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Por Venezuela Real - 30 de Mayo, 2007, 12:07, Categoría: Derechos Humanos

ANA JULIA JATAR
El Nacional
30 de mayo de 2007

Cuando un gobierno, al violar los derechos humanos, esgrime el argumento de "intromisión en asuntos internos" se prenden luces de alerta en el resto del mundo.

Por ello, no debe extrañarnos que instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado de los Estados Unidos y centenares de organizaciones no gubernamentales se hayan pronunciado en contra de la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión.

Claro está, esto le importa poco al presidente Hugo Chávez Frías, quien se "echa aire" con estas críticas, pues no permite intromisiones foráneas en asuntos internos de Venezuela.

La historia nos ha enseñado que las más atroces dictaduras han considerado "asuntos internos" el hostigamiento, la discriminación, la persecución y aniquilación de todo aquel que sea considerado por el propio régimen, un enemigo del régimen.

Por eso, luego de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial por el gobierno democráticamente electo de Adolfo Hitler, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), precisamente para evitar que gobiernos supuestamente democráticos violen los derechos fundamentales del hombre.

En esa declaración de derechos humanos, bajo el artículo 19, los países democráticos del mundo se comprometen a respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión de todos los individuos, "este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Y es que el cierre de un medio de comunicación hay que verlo no como una afrenta contra ese medio, sino como una violación del sistema de libertades. Por ello, el resto del mundo democrático no acepta el argumento del gobierno bolivariano según el cual no le renueva la concesión al canal Radio Caracas Televisión porque ese canal apoyó el "golpe" de 2002.

En este sentido, el editorial del 25 de mayo del diario español El País resume muy bien cómo se ve desde afuera esta medida: En ningún país respetuoso con las libertades se silencian los medios críticos – aunque sean muy críticos, como es el caso– a golpe de boletín oficial del Estado y con el pretexto de que expira una licencia, hecho éste incluso sometido a controversia. Los jueces suelen estar ahí para impedirlo...

Para nuestra desgracia, aquí no hay jueces que impidan esas y muchas otras violaciones. Por ejemplo, contra quienes están obligando a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el artículo 20 de la misma declaración, se garantiza el derecho "a la libertad de reunión" y... ojo pelao los promotores de partido de Hugo Chávez: "nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación", dice, además.

Pero es que también tienen tiempo violando el artículo 21 de la misma declaración de derechos humanos con grosera discriminación política contra todo empleado público que no es "rojo rojito".

En fin, en esta dictadura lig ht se están violando los derechos humanos de millones de ciudadanos.

Por eso, el mundo democrático reacciona y lo seguirá haciendo; porque cuando un gobierno pierde la autoridad moral, se le caen muchos otras cosas junto con su careta democrática.







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