Pereza intelectual

Por Venezuela Real - 28 de Mayo, 2007, 18:04, Categoría: Gente de Chávez

TULIO HERNÁNDEZ
EL NACIONAL
27 de Mayo de 2007  

A falta de argumentos sólidos, los principales voceros mediáticos del régimen cívico-militar que hoy nos gobierna han encontrado en el intento de descalificación moral de todo aquel que se oponga a sus planes, con razonamientos bien fundados, la manera más rápida y –creen ellos– efectiva de deshacerse de la crítica.

Es exactamente eso lo que hace pocos días realizara Andrés Izarra, el director de el canal oficial Telesur, ante una inquietud periodística (El Nacional, 16.04.07, A-4) en torno a las declaraciones en contra del cierre de RCTV realizadas por el periodista, profesor universitario y activista de derechos humanos, Andrés Cañizales.

"Las afirmaciones de Cañizales son tarifadas por el National Endowment for Democracy", fue el argumento que Izarra ofreció a cambio. Dicho de otra manera, en el más puro estilo de La Hojilla, el programa oficialista que ha hecho del escarnio un género televisivo, las opiniones de Cañizales no tienen valor porque es un "lacayo del imperialismo", "un agente de la CIA" o cualquier otro epíteto descalificador al que nos tiene acostumbrada la retórica oficial que apunta a convertir en "traidor a la patria" a todo aquel que disienta de sus maneras de gobernar.

Conociéndo a Cañizales, el desplante podría ser un intenso motivo de risa de no ser porque, como lo recoge muy bien el libro de Petruvska Simne Periodistas en la mira, ya en Venezuela bajo este Gobierno hemos vivido la experiencia de las turbas bolivarianas agrediendo periodistas, quemándoles sus equipos, apedreando sedes de diarios o destrozando estudios de televisión. Por tanto, resulta legítimo pensar que detrás de estas acusaciones, además del intento de descalificación moral, podrían encontrarse incitaciones veladas a las turbas violentas a castigar por mano propia a los intelectuales que se opongan a los caprichos inconstitucionales de El Jefe Supremo. La descalificación moral, además de una canallada que degrada a quien la oficia, es una prueba de pereza intelectual. Más fácil y cómodo resulta satanizar a un investigador universitario que expresa con toda responsabilidad sus opiniones en torno a su materia de estudio, que detenerse por un momento, con el respeto debido y la apertura democrática necesaria, a reflexionar sobre el contenido ético y conceptual de sus propuestas.

Pero resulta que las opiniones de Cañizales no son una excepción. Buena parte de los investigadores venezolanos de la comunicación con mayor trayectoria y prestigio académico –a pesar de su permanente crítica a la programación de la televisión privada–, se oponen abiertamente no sólo a la arbitrariedad presidencial de clausurar la concesión del canal 2, sino en conjunto al proceso mediante el cual se estatiza paulatinamente el espectro televisivo venezolano, se reduce al mínimo la presencia de ofertas informativas independientes del Gobierno, y se convierte las televisoras ya estatizadas en burdos aparatos proselitistas del proyecto bolivariano.

Es una lástima que Izarra, furioso defensor del amarillismo informativo en su paso por RCTV, no haya pasado por las aulas universitarias de comunicación. De haberlo hecho, le preocuparía grandemente que, por ejemplo, Antonio Pasquali, el autor de Comunicación y cul tura de masas, un libro clave en la formación de la teoría crítica de la comunicación latinoamericana, haya dedicado su amplia experiencia y rigurosidad como investigador a desmontar minuciosamente –como lo ha hecho durante años con la hegemonía comunicacional de los Estados Unidos–, la pérdida creciente de pluralismo y diversidad en el sistema de comunicación venezolano. También, que Marcelino Bisbal, ex director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV y autor de una extensa obra escrita, entre la que destaca su libro sobre la agresión comunicacional a Nicaragua en tiempo de la guerra entre sandinistas, y la contra financiada por Estados Unidos, tenga una posición crítica semejante.

Más o menos la misma que mantiene buena parte de los investigadores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello y del Capítulo Caracas del Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Será suficiente declararlos en el acto "tarifados" de la CIA y agentes de la oligarquía o valdría la pena que la intelectualidad oficialista se tomara el tiempo para evaluar por qué tanto consenso entre un sector caracterizado por largas décadas de persistente crítica en contra de cualquier monopolio de las comunicaciones, ya sea éste realizado en nombre del capital o en el del proletariado?





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