Fin de señal de Rctv marcará jurisprudencia en comunicaciones

Por Venezuela Real - 26 de Abril, 2007, 19:15, Categoría: Estado de Derecho

DORYS VILLARROEL
El Mundo
26 de Abril de 2007

• El gobierno se plantea recuperar el espectro radioeléctrico nacional
• Óscar Lucién advierte que la asignación discrecional de frecuencias puede tipificarse como un delito contra la libertad de expresión, según la Cidh

Caracas. La decisión del Gobierno de no renovar, a partir del próximo 28 de mayo, la concesión a Radio Caracas Televisión (Rctv) tiene dos vertientes bien definidas: política y jurídica. De acuerdo con las posiciones expresadas por voceros del Gobierno y de la oposición, los extremos del caso, se tiene a un medio de comunicación audiovisual que actúa contrario a la ley, motivado por la tesis del "golpismo", y a un Gobierno que cada vez se observa más "totalitario" y violatorio de los derechos humanos, en perjuicio directo de la libertad de expresión e información.

"La política del Estado debe ser revisar todas las concesiones y, en el marco de la Ley Habilitante, establecer las directrices para recuperar el espectro radioeléctrico. Se propone una administración plural y diversa y yo sería partidario de fortalecer un sistema de radio comunal, de interés general y de carácter educativo, formativo e institucional", advierte el estudioso de la comunicación y diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Hernández.

El especialista, quien asesoró el diseño de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, está convencido de que al Estado venezolano le asisten suficientes argumentos jurídicos para no renovarle la concesión a Rctv. Asegura que cada Estado es soberano para manejar las telecomunicaciones, entendiendo que la comunicación es un bien de dominio público. En ese sentido, cita el artículo 113 de la Constitución, en el que a su juicio se autoriza al Gobierno para tomar este tipo de decisiones, asegurando contraprestación y contragarantías adecuadas al interés público.

"Yo como Estado puedo exponer que un canal de televisión no contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo. Además, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en su artículo 73, dice que la renovación de las concesiones es un acto administrativo unilateral del Estado, en el momento que ésta vence".

Hernández recordó que se han incoado ante el Tribunal Supremo de Justicia varias medidas contra los canales de televisión sobre los cuales no ha habido pronunciamientos, y no está descartado que la máxima instancia judicial, que él observa como un poder independiente, pudiera conceder el derecho a directivos de Rctv en un escenario "hipotético".

FALTA JURISPRUDENCIA

Entre tanto, el ex director del Ininco y directivo de Ciudadanía Activa, Óscar Lucién, maneja las opciones de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, exigiendo el debido proceso jurídico para juzgar la actuación del canal dos y aplicar la sanción que corresponda, sin llegar al cierre de su señal libre, una medida judicial "ejemplarizante" que garantice los derechos de los trabajadores que laboran en la televisora o una estrategia que impida que el Gobierno pague un alto costo político por la medida y quede como el gran salvador de la situación.

Explica Lucién que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual firmó Venezuela, considera que la asignación discrecional de frecuencia puede tipificarse como un delito contra la libertad de expresión, porque dice que no se pueden utilizar los caminos indirectos, como la asignación de frecuencias, para influir en la línea editorial de los medios de comunicación, y en este caso se está utilizando la facultad que tiene el Estado para otorgar las concesiones con un fin político.

"El problema es que la legislación venezolana no especifica los elementos según los cuales se renueva o no una concesión. Lo que se dice es que por analogía sería lo mismo que se revoque la concesión y, si éste es el caso, habría que hacerle un juicio al canal para ver cuáles son los elementos que ellos han violentado y en función de esto el Estado toma la decisión. Lamentablemente, no se están siguiendo los caminos regulares, desde el punto de vista estrictamente jurídico", señaló Lucién.

El especialista recuerda un antecedente de cierre de televisora en Latinoamérica. Se trata del canal peruano Frecuencia Latina, cuyo dueño, Baruch Ivcher, de origen iraní, fue despojado de su propiedad porque el Gobierno alegó irregularidades en su nacionalidad. Después de varios años, gracias a una acción de la Corte Interamericana, recuperó su medio de comunicación.

 MEMORIA
Pasos atrás
01/06/2000
A través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el Gobierno queda autorizado para suspender los programas de radio y televisión, "cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación".

12/06/2001
La Sala Constitucional del TSJ, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, dicta la Sentencia 1.013 que declara "improcedente in limine litis" el amparo incoado por Elías Santana, representante de Queremos Elegir, frente a la negativa del presidente de la República, Hugo Chávez, y la directora de Radio Nacional de Venezuela, Teresa Maniglia, de permitir el derecho de réplica, respecto a planteamientos hechos en "Aló, Presidente".

20/01/2003
El ministro de Infraestructura ordena la apertura de procedimiento contra las televisoras privadas (canales 2, 4 y 33) por transmitir noticias contra el Presidente y otras que se consideran falsas, engañosas o tendenciosas o que irrespetan a las instituciones y autoridades legítimas.

16/07/2003
La Sala Constitucional dicta la Sentencia 1.942, respaldando las leyes de desacato, que castigan con prisión a quienes critiquen a funcionarios públicos, y valida la censura previa de la información.

20/03/2004
Informe anual de la Relatoría especial para la libertad de expresión señala que ataques a medios y periodistas están motivados por críticas al Gobierno.

07/12/2004
Se aprueba la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

16/03/2005
Entra en vigencia la Reforma Parcial del Código Penal Venezolano, mediante el cual se penaliza la ofensa al Presidente de la República y a otros altos funcionarios, así como la protesta pública y cierre de la vías, entre otros.

28/12/2006
El presidente Chávez anuncia la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión.






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