RCTV denuncia la intolerancia de Chávez

Por Venezuela Real - 19 de Mayo, 2007, 14:33, Categoría: Prensa Internacional

VICTOR FLORES
El Nuevo Herald
19 de mayo de 2007

El director general de la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV) denuncia diez días antes de que venza la licencia de ese canal fundado en 1953 que el gobierno de Venezuela no renovará la concesión porque el presidente Hugo Chávez busca acabar ``con toda opinión diferente''.

''Es una decisión política de un gobierno muy intolerante con las opiniones distintas a las del presidente'', quien acusa al canal de ''golpista'', afirma Marcel Granier, entrevistado por la AFP en las instalaciones del canal en Caracas.

¿Cuál es el origen de esa decisión del gobierno? ``Es el deseo de ir acabando con toda opinión diferente, la misma del partido único, de la asamblea unicolor, la misma de la Ley Habilitante [que le otorga al presidente plenos poderes para legislar por decreto], la misma de las Fuerzas Armadas partidizadas''.

''Es el deseo típico de los regímenes militares de concentrar todo el poder en una sola persona'', subraya.

Granier, centro de severas críticas de Chávez, que denuncia la línea editorial de RCTV y el ''daño moral'' causado a la sociedad por su programación, afirma que el gobierno no tomó el camino legal.

El empresario ha ofrecido su cabeza y apartarse del canal para evitar que la concesión se extinga.

''Si ellos piensan que uno está violando la ley hay mil mecanismos, ellos han inventado bastantes leyes para darse ese margen. Si ellos pensaran en el segundo pretexto, que la concesión está extinguida, ¿por qué no se prepararon para eso?'', se pregunta.

Dice que el gobierno ha emprendido muchos procesos contra RCTV: ``inspecciones de bomberos, de impuestos sobre la renta, de impuestos al valor agregado, pero sin ninguna decisión en contra''.

Pero la acusación clave de golpismo no llegó a los tribunales: ``esa acusación nunca la intentaron, es una calumnia del presidente, que nunca se ha probado''.

En cambio, RCTV denunció al gobierno ante organismos internacionales. ``Por eso tenemos un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión encontró que el gobierno había violado derechos fundamentales de nuestros trabajadores''.

La historia es la siguiente: nueve trabajadores interpusieron una denuncia ante la CIDH por agresiones de oficialistas durante los disturbios que desencadenaron un golpe contra Chávez el 11 de abril del 2002, que fracasó 47 horas más tarde.

''Las agresiones continuaron y se fueron extendiendo. Hoy en día abarcan hasta 3,000 personas'' que trabajan en el canal y añade que van 148 trabajadores agredidos.
Granier afirma que ``lejos de cesar las agresiones, el gobierno fue escalando las agresiones a los trabajadores, físicas y morales, el abuso de poder, la utilización de la publicidad oficial para tratar que los periodistas y los medios modifiquen su orientación editorial''.

Finalmente llegó ''la utilización [de la licencia] de frecuencias'' para presionar.
El 20 de diciembre del año pasado, la CIDH le comunicó al Estado que había encontrado ciertas estas denuncias de RCTV y, afirma Granier, ``le dio un plazo de dos meses para que cese las violaciones e indemnice por los daños que ha causado''.

La respuesta del gobierno ''fue el discurso del presidente Chávez en el Fuerte Tiuna'', principal plaza militar del país en Caracas.

En ese discurso de fin de año ante la Fuerza Armada, a tres semanas de haber sido reelecto con el 63 por ciento de los votos, Chávez afirmó, vestido de verde olivo, el 28 de diciembre: ``No se le va a renovar la concesión a ese canal golpista. Vayan guardando los equipos, pues''.

Granier sostiene: ``Esa fue una reacción a la demanda [ante la CIDH], por eso Chávez amenaza con salirse de la OEA y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es su manera de presionar y amedrentar a los jueces. Lo mismo que hace dentro de Venezuela''.

Ese ultimátum del presidente, el 28 de diciembre, no entró en la denuncia que la CIDH ha elevado ante la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica.

Pero el caso que cerró la CIDH el 20 de diciembre ya incluye denuncias al presidente Chávez y otros funcionarios por ``utilizar el argumento de la frecuencia [concesión] para provocar una modificación en la línea editorial de RCTV''.

Mientras la agitación vuelve a las calles, el Estado venezolano debe recibir muy pronto la demanda de la CIDH que fue elevada a la Corte Interamericana, un organismo autónomo de la OEA.






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