¿Escamotear derechos?

Por Venezuela Real - 24 de Mayo, 2007, 9:14, Categoría: Derechos Humanos

Jesús M. Casal H.
El Universal
24 de mayo de 2007

El Gobierno intenta eludir su responsabilidad sobre un hecho que él mismo ha provocado

La función primordial del poder público en un Estado constitucional es la protección de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Esto implica ante todo no lesionarlos mediante sus propias actuaciones y supone también garantizar su vigencia efectiva. Por encima de ellos no se encuentra ninguna prerrogativa estatal, tal como lo reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al declararlos preeminentes (Art.2). No se corresponde con estos principios una conducta dirigida a escamotear a los particulares los derechos de los que son titulares, que es lamentablemente lo que está sucediendo con RCTV. Desconociendo los mandatos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se soslayó la transformación de los respectivos títulos jurídicos y ahora se alega que por el inexorable paso del tiempo este canal privado saldrá del aire, un tiempo que parece no correr igual para todos. El Gobierno intenta así eludir su responsabilidad legal sobre un hecho que él mismo, por omisión, ha provocado.

Desde una perspectiva constitucional y de los derechos humanos el asunto está, sin embargo, muy claro. Los derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión, se vulneran por acción o por omisión. El Gobierno no puede devenir en un rival velado pero visible de los derechos, que busca los resquicios por los cuales es posible impedir su ejercicio y luego se consuela y excusa aduciendo que no ha dictado medidas formales de sanción o revocación; debe más bien tutelar, facilitar su disfrute. Y no puede escoger a su antojo los beneficiarios de cada derecho, sino ha de aceptarlos aunque no sean de su agrado.

En el caso de la libertad de expresión el asunto tiene matices particulares, ya que adquiere una protección reforzada la opinión u orientación política, sobre todo si es disidente o crítica. A la luz de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos, es innegable que la actuación del Gobierno respecto de RCTV representa una violación de la libertad de expresión. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha debido pronunciarse sobre una situación en la que un Estado ha acudido a artificios jurídicos para impedir que una línea informativa o de opinión independiente del Gobierno se siga manifestando a través de un medio de comunicación, no ha vacilado en declarar la violación de la libertad de expresión. Esperemos que las instancias judiciales nacionales corrijan una conducta estatal que de lo contrario sería severamente condenada internacionalmente y colocaría a Venezuela en una posición muy difícil ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Los objetivos que se quieran obtener con la instauración de una televisión de servicio público u otra similar pueden alcanzarse sin vulnerar posiciones subjetivas legítimas, aprovechando los desarrollos de la tecnología de las telecomunicaciones o la señal oficial ya disponible.








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