Sin razón y sin debido proceso

Por Venezuela Real - 30 de Mayo, 2007, 14:00, Categoría: Estado de Derecho

Sergio Muñoz Bata
TalCual
30 de Mayo de 2007

El cierre de RCTV, como ningún otro acto de gobierno hasta ahora, evidencia que en materia de democracia y libertades civiles, Venezuela vive hoy una realidad alterada. De otra forma, como entender que se intente convertir un acto de censura en uno legítimo para democratizar la televisión

Los Angeles. - Consternado por las posibles consecuencias sociales de la intolerancia maccartista en los años 50, el legendario periodista Edgar R. Murrow enfrentó a su adversario con un argumento contundente: “Lo que distingue a una sociedad libre de otras que no lo son es la existencia de una rama judicial independiente y de una prensa libre.” En una frase afortunada, Murrow compendiaba las dos garantías centrales de cualquier sistema democrático. La incuestionable facultad de un poder Judicial independiente y suficientemente poderoso para fijarle límites a los dos poderes paralelos, el Ejecutivo y el Legislativo.

Y la constante observancia de la garantía constitucional que le permite a la prensa libertad irrestricta para que pueda cumplir con su trabajo de informar, denunciar y criticar las acciones del gobierno.

En democracia, la prensa y los tribunales cumplen sus respectivas funciones cuando sirven el interés público y acotan el poder de la autoridad.

La censura, en cualquiera de sus formas, no es una opción democrática. Pero no resultaría exagerado afirmar que en los últimos años el mayor desafío que la prensa enfrenta en América Latina, después de la aniquilación física de periodistas, son los ataques a la libertad de prensa dentro de la legalidad constitucional, a través de leyes obsoletas como las de desacato o insulto a la autoridad; con la encarcelación o la intimidación de periodistas por supuestas calumnias o injurias, y por reacciones extremas de autoridades intolerantes a la crítica.

El pasado domingo, en Venezuela, haciendo caso omiso a los llamamientos y protestas internacionales y nacionales, (el 70% de la opinión pública venezolana desaprueba la perversa decisión del gobierno) Chávez y sus cómplices en el Tribunal Supremo de Justicia cerraron Radio Caracas Televisión sin razón y sin debido proceso.

Esta no es la primera ocasión en la que el opresivo gobierno de Chávez atenta contra la libertad de expresión. En la Venezuela de hoy se vive una realidad alterada. Desde que Chávez llegó por primera vez al poder en febrero de 1999, las cosas no son lo que parecen. Cómo si no, entender que Chávez intente convertir un acto de censura en un acto legítimo del gobierno para democratizar la televisión.

Hay también en su forma de proceder un vano intento de cuidar las apariencias. No se excede, por ejemplo, mandando de inmediato al Ejército a ocupar las instalaciones del canal porque le conviene que –acorralados– los directivos de RCTV apelen el vencimiento de la concesión ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Cuando finalmente lo hace, es a petición de esa misma corte, un cuerpo de impartición de justicia hecho a la medida para el dictador en ciernes por una obsequiosa e incondicional Asamblea Nacional, que con todo cuidado escogió a “magistrados cuya filiación revolucionaria está más que garantizada.” En la defensa de sus arbitrariedades, Chávez y sus seguidores no se cansan de pregonar que en Venezuela la libertad de expresión y de prensa está garantizada por la Constitución de 1999. El problema, sin embargo, es que en el artículo 58, se establece el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. Lo que en términos prácticos significa que cualquier periodista venezolano puede ser procesado por escribir cualquier información que a juicio de las autoridades no sea “veraz”.

Y eso no es todo, el reformado código penal venezolano establece que cualquier opinión contra algún funcionario público, puede ser considerada una ofensa punible con 6 a 30 meses de prisión.

La Ley de Contenidos, también promovida por Chávez en la Asamblea, establece la creación de grupos de supervisión y fomento de una industria de comunicaciones acorde al “modelo de cambio que vive el país”. Disposiciones todas que son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

En Venezuela, Chávez puede ordenar, cuando así lo disponga, que todas las emisoras de radio y TV se enlacen con los canales del Estado para difundir mensajes a la nación y no es inusual que mantenga una presencia constante en todos los canales de televisión. Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez se ha esforzado en crear nuevos medios estatales y en la actualidad controla directamente cinco estaciones de televisión y nueve de radio.

Y por si todavía quedaran dudas sobre el carácter político del cierre de RCTV, al tiempo que se censuraba a ésta, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunciaba la renovación de sus concesiones a Venevisión, la cadena propiedad de Gustavo Cisneros que habiendo sido crítica de Chávez entre el 2001 y el 2004, hizo su análisis de costo/beneficio y, sin recato alguno modificó su línea editorial y se deshizo de colaboradores y programas incómodos al régimen.

Pero Cisneros no ha sido el único beneficiado con el servilismo.

Los periódicos favorables al gobierno, dice el investigador Andrés Cañizález en entrevista con el New York Times, reciben doce veces más publicidad oficial que los periódicos críticos del gobierno.

Y mientras todo esto sucede, Andrés Izarra, el presidente de Telesur, declara que en Venezuela se está democratizando la televisión y el ministro de Comunicación e Información, Willian Lara anuncia que el gobierno de Hugo Chávez demandará a los medios de comunicación que digan que lo de Radio Caracas Televisión fue un cierre y no el fin de una concesión. “En Venezuela,” dijo Lara, “no se están cerrando medios.

Eso es mentira. ¡Digan la verdad!” dijo, queriendo decir, “repitan nuestra verdad”.








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