la censura previa, es que los medios no afecten la formación de los niños. Pero ese no es el caso. Sí pienso que toda actuación del Gobierno debe estar sujeta a un control del Poder Judicial. Si el Ejecutivo otorga o no una concesión, en la soledad del poder puede tomar una decisión, pero debería someterse a discusión ante el Poder Judicial. Esa decisión genera un derecho colectivo y uno debe preguntarse qué piensa la sociedad porque no se la puede tener ajena ante lo que ocurre. Lo manifieste o no, la gente tiene un criterio y una relación con esa realidad que es el medio. El Estado tiene derecho a decidir si otorga o si prorroga una concesión, pero esa no puede ser una facultad unilateral y despótica.






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