Exigen destituir a 6 magistrados del TSJ por usurpar funciones

Por Venezuela Real - 25 de Abril, 2007, 12:10, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
24 de abril de 2007

José Luis Tamayo cuestionó cómo rechazaron una acción sobre el 11A

Por segunda vez en menos de un mes se han alzado voces que claman por la remoción de seis de los siete miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (TSJ), bajo la acusación de haber "usurpado funciones" e incurrido en un "error inexcusable". En esta oportunidad, no fueron los diputados de la Asamblea Nacional, sino el abogado José Luis Tamayo, representante de los ocho agentes de la Policía Metropolitana procesados por su presunta participación en los sucesos de abril de 2002, quien demandó la cabeza de los magistrados.

La exigencia la formuló el penalista al Parlamento, por medio de un escrito de 23 páginas, en el que cuestionó la forma como Luisa Estella Morales, Jesús Eduardo Cabrera, Francisco Carrasquero, Marcos Tulio Dugarte, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado desecharon la acción que en septiembre de 2005 interpuso para lograr que los efectivos policiales fueran juzgados en libertad.

En el fallo 626, del 13 de abril pasado, la Sala, con el voto salvado del magistrado Pedro Rondón Haaz, rechazó la solicitud, alegando que los uniformados están siendo encausados por la presunta comisión de un delito contra los derechos humanos y que la Constitución, en su artículo 29, prohíbe otorgarles cualquier tipo de beneficio.

Los agentes fueron acusados de homicidio por el Ministerio Público, y en su dictamen, el Máximo Juzgado afirmó que "el delito imputado constituye una violación al derecho humano a la vida".

Tamayo denunció que al realizar esta declaración los seis magistrados "invadieron arbitrariamente la función legislativa, pues tal tipificación sólo le correspondía hacerla, mediante una ley expresa y previa, a la Asamblea Nacional".

Advirtió que este criterio podría provocar la derogación del Código Orgánico Procesal Penal y el regreso al sistema inquisitivo, donde el acusado debía probar su inocencia para no parar en la cárcel, pues "cualquier funcionario o ciudadano que sea señalado de agredir a otra persona, cometer un delito ambiental o de acaparar comida, por ejemplo, deberá ser privado de su libertad mientras se determina su culpabilidad o no, porque todo delito afecta en mayor o menor medida los derechos humanos".

Igualmente consideró este fallo como una demostración de la parcialidad con la que ha actuado la justicia en el caso del 11A. "¿Por qué los llamados pistoleros de puente Llaguno y otros imputados no están tras las rejas como los policías y los ex comisarios?", se preguntó.

Asimismo, recordó que la Sala se contradijo, pues en 2005 dictó otro fallo, el 537, donde estableció que el Parlamento era el que debía definir qué es un delito de lesa humanidad o contra las garantías fundamentales.

Tamayo también acusó a Morales, Cabrera, Carrasquero, Zuleta, Dugarte y Delgado de incurrir en un "craso e inexcusable error" al tildar de "favorecedoras de la impunidad" las medidas cautelares (régimen de presentación ante los tribunales, prohibición de salida del pa´´is, etcétera).

Por último, hizo suyas las objeciones de Rondón, quien en su voto salvado calificó esta afirmación de "absurda" y dijo que, de ser cierta, entonces por qué "no se decretó una proscripción general, esto es, su prohibición de aplicación, cualquiera sea el delito a juzgar".









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