Contralor dice que ha sancionado a 820 funcionarios desde 1998

Por Venezuela Real - 20 de Mayo, 2007, 10:51, Categoría: Política Nacional

El Universal
20 de mayo de 2007

Russián dictó una conferencia en Bolívar sobre los alcances de la Ley de Contraloría
Russián advirtió que aunque los casos están sustentados, la Fiscalía no ha actuado

La Contraloría General de la República durante la gestión del presidente Hugo Chávez (1998), ha sancionado a 820 funcionarios públicos, pero lo que sucede es que en Venezuela existe una marcada impunidad.

La afirmación fue formulada por el contralor general Clodosbaldo Russián, en conversación con los representantes de los diferentes medios de comunicación social del estado Bolívar, donde ofreció una conferencia sobre los alcances de la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Russián enfatizó que su despacho ha sancionado administrativamente a 820 funcionarios públicos, tanto del partido de gobierno como de la oposición, y que los casos son remitidos a las instancias judiciales, pero que hasta allí llega la actuación de la Contraloría, lo que le obliga a afirmar que en el país existe una impunidad y que habría que establecer los mecanismos legales para combatirla.

En declaraciones publicadas por diversos medios de la región, Russián señaló que ha solicitado a la Fiscalía General actuar, porque las denuncias ya sancionadas por la Contraloría se encuentran bien sustanciadas, como para que los tribunales judiciales apliquen las sanciones penales, pero que no lo hacen.

Recalcó que en la Contraloría sólo hay facultad para sancionar administrativamente, pero que para las sanciones penales están los tribunales de justicia.

Medida activa

Consultado sobre la designación de contralores, suspendida hasta ahora por el Tribunal Supremo de Justicia, el contralor Russián manifestó que hasta ahora esa decisión se encuentra congelada, por lo que piensa que no será sino hasta la reforma de la Constitución Nacional cuando se adecue una nueva normativa para la selección respectiva.

Explicó que el problema se derivaba en la designación de los contralores estatales por parte de los entes legislativos y donde se cometían errores, por lo que se recurrió al TSJ.

Reiteró que mientras tanto persista la suspensión, la Contraloría General puede nombrar contralores interventores para subsanar el vacío legal que pudiese existir de acuerdo con los resultados de las auditorías que se realizan en esos órganos contralores.

Manifestó su preocupación por los actos de corrupción en cualquier gobierno y en la sociedad en general, atribuyéndola como una actividad moral que tiene las raíces en la propia familia, porque en el hogar debe iniciarse la lucha contra este flagelo que no tiene fronteras.

Propuesta

Russián considera que no puede ser posible que en los consejos comunales haya una Contraloría Social integrada por 5 miembros, pues a su criterio todos los integrantes deben ser contralores.

A juicio del contralor, en el país debe haber 27 ó 28 millones de contralores, el mismo número de habitantes, que conozcan sus deberes y entiendan que la cosa pública es de todos, ya que así se terminaría la expresión: "Eso no me importa porque es del Gobierno".







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