Acusan a tribunales y Fiscalía de liderar ataques a libertades

Por Venezuela Real - 3 de Mayo, 2007, 11:37, Categoría: Derechos Humanos

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
03 de mayo de 2007

Espacio Público registró menos agresiones a periodistas en 2006 *
(ver informe)

El Poder Judicial y el Ministerio Público fueron las instituciones del Estado responsables del mayor número de ataques y violaciones al derecho a la libertad de expresión en 2006. Así lo denunció Espacio Público, organización no gubernamental que ayer presentó en el Ateneo de Caracas su informe anual sobre la situación de esta garantía fundamental en el país.

El coordinador de la agrupación, Carlos Correa, informó que entre enero y diciembre del año pasado registraron 106 casos de vulneraciones a la libre expresión, 95 de los cuales fueron cometidos por autoridades (76,61%). De ese casi centenar de casos, 17 (17,89%) fueron responsabilidad de los tribunales del país y 10 (10,53%) de la Fiscalía General de la República.

Alertó que se mantuvo la tendencia de acudir a la justicia para "criminalizar la expresión", tal y como lo refleja el hecho de que contabilizaron 21 casos de hostigamiento judicial.

Al respecto, el abogado constitucionalista Rafael Chavero, quien acompañó a Correa durante la presentación, advirtió: "La existencia de investigaciones criminales y procesos judiciales en contra de periodistas genera un clarísimo efecto disuasivo sobre las personas que ejercen esta profesión. Cualquier periodista que vea lo que le está constando personal y económicamente a un colega un proceso, eso va a derivar en que se aleje de coberturas polémicas y asuntos que puedan generar roces. Eso conlleva a la censura y que los ciudadanos estén cada vez más lejos de las noticias controversiales".

Seguidamente cuestionó la decisión del juez 7 de Control de Caracas, Florencio Silano, quien a principios del año pasado prohibió a los medios de comunicación difundir informaciones relacionadas con Giovany Vásquez de Armas, el testigo clave de la Fiscalía en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, por considerarla "inconstitucional" y como "un franco retroceso en materia de libertad de expresión".

"A partir de ahora, cualquier tribunal puede mandar a callar a cualquier persona y a todos los diarios, radios y televisoras, sin decirnos el porqué", alertó.

Igualmente criticó el fallo de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia que responsabiliza a los editores de los medios de lo que publiquen sus reporteros, pues ello "contribuye a la autocensura".

Mala costumbre

Correa admitió que en los últimos 12 meses contabilizaron un 18,3% menos personas afectadas por restricciones a sus derechos a expresarse y opinar, pues registraron 134 víctimas frente a los 164 de 2005. No obstante, advirtió que el número de vulneraciones se incrementó, lo cual "habla de una mayor intensidad en las agresiones".

Asimismo expresó su preocupación por "la naturalización o normalización" de los ataques contra periodistas y demás trabajadores de la comunicación. "Observamos que los reporteros fueron agredidos sin causa aparente, porque es algo usual, pues el clima de polarización ha ido disminuyendo".

Correa recordó que la intimidación, la violación más frecuente (35,10%), es el factor más perjudicial para que los ciudadanos reciban información oportuna y veraz. La razón: "Un reportero, un periodista que salga a la calle con temor va a tener más aprehensiones a la hora de hacer una cobertura, va a ser menos audaz".

A quienes aseguran que en Venezuela hay plena libertad para opinar e informar les replicó: "La libertad de expresión no es solo decir cosas, sino decirlas sin que haya consecuencias y poder acceder a la información sin problemas".
Caso de RCTV

Sin entrar a considerar los motivos por los cuales el Gobierno no va a renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el coordinador de Espacio Público afirmó que a la planta les han sido violados sus derechos al debido proceso y a la igualdad, por cuanto "no han podido presentar sus argumentos ante las autoridades para que sean analizados" y "tampoco se le está aplicando la medida a otras empresas (las cuales también habrían participado en los sucesos de abril de 2002, que es el argumento esgrimido por el Presidente para no revalidar el permiso)".






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