Advierten que ley contra acaparamiento crea terror

Por Venezuela Real - 3 de Mayo, 2007, 13:14, Categoría: Economía

MARIELA LEÓN
EL UNIVERSAL
03 de mayo de 2007

Directivos de Consecomercio, en representación de sus afiliados, introdujeron ayer una demanda de nulidad por inconstitucional del decreto-ley contra el acaparamiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El presidente del gremio, Noel Álvarez, advirtió que la demanda de nulidad está referida a la totalidad de la ley. Sin embargo, en caso de que no fuese admitida en su conjunto, solicitó en consecuencia la nulidad de 18 de los 32 artículos, porque "la producción y la venta de productos sometidos a control de precio ya n o se hace en ejercicio de la libertad de industria y comercio, sino que se transforma en un servicio público". Esto implica que los "proveedores deben cumplir" con la disposición, aunque les genere pérdidas económicas. Y eso es inaceptable.

Sostuvo, asistido por el abogado Manuel Rachadell, que el texto demandado establece "sanciones muy graves", incluso de hasta seis años de prisión para "proveedores que, entre otros supuestos delitos, dejen de vender productos controlados que les producen pérdidas y la inhabilitación para ejercer el comercio hasta por diez años".

La ley faculta además a los órganos administrativos para ocupar sin límite de tiempo los establecimientos industriales y comerciales, comentó Álvarez, a los fines de "ponerlos a funcionar en provecho del organismo público, en tanto que los propietarios deben continuar cancelando sus obligaciones con los trabajadores o para cerrarlos hasta por 90 días".

Dijo Álvarez, acompañado de Nelson Maldonado (vicepresidente) y Albis Muñoz (ex presidenta), que "tenemos algunos casos donde existe ambigüedad, en el sentido de que una vez que el Gobierno ocupa el establecimiento, sin declarar la expropiación, no se sabe quién es el patrono. Es el caso de un frigorífico donde los trabajadores les reclaman su salario tanto a los propietarios como al Estado".

Además argumentan sobre el texto nacido de la Habililtante que el Parlamento no puede delegar en el Ejecutivo la potestad de legislar sobre limitaciones a los derechos humanos.

Las normas impugnadas contradicen a la Constitución, y "están destinadas a crear terror entre los productores y comerciantes, a ahuyentar la inversión , a producir escasez de productos y también a generar inseguridad en el país".

Recordó que Consecomercio, desde hace varios años, ha impugnado "todos los instrumentos legales que contravienen a la Constitución y el respeto a las libertades económicas".

El organismo demandó a la Ley de Protección al Consumidor y al decreto de control de cambio; ahora a la ley contra el acaparamiento que "hace un gran daño a la empresa".







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